Viviendas: una deuda con la ciudadanía

Durante la semana pasada, un importante número de tucumanos que carecen de techo propio tuvo la oportunidad de inscribirse para participar de los sorteos del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV). Fue tal la demanda de interesados que, pese a las mejoras en el sistema informático dispuesta con antelación a este proceso, el sitio web habilitado por el organismo para ingresar los datos personales de los postulantes se mantuvo “caído” durante algunas horas. La situación fue resuelta a la brevedad, pero permitió poner en evidencia una vez más un grave problema que aqueja a la provincia: la crisis habitacional.

En el propio Gobierno provincial admiten que una de las deudas con la ciudadanía es la falta de soluciones en materia de viviendas. Las máximas autoridades han expresado su preocupación por este déficit. No se trata de una política benefactora de orden partidario o ideológico, sino de un derecho garantizado por la Constitución nacional: la Carta Magna establece que es un deber del Estado el acceso a una vivienda digna.

Según datos difundidos por el Indec en septiembre de 2021, el 46,2% de la población urbana tucumana es pobre. Es el mayor registro de los últimos 15 años, casi cinco puntos porcentuales más de lo que registró el aglomerado urbano provincial durante el primer semestre de 2020, cuando se declaró la emergencia epidemiológica por la pandemia de covid-19.

Uno de los aspectos en los cuales se ve materializada la pobreza es, precisamente, en la falta de techo propio.

Durante el último año, el Gobierno anunció la ejecución de programas federales en Tucumán que permitirán la construcción de unas 3.600 casas en barrios sociales proyectados por el IPV. Para un amplio sector de la población, se trata de la única vía de acceso real para la obtención de un inmueble, ya que los requisitos establecidos para participar de los sorteos son mínimos –desde lo social y lo económico-, y las sumas mensuales que deben afrontar los beneficiarios son considerablemente más bajas que las demandadas por sistemas de créditos hipotecarios u otras alternativas de orden privado.

Los últimos antecedentes de emprendimientos habitacionales a gran escala dan cuenta de que la crisis en materia habitacional es un problema de arrastre en Tucumán. La construcción de Lomas de Tafí, que significó una respuesta en este sentido para miles de familias, es una muestra de ello. En 2019, la última vez que se asignaron 166 unidades de ese “megabarrio” a través de un sorteo, hubo más de 18.000 interesados participando del proceso de adjudicación. En este 2022, los proyectos para edificar 100 viviendas en un barrio del departamento Capital y otras 100 en Cruz Alta motivaron tal expectativa que, como se dijo, la página web del IPV se terminó “cayendo” de manera provisoria. Sin dudas, el sorteo también será multitudinario.

En otros casos, como el gran proyecto de Manantial Sur, hubo inexplicables complicaciones derivadas de extensas demoras en la terminación de las tareas de infraestructura, problemas con las empresas constructuras y falta de coordinación para evitar el vandalismo que destruyó gran parte de las casas en un sector.

Los anuncios relativos a la política en vivienda siempre son buenas noticias. Es esperable que, puntualmente en un asunto tan sensible como la vivienda, el Estado avance con la realización de las obras en tiempos que estén a la altura de las expectativas generadas por los mensajes de la dirigencia.