Las inquietudes sobre el modelo de seguridad

Aquella vieja expresión de que en los tiempos de los abuelos se dormía con las puertas abiertas ha quedado en el olvido. ¿Era cierta? En algunos casos, es un anhelo a partir de experiencias concretas: hace años, las montañas y los senderos por los que circulan los ciclistas (como el Taficillo, San Javier o el Viaducto del Saladillo) eran sitios de recorridas apacibles y el campo era aburrido, pero calmo. Yerba Buena era tierra tranquila en general, pero era diferente a la ciudad pujante de hoy y San Miguel de Tucumán era una ciudad serena para la vida ciudadana.

Del paseo al lugar “invivible”

La vida cotidiana se desmoronó en esta materia a partir de los 90. Se pasó de las comunidades de puertas abiertas y de caminatas confiadas al almacén, al mundo enrejado, lleno de alarmas, cámaras de vigilancia y guardias policiales, municipales y privados, y al armado de corredores seguros para ir al centro, la escuela o el trabajo. De los 3.500 policías en 1970, se pasó a los casi 11.000 de hoy. A modo de justificación, dicen los funcionarios que el crecimiento de agentes no acompañó en proporción el demográfico de los tucumanos.

Paseos en bicicleta hay muchos, son constantes, pero los bikers dicen que a La Sala o al Viaducto sólo se puede ir en grupo. Y en el campo la conclusión es lapidaria: “Tucumán pasó a ser, desde hace mucho tiempo, un lugar invivible”, aseguran los productores agrícolas de Apronor, que en un comunicado de anteayer describen que hay inseguridad por todas partes y a toda hora, hasta “un interminable etcétera”.

En busca de respuestas

Las preguntas siempre llevan a los mismos temas que ocupan el debate público sobre la seguridad y la situación tucumana en el contexto regional y nacional. “¿Por qué en algunas provincias el delito es permanentemente alto y en otras persistentemente bajo? ¿Cómo afectan los planes sociales a la delincuencia? ¿Las recesiones generan una menor o una mayor actividad delictiva? ¿Cómo se relacionan el desempleo y la distribución del ingreso con la delincuencia?”, se preguntaban los compiladores Ana María Cerro y Osvaldo Meloni en el libro “Investigaciones sobre economía de la delincuencia” (2014) y dan aportes para entender el fenómeno del crecimiento del delito y la violencia callejera, y acaso esos interrogantes –que incluían el análisis de cómo reaccionan los gobernantes y la definición de la “sensación” de inseguridad- podrían servir en la búsqueda de respuestas, que es lo que buscamos todos, ciudadanos y gobernantes.

Alta sensibilidad

El gobernador interino, Osvaldo Jaldo, lo planteó en su mensaje a la asamblea legislativa desde una reacción clásica de los gobernantes: reconoció la emergencia y la complejidad de este tema “de alta sensibilidad en nuestra comunidad” y enumeró lo que se está haciendo, y lo que hace falta, sugiriendo con ello que se está en el camino de la mejora.

Habló de la emergencia carcelaria –prometió una cárcel y cuatro alcaidías y dijo que ya está la plata para construirlos-, aunque eludió hablar de salidas inmediatas para el crítico hacinamiento carcelario, que ya lleva siete años y es otro generador de la inseguridad.

Habló del incremento de intervenciones, del accionar de los agentes, del aumento de detenciones, de duplicación de procedimientos –incluidos los de alcoholemia- aunque no describió si todos esos operativos derivaron en una disminución de los niveles de consumo o de violencia. Sí lo hizo en el caso de los controles de verano, los cuales –dijo- derivaron en la disminución de delitos (en los sitios de veraneo, se entendió).

En cambio, al mencionar los 2.200 controles de ruta, explicó que hubo mucha más incautación de drogas: “se incrementó un 600% el secuestro de marihuana”. En este caso, la combinación de más acciones y el resultado de más secuestros no nos indica si es la política correcta: el efecto de la política antidroga debería ser que se logre disminuir la demanda y el consumo.

