El nacimiento de las “constituciones” municipales, ¿atado al dinero?
Alfaro reflotó el reclamo para que la Legislatura habilite el llamado a convencionales municipales que elaboren la Carta Orgánica. En la Cámara hay un proyecto con estado parlamentario. Reconocen que no está en agenda porque la mayoría de las ciudades son deficitarias.
La polémica por las autonomías de los municipios tucumanos vuelve a la superficie de manera crónica. Atraviesa las discusiones habituales que van desde el llamado “Pacto Social”; la dependencia política de las administraciones comunales hasta la inequidad en la coparticipación de los recursos provinciales y nacionales. El martes, durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, el intendente capitalino, Germán Alfaro (PJS), reflotó el reclamo por la Carta Orgánica municipal. En el contexto en el que subrayaba la distribución desigual de fondos hacia los municipios, mencionó que una de las mayores deudas institucionales era la falta de ese instrumento. “Lesiona el marco jurídico de nuestro derecho público provincial, resulta violatoria de expresos mandatos constitucionales y nos pone en desventaja dentro del marco jurídico nacional y del derecho comparado”, explicó.
¿Cuál es la mora? La Constitución Nacional manda a las provincias a asegurar la autonomía municipal y la Carta Magna local -reformada en 2006- afirma que podrán dictar su Carta Orgánica mediante una convención convocada por el intendente “en virtud de una norma dictada por la Legislatura”. Es, entonces, la Cámara la que debería habilitar a los jefes municipales para iniciar los respectivos procesos
Al igual que sucede con otros mandatos constitucionales, las pequeñas “constituciones” están a la espera de la voluntad política.
En mora
“A la institucionalidad no hay que predicarla, sino hay que ponerla en ejercicio. El Estado debe respetar la Constitución; la Legislatura está en mora. Esto permitirá que el vecino decida qué ciudad quiere y no que el ministro del Interior decida qué obra hará en cada una”, consignó Alfaro en diálogo con LA GACETA. Según detalló, las “constituciones” municipales habilitarían a los convencionales a disponer, por ejemplo, de la creación de una fuerza de seguridad municipal más similar a la provincial o a tener más competencias en materia de salud ¿Es factible de sancionarse? “Sí, pero primero los municipios tendrían que alcanzar su autonomía económica y financiera y luego la autonomía propiamente dicha”, concluyó.
Según la base de datos de los expedientes parlamentarios publicada en la página oficial de la Legislatura, desde la última reforma constitucional a la fecha se presentaron cuatro proyectos de ley para impulsar la sanción de las Cartas Orgánicas (en 2007, 2016, 2017 y 2021). Todos fueron elaborados por bancas disidentes. El único que tiene estado parlamentario es el último, impulsado por la legisladora Nadima Pecci (Valores Republicanos) por un pedido formal que concejales de Yerba Buena efectuaron al Poder Legislativo.
La parlamentaria consideró que la Ley Orgánica de Municipalidades-que está supliendo en la práctica a las Cartas- data de la década de los 80 y que está desactualizada. “Establece normas iguales para todos los municipios y todos son diferentes, tienen realidades distintas. Avanzar sería muy importante. Se podrían regular cuestiones que van desde la acefalía hasta la creación de un organismo de control externo”, ejemplificó. Lamentó que haya municipios que dependan “totalmente” del Ejecutivo y afirmó que el tema debería al menos estar en la agenda del parlamento ¿Tiene chances un proyecto de esta naturaleza impulsado por la oposición? “Hay que comenzar a revisarlo y espero que haya voluntad política”, consignó.
El ex concejal radical José Luis Avignone recordó que recurrió a la Justicia por el tema y que su presentación fue desestimada porque la Corte consideró que no tenía legitimidad para llevar adelante la causa. “Al peronismo no le conviene. Mientras no se dicte esa ley, los municipios seguirán siendo rehenes. Salvo que tengan capacidad financiera, como la Capital o Concepción. Sería un gran adelanto institucional”, aseveró.
De pies y manos
El proyecto vigente tendrá que pasar por el análisis de las comisiones de Asuntos Municipales y de Asuntos Constitucionales. El presidente de esta primera, Enrique Orellana, lamentó que en Tucumán el “gran problema” es que los municipios no son autónomos económicamente: “con lo que recaudan y reciben por ley, por la coparticipación, son todos deficitarios. No alcanza ni para cubrir la mitad de los gastos de funcionamiento ¿Cómo se puede ser autónomo sin tener la plata? Los municipios están atados de pies y manos”.
El oficialista consideró que son necesarias reformas nacionales y provinciales que garanticen recursos suficientes para que todas las ciudades puedan sustentarse. Recordó que fue intendente de Famaillá y que es un anhelo permanente de los jefes municipales.
Consideró que, en su opinión, por eso “no están dadas las condiciones” para habilitar los procesos convencionales. “Hay que buscar un gran acuerdo político y social en la provincia para poder dar esa garantía de autonomía a los municipios Tienen que crear su propia constitución”, opinó. Añadió que toda discusión para cambiar la distribución de recursos es compleja y “urticante”, porque sobre una misma masa de recursos alguien tiene que ceder para que alguien reciba más.
“El tema siempre es la plata. Los municipios tienen cada vez más compromisos sociales y están endeudados. Los municipios son rehenes del poder central y las deudas de los municipios son impagables”, reflexionó Orellana.
El presidente de la Cámara, Sergio Mansilla, apuntó a que sería más factible modificar la Ley Orgánica de Municipalidades. “Habría que ponerse de acuerdo en cambiar algunos artículos. Son temas con muchos intereses en juego y ponerse de acuerdo es difícil. También está en juego la coparticipación y a la hora de debatirla nadie querrá ceder”, aseguró.
Autonomía, federalismo
“La autonomía municipal es fundamental porque desde la Constitución se reconoce a los municipios como sujetos imprescindibles del federalismo”, sentenció la abogada constitucionalista Carmen Fontán. La docente universitaria explicó que, por mandato constitucional, es una obligación de las provincias asegurar el régimen municipal que tenga “status jurídico de autonomía”. Detalló que es de “vital trascendencia” porque los municipios constituyen el orden de gobierno más próximo a la ciudadanía.
Precisó que la Constitución refiere a los contenidos y los alcances de la autonomía: “los alcances implican los aspectos de las atribuciones y esto tiene que definirlo el derechos público interno y las constituciones, porque cada realidad local es distinta”.
Citó distintos fallos recientes de la actual composición de la Corte Suprema que consideraron clave a la autonomía. “La Corte los reconoce como sujetos estratégicos del ámbito federal”, comentó.
Recordó que Tucumán reconoce la autonomía, pero que está en mora desde 2007. “Hay una omisión legislativa en dictar la norma marco para que cada municipio pueda ejercer ese poder constituyente. La Corte de Nación, a finales de 2020, ya receptó en su jurisprudencia supuestos de inconstitucionalidad por omisión legislativa”, advirtió. También subrayó que tampoco son adecuados ni la distribución de la recaudación ni el bajo número de impuestos que se coparticipan.