Un día de justos reclamos

“Este 8 de marzo no quiero flores ni bombones. Quiero mis derechos”. La leyenda pintada en una pared de barrio Sur está casi borrada por el paso del tiempo, no pierde ni perderá vigencia. Se trata de un reclamo que nadie pudo atender y, mucho menos, responder. Y, pese a todos los anuncios rimbombantes, nada ha cambiado en estos años tanto en la provincia como en el país.

Poner fin de una vez por todas a la violencia machista aparece en el primer lugar de la lista de reclamos que hoy exigirán mujeres y hombres. Y los dardos apuntarán a un Estado que no sabe cómo solucionar el problema. Crear un Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad no es suficiente y, mucho menos, cuando su titular, Elizabeth Gómez Alcorta, es una abonada a las polémicas. Hace falta una decisión política para afrontar esta nueva pandemia. Lo primero es aplicar una mirada amplia que va mucho más allá de la persecución penal, que es insuficiente.

En el Centro Judicial Capital se pueden encontrar los números de esta realidad. Hay tres fiscalías que se dedican a atender las causas de violencia de género. Cada una recibe en promedio 600 denuncias por mes, lo que lleva a un total de 1.800. Al año, superan las 20.000. Una aberración. También, según consignaron los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, se dictan más de 60 condenas por mes en juicios abreviados. Y muchas de esas sentencias son contra violentos que no cumplieron con las medidas de restricción que se dictaron a favor de la víctima. Otro dato: Mujeres de la Matria Latinoamericana, una de las organizaciones más conocidas y comprometidas en acabar con la violencia machista, difundió que casi el 25% de las víctimas de femicidio tenía algún tipo de medidas de protección a su favor.

En nuestra provincia hay una tremenda falta de dispositivos (pulseras o aplicaciones) para proteger a las mujeres que sufren de este flagelo. Se estima que son más de 400 las custodias que deben realizar unos 1.200 efectivos (son tres con turnos de ocho horas cada uno). Para entender mejor: el Programa de Cuadrantes de Patrullas, por ejemplo, destina entre dos y tres efectivos para cuidar cada manzana. Entonces, por la falta de herramientas tecnológicas, se descuidan entre 100 y 200 manzanas.

En una entrevista publicada el domingo, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Érica Brunotto, sostuvo que la responsabilidad es del Estado, de la sociedad y de los medios para erradicar la violencia machista. La funcionaria sostuvo que el punitivismo no siempre es la solución a todos los males. “Si no trabajamos en el fondo del problema, que es desarraigar ese núcleo social, vamos a seguir poniendo condenas sin solucionar la causa. Tiene que haber condenas pero es un trabajo conjunto”, explicó, mostrando orgullosa el trabajo que realiza el Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencias contra la Mujer, que en 2021 intervino en 1.485 causas de las 20.000 que se abrieron.

Al analizar el cuadro de situación, queda en claro que el Estado hizo poco o nada. “Hay que dejar de pensar únicamente en el punitivismo y apostar fuertemente al positivismo”, señaló Yanina Muñoz, de Mumalá. Se refiere a la construcción de refugios en distintos puntos de la provincia y que sean de fácil acceso; asistencia económica e implementación de programas para que las víctimas puedan insertarse en el mercado laboral y así tener otra oportunidad para desprenderse del violento y tratamiento psicológico para víctimas y victimarios. Este punto es clave: si no se trabaja con la conducta del agresor, será muy poco probable que la modifique con el transcurso del tiempo.

Para intentar acabar con la violencia de género, antes de hablar de presupuesto, es necesario tomar una decisión política para hacerlo. No alcanza con la sanción de una ley contra el acoso callejero, que fue aprobada y promulgada, a pesar de que está basada en una norma cuyo procedimiento fue declarado inconstitucional hace ya una década. En tribunales, por el efecto Tacacho, la docente de inglés que fue asesinada en pleno Barrio Norte por su acosador, se buscó una alternativa para atacar a estos desequilibrados. Ahora se los acusa de lesiones leves a la salud mental, delito que contempla una pena de entre seis meses a dos años, que es de cumplimiento condicional. Y lo hacen porque se sigue dilatando la tipificación de este delito en el Código Penal.

Los diagnósticos son claros: la violencia machista es una cuestión cultural, pero tampoco se hace nada para revertir el panorama. La ley ESI (Educación Sexual Integral) fue sancionada en 2006 y, por diferentes razones, no se puso en práctica. La norma pretende que en las escuelas de todos los niveles, públicas y privadas, se trabaje en cinco pilares fundamentales: la perspectiva de género, el respeto por la diversidad, el cuidado del cuerpo y la salud, la valoración de la afectividad y el ejercicio de los derechos. Pero nada se hizo, a pesar de que ya pasaron 16 años de su creación. Otro ejemplo: ¿qué padre no recibió alguna sugerencia de su hijo por circular sin cinturón de seguridad puesto o cruzar un semáforo en rojo? Y todo porque, desde hace años, la educación vial pasó a formar parte de los programas oficiales de enseñanza. ¿Tanto cuesta probar? Y sí, porque no hay una decisión política para hacerlo.