A renglón seguido, Jaldo mencionó que se espera respuesta de la Corte para poder aplicar la ley del narcomenudeo en la provincia, es decir que se ocupen del tema policías y fiscales provinciales. Cuando se resuelva eso, se abrirá el debate sobre la capacidad que el sistema de lucha contra los “quiosquitos narcos” y transas barriales tiene para investigar el tráfico de drogas y atacar a las grandes redes. En eso será importante saber cómo ha funcionado esta norma en lugares como Buenos Aires y Córdoba, donde se aplica. Los pocos datos que se conocen no permiten ser entusiastas. En todas partes crece sin pausa el fenómeno y las respuestas no son efectivas.

Después Jaldo habló de mejoras en capacitación, equipamiento, tecnologías de monitoreo, 500 cámaras, 700 policías más, un plan estratégico, mapas del delito y los programas Alerta Tucumán (que, junto a los municipios, ha llenado de botones antipánico la provincia), Cuadrantes de Patrulla (se aplica en barrios capitalinos) y Desplazamiento Territorial. Anunció como inminente la colocación de GPS a los vehículos y la innovación en gestión de procesos, sin que se entienda bien de qué se trata esto: ya Seguridad tiene una oficina llamada “Control de Gestión”.

Todo esto, en medio de los escándalos de policías sorprendidos el delitos –como la extorsión al comerciante de Famaillá-, terribles crímenes como el doble homicidio de Santa Lucía y la reaparición de emergencias recurrentes, como los asaltos en el campo y la inseguridad de los bikers, que vienen dando que hablar al menos desde hace tres años.

Asuntos internos y oscuros manejos

Para el primer caso, está pronto a tratarse en la Legislatura el proyecto de Asuntos Internos – contempla una auditoría civil a la tarea policial, llevada a cabo por abogados dependientes del gobernador- que, en la idea del legislador Gerónimo Vargas Aignasse, no sólo actuaría ante denuncias contra efectivos que delincan sino que analizaría los planes de estudio de la Policía en la que hay oscuros manejos de selección, según dijo.

Para los casos de la inseguridad en el campo y para los ciclistas no hay respuestas. En el campo todos se conocen y se dice que es imposible que un extraño pueda llegar sin que haya sido visto antes. ¿Por qué los delincuentes pueden hacerlo? En Apronor advierten que la provincia es una zona liberada y que la Justicia es una “eterna puerta giratoria”. Sólo parece salvarse de la crítica La Ramada de Abajo, donde, después del asesinato del productor “Pepe” Porcel, se montó un destacamento.

En cuanto a los ciclistas, en los tres últimos años sólo funcionó la coordinación entre bikers y policías que se hizo en el recorrido de Yerba Buena por el piedemonte. Ahora se ha puesto agentes en la zona del Viaducto, donde una ciclista fue atacada sexualmente hace un mes. “No hay solución real con eso”, dice el biker Ricardo Salguero. “Solamente funciona en la ciudad y en los lugares turísticos. El tema pasa porque ya no sabés si realmente liberan zonas. Yo no creo eso… si fuese verdad, estamos en el horno”.

Operatividad no es efectividad

“Acá hay un desconcepto absoluto. Tenemos emergencia carcelaria, en seguridad y en adicciones. En todo confundimos indicadores de impacto con indicadores de operatividad”, describe el Federico Pelli, experto en seguridad. “Seguimos con la lógica de que cuanta más droga se decomise más efectiva será la política contra la droga, y eso indica en realidad que se está expandiendo. El indicador de impacto sería que el mercado de consumidores se reduzca”. Y añade que en general los indicadores de operatividad policiales no son indicadores de efectividad.

La respuesta a las preguntas de los estudiosos Cerro y Meloni debería ser otra pregunta: ¿puede una policía clientelar, al servicio del poder político (y del judicial), acostumbrada a trabajar sin control ciudadano y fácilmente tentada a los excesos que le da su poder, que se convirtió en una enorme de recaudación con los servicios de seguridad, actuar con este modelo para reducir la inseguridad?