Las 93 comunas son las unidades de gobierno más pequeñas dentro del orden institucional de la provincia. Al menos, en teoría. Sucede que en las últimas décadas algunas poblaciones crecieron exponencialmente en cuanto a población y a necesidades. La dirigencia, sobre todo del interior, sostiene que las normas relacionadas al funcionamiento de esas instituciones quedaron desactualizadas. Cada tanto, en la Legislatura se van remendando las leyes y vuelven a reverdecer los cruces relacionados con el funcionamiento y la administración de las comunas. Los debates cíclicos al respecto se han ido renovando y han incluido desde la necesidad de convertir algunas comunas grandes en municipios hasta dotar de más facultades a quienes conducen los pueblos. Los límites siempre son los mismos: el dinero y la política.
En la Cámara hay una serie de proyectos que están en discusión en la comisión de Asuntos Municipales y Comunales y que prevén modificaciones sustanciales. Una de las iniciativas propone la creación del subdelegado. Las discusiones sobre el rol de los “segundos” y la necesidad de que se creen en los ámbitos municipales y comunales han sido recurrentes desde el retorno de la democracia.
La Ley de Comunas Rurales (N°7.350) incluye la figura del comisionado suplente, que es electo en la misma boleta que el titular, pero que no forma parte del organigrama ni de la gestión. Sólo ejerce el cargo eventualmente como reemplazo, si el primero muere, lo destituyen, renuncia o es declarado inhábil por algún motivo y siempre que la ausencia sea mayor a 30 días. En el caso de que el tiempo sea menor, es sustituido por el secretario de mayor rango de la organización.
En la propuesta del legislador oficialista Carlos Gómez, el subdelegado es incluido en el organigrama desde la asunción y con funciones específicas. “El suplente actualmente sólo figura en las boletas, pero no tiene una figura legal ni está en los esquemas. Queremos darle un marco legal y que tenga una función. En general, el suplente electo es nombrado secretario Habilitado (cumple tareas similares a un funcionario de hacienda) o personal de Gabinete, pero eso depende exclusivamente de la voluntad del delegado. La idea es que pueda tener una categoría 24”, explicó el parlamentario. Recordó que fue un proyecto que presentó al inicio de su gestión y que su inquietud tiene que ver con que fue comisionado de Manuela Pedraza entre 2003 y 2015.
Alcances y objetivos
¿Tiene este proyecto el objetivo de “contener” a más dirigentes en puestos oficiales? “No tiene nada que ver con lo político, sino con la gestión y la institución. El Ejecutivo trata de fortalecer a los delegados. Para tener un poco de oxígeno. Cuento el apoyo del Ministerio del Interior y del Ejecutivo”, afirmó el representante del Este.
En estas décadas, se plantearon algunas situaciones que generaron dificultades para la cobertura de los cargos de los delegados comunales que dejaban sus puestos por distintos motivos. Sucedía, recuerdan distintos políticos del interior, que cuando se producían las vacantes los suplentes ya estaban trabajando en otras líneas políticas y eran opositores a sus compañeros de fórmula o sencillamente declinaban de hacerse cargo de la administración. Durante el alperovichismo hubo directamente varias intervenciones por distintas irregularidades. En esta gestión, no hubo mayores inconvenientes para las coberturas.
No es la primera vez que se plantea, sin embargo, la discusión sobre la necesidad de crear distintos puestos. En el Concejo capitalino, por ejemplo, se propuso años atrás la necesidad de crear un “viceintendente” y que sea quien quede en la Intendencia como sustituto, en vez del concejal que preside la institución vecinal.
Gómez expresó que sus propuestas son más abarcativas y tienen también una arista relacionada con la recaudación, porque la idea es que aquellas comunas en las que se radiquen barrios privados o fábricas puedan aspirar a tener algún ingreso económico mediante permisos y sellados de trámites. Afirmó que las áreas del Ministerio del Interior apuntalan a los comisionados para que puedan llevar sus cuentas en orden y para que puedan concretar obras y compras de equipamiento.
Comentó que también pretende que la actualización de los valores para las compras directas o las licitaciones estén atadas al valor del litro de nafta, para no tener que actualizar los montos permanentemente. “Hicimos recientemente un cambio. Pero en la ley hay ítems que están en australes. Para comprar una desmalezadora, por ejemplo, los delegados tenían que hacer un proceso extenso de cotejo de precios. Para incorporar personal también requieren autorización del Ministerio del Interior y hay que darles más autonomía”, explicó.