07 Marzo 2022
Hace unas semanas, varios miembros de la Comisión de Turismo de la Legislatura tucumana, presentaron un Proyecto de Ley que busca cobrar peaje a quienes ingresen a El Cadillal. Más específicamente, creando un sistema de cobranza en algún sector de la Ruta Provincial N° 347 (entre la villa veraniega y la Ruta Nacional N° 9).
En caso de concretarse, los cobros se extenderán de acá a 10 años y el precio del tributo será el equivalente al costo de un litro de nafta premium.
El documento llevó la firma de los legisladores Juan Rojas, Sergio Mansilla, Manuel Yapura Astorga y Maia Vanesa Martínez y -desde entonces- representa el centro de una serie de opiniones a favor y en contra debido a sus consecuencias en el flujo de visitantes y movilización interna.
Ayer, entre los parlamentarios, el bussista Mario Casali mostró su oposición al tildar la propuesta de inviable por perseguir fines meramente recaudatorios.
“En primer lugar, no existen caminos alternativos para llegar que cumplan con los requisitos del mismo kilometraje e iguales condiciones de seguridad que la ruta principal. Es decir: pavimentación, iluminación y señalización. La libre circulación está garantizada sólo si existen vías alternativas idóneas para transitar en el mismo sentido. De lo contrario, hay una restricción irrazonable del derecho a circular de las personas y, además, sería avalar una grave discriminación por motivos o condición socioeconómica, ya que hay gente que no puede pagar el peaje”, expresó.
Además, Casali insistió en que antes debería prestarse atención a otros aspectos referidos al acondicionamiento de este punto turístico y el bienestar de sus ciudadanos.
“Existen cuestiones mucho más importantes que legislar creando normas con fines netamente recaudacionistas. Los habitantes de El Cadillal carecen de agua y deben adquirirla para satisfacer las necesidades de ese vital elemento, y el grave problema de la inseguridad que va en aumento, donde la dotación policial es insuficiente para controlar y contrarrestar este grave flagelo”, agregó.
A la lista de problemáticas que se condensan en ese destino, el legislador sumó un énfasis especial para las irregularidades dentro del sector de la construcción.
“El Estado debe abocarse a regularizar la situación dominial de muchísimos ocupantes, que han construido allí sus viviendas. Se debe planificar, controlar y ordenar las construcciones que se llevan a cabo para dotar de una adecuada infraestructura a esta hermosa villa turística. De no hacerlo, tendremos consecuencias similares con lo ocurrido en El Mollar y Tafí del Valle, donde la improvisación y los conflictos están al orden del día”, detalló.
Por último, Casali se refirió a la necesidad de optimizar los controles. “No menos importante es cuidar el patrimonio provincial, donde inescrupulosos, incluidos funcionarios del gobierno, hacen caso omiso a usurpaciones en tierras estatales y privadas; y en muchos casos son cómplices de este accionar delictivo”, finalizó en su descargo.
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