25 Febrero 2022
JALDO. “Es una importante herramienta jurídica contra la violencia de género”. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
A pesar de la controversia que se generó en torno a su constitucionalidad, el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, promulgó ayer la ley que establece pautas de prevención y sanciones contra el acoso callejero.
La norma quedó protocolizada bajo el número 9.494 y, además del titular del Poder Ejecutivo, lleva la firma del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa.
La ley ahora promulgada nació por iniciativa de los legisladores Marta Najar (FdT) y José María Canelada (JxC), entre otros. Modifica el régimen contravencional que prevé hasta 90 días de arresto o 90 días de multa para las personas que acosen sexualmente en espacios públicos o con acceso público. La nueva norma entiende por acoso sexual a todo acto de naturaleza o connotación sexual ejercido por una o más personas en contra de otra u otras sin su consentimiento, acciones que afecten la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física y moral de las personas, sin distinción de sexo, identidad u orientación sexual. Además, prevé agravantes para los casos en que el acoso sea realizado por dos o más personas, si la víctima tiene menos de 19 años o más de 60, o si el acto está basado en la desigualdad de género.
El detalle de que el ministro de Seguridad haya estampado su firma en la promulgación no resulta casual, ya que tras la sanción legislativa, en esa cartera se alzaron voces de reparo hacia el texto. Puntualmente, en cuanto a sus márgenes de aplicación. En su informe a Fiscalía de Estado, Seguridad había objetado cuatro puntos: se legisló utilizando una norma que fue declarada inconstitucional hace 12 años; rechazaron de plano el incremento de 60 a 90 días de la sanción máxima de cualquier contravención; la norma no es clara a la hora de definir cuándo se deberá considerar que se produce el acoso callejero; podrían incrementarse los problemas de la crisis carcelaria.
La asociación de Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) consideró la ley como un parche. “Lo importante parece ser que parte de la sociedad crea que algo se está haciendo”, había dicho Sofía Fares, integrante del Equipo de Género.
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