Hay que vigilar al vigilante

La variedad de posibilidades del comportamiento policial es amplia. Tarea difícil la de tratar de dar orden y seguridad a una sociedad compleja y desordenada, necesitada de libertad y de respeto entre sus integrantes. Demasiada responsabilidad se les da a los policías de calle y escasa preparación. Y se los compensa con escaso control de la sociedad sobre lo que hacen. ¿Cuán bien o cuán mal está eso? La sociedad no se lo pregunta, aferrada a la idea de la Policía como garantía de la tranquilidad, pero puede intuir que algo pasa cuando surgen escándalos pequeños como el de los tres agentes que obligaron a un joven a ponerse la remera en el parque Avellaneda con la excusa de que una señora estaba molesta por su torso desnudo, o escándalos enormes como el de la banda de policías que trató de secuestrar a un comerciante en Famaillá para pedir rescate, escudados en la idea de que pagaría sin quejarse porque pensaron –supuestamente- que era –aparentemente- un comerciante de drogas. Entonces surge la pregunta: ¿qué hace la Policía mientras en teoría da seguridad y quién controla lo que hace? La respuesta es compleja. Siempre lo fue y nunca ayudó a cambiar las cosas. Tucumán es así.

Vale acordarse de la frase del hoy renunciado jefe de Policía Manuel Bernachi cuando fue el escándalo de los nueve policías de Monteagudo que secuestraron, mataron e hicieron desaparecer el cuerpo del trabajador rural Luis Espinoza en Los Mencho en mayo de 2020. Lo tiraron por un barranco en La Banderita, en el límite montañoso con Catamarca. “No es un proceder que se replique en otras zonas”, dijo Bernachi, siguiendo el manual del funcionario que sostiene que los casos escandalosos que surgen son manzanas podridas que aparecen en un cajón de fruta limpia. Y que basta con sacarlos –sumarios y pases a disponibilidad mediante- para conservar la limpieza del cajón. ¿Está equivocado ese criterio? Bernachi creía firmemente en él. En los tres años que llevó como jefe de Policía, sacó de escena a un centenar de policías. Fue una fuerte limpieza del cajón, que hoy tiene 10.800 efectivos. ¿Quedó limpio?

Las réplicas

Los hechos que siguen apareciendo generan dudas. Ahora se conoció la denuncia de una joven de 18 años que dice que el miércoles pasado a la madrugada en la zona de la esquina sureste del Parque 9 de Julio su novio fue secuestrado por dos hombres. Uno de ellos, empleado policial transitorio de 45 años, que circulaba en un auto denunciado como robado. Tal vez el proceder no se replica en otras zonas, pero el 4 de febrero fue detenido otro policía, Christian Francisco Vaghi (44), que circulaba en un auto usado en un asalto en Las Talitas el 17 de enero. Él y un “socio” reconocieron el hecho en un juicio abreviado y recibió tres años de prisión condicional. Entonces, es un proceder que por lo menos “se replica” en la zona del parque 9 de Julio, donde, además, el 25 de enero fue detenido un (ex) policía que intentó secuestrar a una joven para explotarla sexualmente, según la escueta información que se dio a conocer entonces.

¿Hacen falta sumar casos? De los graves, está el secuestro de un supuesto vendedor de drogas a manos de dos policías provinciales y uno federal en Santa Fe y Maipú en junio pasado. De los leves, como el del parque Avellaneda, hay cientos que no son escrachados a través de redes sociales y que no son dados a conocer. Matías Lorenzo Pisarello, de Andhes, dice que hay muchas denuncias verbales de abusos como una paliza a manos de agentes y de patovicas en el boliche Morena denunciada el jueves. Como se trata de supuesto accionar (con exceso de violencia) de control de inadaptados, no trascienden ni generan inquietud. Antes bien la sociedad considera que a los agentes “no les queda más remedio que actuar así”.

Pero la historia tucumana arrastra demasiados desvíos de ese “no les queda más remedio”, como el del camionero Alberto El Khalil, detenido en el parque por no tener carnet de conductor y asesinado en una dependencia policial en 2004, o el de Gustavo Núñez, que fue detenido por gritarle al árbitro de un partido y mantenido en un calabozo durante varios días, cuyo caso dio lugar a la declaración de inconstitucionalidad de la ley de Contravenciones policiales hace 12 años. Ley que se sigue usando y que se amplió ahora para que los policías actúen en los casos de acoso sexual callejero. “Me causa miedo esto de la ley de acoso callejero. Le estamos diciendo a la Policía tomen, ustedes decidan qué vamos a hacer con la problemática de la inseguridad y del acoso. Y no están preparados. Lo mismo van a hacer con el narcomenudeo”, dijo Lorenzo Pisarello. ¿Se equivoca? En 2015, a propósito de un debate por el abuso de la ley de contravenciones –y por la muerte de dos detenidos en un incendio en la Brigada Norte- el fiscal Diego López Ávila reveló que había una caja negra de manejo de dinero con la comida de los presos detenidos por contravenciones. “Hay casos en que les alquilan la comida y si tienen capacidad económica les dan celda especial. O les exigen al preso o a la familia para que no les peguen o no los manden con violadores”, dijo el fiscal. “Nadie se da cuenta de que esto le puede alcanzar a cualquiera”, añadió López Ávila. Entonces había escándalo porque tenían alojados a 700 detenidos y contraventores en comisarías. Hoy son 1.100. ¿Creció la caja negra?

