Por Gustavo Rodríguez
25 Febrero 2022
LA SECUENCIA. Aquí se observa cómo la víctima recibe al informante, el ingreso de los policías y el momento del ataque que perpetraron en Famaillá.
La banda de policías que fue desarticulada podría haber estado involucrada en un secuestro de una persona que estaría vinculada al tráfico y comercialización de drogas. La investigación ya está en manos de la Justicia Federal El martes, un hombre cuya identidad no se puede dar a conocer por el momento, se presentó en la Policía para realizar una denuncia. Dijo que el viernes se presentó en su domicilio del interior de la provincia un grupo de personas con uniformes de la fuerza provincial. Después de amenazarlo con armas de fuego, le pidieron que le entregara dinero o la droga que supuestamente tenía en su poder.
Como la víctima se negó, lo hicieron subir en un auto particular y lo trajeron hasta la capital. En el ínterin, los delincuentes se comunicaron con los allegados de la víctima y le solicitaron que sólo lo liberarían si les entregaban una suma determinada de dinero -no trascendió el monto, pero no sería millonaria- o en su defecto, una cantidad de cocaína que podría haber tenido en su poder. Luego de tres horas de estar en cautiverio, se habría pagado el rescate en un lugar no determinado y se concretó la liberación del hombre.
El damnificado, después de haber vivido una traumática situación, regresó a su hogar y, por temor, decidió no hacer la denuncia ante las autoridades. Pero el martes, cuando se viralizaron las imágenes de los efectivos cometiendo el robo en Famaillá, reconoció a esas personas como sus captores. Entonces decidió realizar la denuncia. Luego de prestar declaración, los efectivos pusieron en conocimiento de la justicia federal del caso, ya que se trataría de un secuestro extorsivo, delito que debe ser investigado por ese fuero. Las primeras actuaciones ya pasaron por las manos del juez federal Fernando Poviña. El magistrado se la giró al fiscal federal Agustín Chit, que estará al frente de la pesquisa.
Fuentes judiciales indicaron que se deben cumplir con algunos pasos procesales antes de confirmar o descartar que se trate de la misma organización. Entre otros, la declaración en tribunales y hasta una posible rueda de reconocimiento. “Estamos en el proceso embrionario de la causa”, explicaron.
Teoría
El domingo, Gustavo Guillermo Fernández se presentó en la casa de Jorge Nacif para avisarle que estaban por asaltarlo. Mientras el informante se encontraba en el lugar, al domicilio entraron cuatro efectivos con aparentes intenciones de robo, pero el dueño de casa logró subirse al techo y pedir ayuda. Antes de abandonar el lugar, uno de los uniformados del grupo se apoderó de $20.000 y después se escaparon.
Fernández quedó aprehendido después de haber declarado ante la fiscala Mónica García de Targa. Bruno Carmelo Ciolfo y Martín Darío Navarro fueron arrestados el martes por la tarde. El miércoles por la mañana, se realizó la audiencia donde el juez Mario Velázquez les dictó la prisión preventiva por tres meses, al aceptar la imputación que le había hecho la representante del Ministerio Público Fiscal de robo triplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, en poblado y banda y por ser miembros de una fuerza de seguridad.
En el debate, la fiscala y su auxiliar Bernardo Sassi plantearon varias situaciones que dejaron pensando a todas las partes. Entre otras, que la banda estaría integrada por más personas que aún no habían podido ser identificadas, entre ellas, las dos que aparecen en los videos. Y habrían estimado que serían al menos siete los miembros.
También reconocieron que el grupo tenía la capacidad y los medios para realizar tareas de inteligencia. La misma víctima habría reconocido que, días antes de que ingresaran a robar, observó tres autos diferentes merodeando por su casa. No se descarta que los policías que ingresaron en su domicilio hayan intentado secuestrarlo y por eso Nacif tuvo una reacción poco común para un asaltado: subirse al techo cuando tiene cuatro hombres apuntándole con armas de fuego. Esta hipótesis tiene un dato en contra: los dos autos en que se movilizaban los uniformados estaban estacionados a varios metros de la casa, lo que hubiera sido una complicación en caso de tratar de cargarlo en el interior.
Por lo pronto, el fiscal federal Chit y su par de la justicia ordinaria García de Targa están intercambiando información para tratar de esclarecer ambos casos. No tienen dudas de que la organización está integrada por más hombres que cumplían con diferentes tareas. Los que se encuentran detenidos formarían parte del nivel más bajo; se encargarían de concretar el plan de acción. Quedan por identificar los que realizaban tareas de colaboración, los que brindaban información clave para que concreten los ataques y los organizadores.
No se descarta que algunos de los detenidos, cuya situación procesal se va agravando día tras día, se transforme en un arrepentido y cuente todos los detalles para que las autoridades terminen de desarticular esta banda. Ambos fiscales esperan que se presenten nuevas víctimas para denunciarlos.
Puntos claves
A tres policías se les dictó prisión preventiva por 90 días por estar acusados de haber cometido un asalto a un joven en Famaillá.
Al tomar estado público el caso, otro hombre denunció que las mismas personas lo habían secuestrado dos días antes del hecho.
La víctima dijo que los policías le exigieron que les entregara dinero en efectivo o droga para liberarlo. Estuvo tres horas retenido.
El fiscal federal Agustín Chit se hará cargo de la investigación del caso. Mónica García de Targa seguirá con la causa del robo.
La banda buscaría narcos o transas para secuestrarlos, ya que de esta manera creen que no los denunciarán ante las autoridades.
Antecedente: otro grupo de efectivos procesados por el mismo delito
Esta no es la primera vez que policías en actividad son investigados por secuestro extorsivo. En junio pasado, un taxista fue secuestrado por cuatro personas que le exigieron que hablaran con un hombre para que pagara su rescate con dinero o con droga. Por este hecho, fueron detenidos Gonzalo Lagoria (policía Federal), los efectivos de la fuerza provincial Luciano Campos y Jonathan Díaz y el civil Ángel Medina. Con el correr de las semanas, también fue arrestado un agente de la división antidrogas de una fuerza federal que habría sido el encargado de brindar información al grupo para que secuestren a las víctimas. Hasta aquí no hay ninguna conexión entre ambas organizaciones.
Proyecto: planteo de un legislador
El legislador radical Raúl Albarracín insistió para que su proyecto de creación de un Departamento General de Asuntos Internos de la Policía sea tratado en el recinto. “Busca prevenir, investigar y sancionar actos ilícitos de parte de todo el personal policial. Es de suma importancia, ya que en nuestra provincia la inseguridad crece a un nivel exhaustivo, incluyendo a los efectivos que debería actuar en defensa de la ciudadanía. Hace dos años que fue presentado y aún no se trató”, explicó.
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