Las dudas en la guerra contra el narcomenudeo

Todas las partes dan como hecho que en el transcurso de esta semana la Corte Suprema de Justicia levantará la medida cautelar que impide desde hace ocho años la aplicación de la Ley de Narcomenudeo. Hasta las fuentes del Ministerio Público Fiscal, que se opone a su puesta en práctica, reconocen que es un pleito que está perdido. El gobernador interino Osvaldo Jaldo saldrá airoso de esta batalla legal. Con orgullo, podrá mostrarse como el hombre que terminó resolviendo el conflicto para cumplir con uno de los grandes reclamos de la sociedad: acabar con los “quioscos” de venta de drogas que pululan en toda la provincia, tema que dejó de ser un problema para los barrios de la periferia únicamente. Él, en menos de seis meses, logró lo que no pudieron hacer en años José Alperovich y Juan Manzur. Pero sabe que le queda toda una guerra por delante.

La inminente aprobación de la norma aceleró los trámites para que pueda aplicarse. El PE dio un paso fundamental. En estos días firmará el convenio con la Policía Federal para que la Justicia ordinaria pueda utilizar el laboratorio que tiene la fuerza en la sede que funciona en Laprida y España. No contar con un lugar donde hacer las pruebas clave para cualquier causa de drogas era un grave problema. Ahora la Provincia lo tendrá. Pero quedan muchas cuestiones por resolver. Los que trabajarán con esta norma se están ahogando en un mar de interrogantes. Y varios de ellos no tienen respuestas.

Temores concretos

En la última semana, el presidente de la Corte, Daniel Leiva, estuvo reunido con los representantes de jueces. Las fuentes consultadas dijeron que el tema no formaba parte de la agenda, pero lo mismo se tocó el tema de la aplicación de la ley de Narcomenudeo. Los magistrados mostraron su preocupación por el gran caudal de causas que podrían ingresar al hacerse cargo de este delito. También dejaron en claro su temor a que esta situación afecte la aplicación del nuevo Código Procesal Penal que, a pesar de todas las falencias por falta de recursos humanos, avanza con buenos resultados. Se fueron con la respuesta de que se nombrarán jueces -lo más probable es que sean subrogantes, para no perder tiempo- que serán especialistas en la materia, lo que no quiere decir que no puedan resolver expedientes de otros delitos, como actualmente ocurre con los jueces de Niños, Niñas y Adolescentes. Bajo ningún aspecto puede considerarse que los participantes hayan regresado tranquilos a sus casas.

En la Policía también se están haciendo muchas preguntas sobre el tema. Saben que el personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) estará al frente de cada causa que se inicie cuando esté en vigencia esta norma. Cuenta con una división en cada una de las cinco regionales de la provincia. En los últimos meses se incrementó el número de hombres, pero hay otras cuestiones que hasta aquí no fueron resueltas o, al menos, no se informó cómo harán para resolverlas. El que más preocupación genera es quién se hará cargo de la droga que se secuestre en los operativos. “En las comisarías no se la puede tener. Se perdieron bicicletas, motos y autos… ¿No desaparecerán 30 papelitos de droga?”, planteó un oficial superior, preocupado por lo que puede llegar a pasar si no se toman todas las previsiones del caso.

Tampoco es menor la preocupación de saber qué harán con los detenidos por cometer este delito. Actualmente, las dependencias policiales albergan más de 1.200 reos, cuando tienen capacidad para tener tras las rejas 450. Y saben perfectamente que la aplicación de esta norma puede agravar hasta límites insospechados la crisis carcelaria. El PE sigue adelante con sus proyectos de construcción de una nueva cárcel y cuatro alcaldías con la que podrían solucionar el problema. Sin embargo, los más optimistas aseguraron que estarán listas a fines de 2022. ¿La falta de lugares para alojar a los detenidos puede afectar la implementación de la norma? Nadie se atreve a contestar esa pregunta. Tampoco analizan que es muy difícil poner en marcha una acción en meses si durante años, por desidia o por falta de decisión política, no se hizo nada al respecto.

Y lo otro

El gobernador Jaldo, hasta aquí, mostró decisión política para perseguir penalmente a este delito. Pero eso es sólo una parte del problema. El narcomenudeo es una especie de pequeña y mediana empresa (PYME) que funciona vendiendo muerte en dosis de un gramo. No hay que ser un especialista para entender el porqué de su crecimiento exponencial en los últimos tiempos. Cuanta más demanda (llámese adictos) exista, más oferta (“quioscos” de ventas) habrá en la provincia. Hasta aquí nada se dijo sobre qué política de prevención a las adicciones se hará a partir de la implementación de la norma. Los cordobeses, al provincializar la lucha contra el microtráfico de drogas, establecieron que una parte del dinero y los bienes que se les secuestran a los vendedores de sustancias se utilizarían para sostener los centros de rehabilitación y agresivas campañas para disminuir los niveles de consumo.

En los últimos años, las fuerzas de seguridad desarticularon varios clanes que operaban en la capital y en el interior de la provincia. Pero el espacio que liberaron fue recuperado por las mismas organizaciones u otros grupos por una razón: el Estado no se preocupó por instalarse en los territorios de los transas. Hasta el momento, no se escuchó ni una palabra sobre qué planes de acción habrá en cada barrio en los que se desarticulen los “quioscos”. ¿Habrá más empleo, educación, salud y servicios para sus habitantes? Nadie sabe y mucho menos, nadie contesta.

Un juez recordó la disertación que dio su par bonaerense Gustavo Herbel en el marco de las charlas organizadas por el Círculo de los Magistrados de la provincia. El especialista recordó que Buenos Aires se hizo cargo en 2005 de la lucha contra el narcomenudeo desde el punto de vista penal únicamente. “Por esa razón les tengo que decir que si Tucumán finalmente se decide a hacer lo mismo, tienen que saber dos cosas: se deben preparar para recibir un paquete muy grande de casos que no tendrá efectos en la reducción de este delito. Por mi experiencia les debo decir que esta norma fracasó”, señaló. El mensaje fue claro, y sólo queda esperar que se escuche.