“El huevo de la serpiente”

Volviendo a los excesos: el referente de policías, el agente Víctor Nacusse, dice que en el escándalo de Famaillá “no hay error, es una acción premeditada”, y lamenta que eso arruina la imagen de “los excelentes compañeros que hay en la institución”. Plantea que hay que mejorar el camino de la selección de quienes ingresan a la Policía. Alberto Lebbos, que en los 16 años que han pasado desde el crimen de su hija Paulina ha llevado a que se visibilicen muchas actuaciones policiales irregulares y delictivas, considera que “el 99 % de las personas que trabajan en la Policía son gente buena y honorable… pero el otro 1 % no es controlado y tiene capacidad alta de daño”. Añade que ya en 2006 con la comisión de familiares de víctimas hicieron un petitorio para una reforma integral de los planes de estudio de la Policía. “Ahí está el huevo de la serpiente –dice-. No olvidemos que el ex jefe de Policía Hugo Sánchez, condenado por encubrimiento en el caso de mi hija, fue director de la Escuela de Policía”. También pidieron –añade- la creación de Asuntos Internos, “pero integrados por sectores de la sociedad civil, del sector político, de las organizaciones, que los policías no se autocontrolen… pero ya sabemos cómo es acá”.

Efectivamente, hay una oficina de Asuntos Internos, que es de “autocontrol”, un apéndice de la oficina policial de Sumarios y cuya tarea no aporta para la depuración del cajón de manzanas. No es que sea una tarea fácil. La están debatiendo desde hace años en el mundo.

Bajo la lupa

En Estados Unidos hay una organización llamada Nacole que se ocupa de monitorear los esfuerzos de depuración de prácticas policiales en diferentes lugares. Se destaca cómo la Policía de Los Ángeles –que fue invitada a disertar en Tucumán hace cinco años-, que arrastra varios escándalos de abuso policial, se acogió a un cambio de prácticas llamado concern degree bajo control de equipos federales. Ernesto López Portillo, mexicano, editor de la primera enciclopedia mundial de policía y coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, analiza en un artículo del 21 de febrero los esfuerzos por integrar el control ciudadano sobre las prácticas policiales en México y Estados Unidos; también menciona el reporte “Policías bajo la lupa” de Amnistía Internacional, y sentencia que “si bien crear entidades de supervisión externa no restaura por sí la legitimidad de la policía, es difícil y quizá imposible mantener la confianza pública sin ella”.

La cuestión de la confianza es compleja, porque se trata de un organismo concebido para dar seguridad a partir del concepto de un negocio total: desde el manejo de la caja de contravenciones, del control de carreras cuadreras en el interior y de cualquier actividad no regulada por la provincia o los municipios, sin dejar de mencionar la millonaria caja de los servicios adicionales, que por mover dinero no genera quejas públicas pero sí disconformidad interna: Nacusse reclama que los coordinadores y comisarios manejan la caja y los agentes, .que necesitan el dinero para completar un salario que no alcanza- cobran en algunos casos cuatro meses después del trabajo. Esto estaría generando un “servicio adicional en negro”, de agentes que se contratan por su cuenta para cobrar en el acto, sin avisar a los superiores. El movimiento de los adicionales se ve por todas partes. Las dos personas que atienden en el escritorio de ingreso de gente a la Municipalidad capitalina son policías; y agentes se ocupan de cuidar desde quiosquitos hasta bancos y registros automotores. ¿Quién controla este sistema? Nadie, así como no se controlan los actos por izquierda que hacen las “manzanas podridas”.

Lebbos es contundente: “Esto es consecuencia de una situación terrible. Creo que hay que reformular la educación. No sé quién dijo que debe haber ocho horas de clase por día, con docentes bien pagos, que los chicos puedan aprender cosas útiles. Fallan los paradigmas. ¿Querés tener buenos policías? Educalos bien”. Parece sencillo. Llevarlo a cabo es más complicado. No parece bastar con echar a los malos descubiertos y menos, dejar a los buenos diluirse en un sistema cuya ética se va desmoronando.