De nada sirven en política las declamaciones de autoridad. En rigor, para imponer respeto entre aliados y rivales lo que cualquier dirigente con aspiraciones necesita es ejercer el mando y demostrarlo. Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, cada uno a su manera y a diferentes escalas, se encuentran aún en ese proceso.
Tanto el jefe de Gabinete de la Nación como el gobernador interino necesitan consolidarse en sus roles. Manzur, tras el exabrupto de la precoz movida “Juan XXIII” y la arremetida de un ala del albertismo, ansía posicionarse como el hombre fuerte del Gobierno nacional. La coyuntura del país y la división con el kirchnerismo, a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), le brindan una nueva posibilidad. Jaldo, consciente de las limitaciones que implican conducir un Gobierno que no era suyo, hace firuletes entre la consulta obligada a la Casa Rosada y la escenificación personal de las decisiones que se adoptan.
Cada uno, en sus respectivos roles y urgidos porque el poder que declaman encuentre su correlato en los hechos, sobreactúa cada paso que da. Hay ejemplos de sobra: lo hizo el jefe de Gabinete cuando, por ejemplo, se subió al avión de la Provincia para acompañar al ministro de Economía Martín Guzmán en una reunión con inversores y funcionarios norteamericanos, a fines del año pasado; y lo hizo también el gobernador interino cuando echó al viceministro de Desarrollo Social tras las viralización de las fotos de un viaje a Cancún.
Apuesta arriesgada
Al vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo se le avecinan días que pueden signar su gestión. Ya desde cuando ocupaba el principal despacho del edificio de avenida Sarmiento y Muñecas pretende que la Provincia se involucre en la lucha contra la venta minorista de drogas. Así, reflotó una vieja idea y avanzó en pos de dar señales a la sociedad en uno de los temas más sensibles para la agenda pública.
No obstante, se topó con un férreo rechazo del sector judicial. Un rápido repaso de los acontecimientos basta para corroborarlo. En 2014, con José Alperovich como gobernador, se sancionó y promulgó la ley de narcomenudeo, pero el ministro fiscal Edmundo Jiménez (hasta poco antes hombre fuerte del alperovichismo) la objetó y la Corte Suprema de Justicia truncó la aplicación de la norma. Ya en 2019, y a instancias de Jaldo (como vicegobernador) se aprobó otro texto con el objetivo de esquivar las trabas legales. No obstante, el máximo tribunal de Justicia volvió a frenar la ley.
Después de un tiempo de polémicas y declaraciones cruzadas, y ahora sentado en el sillón más mullido del primer piso de 25 de Mayo y San Martín, el tranqueño apura un desenlace de la cuestión.
Primero, la Fiscalía de Estado presentó un pedido ante la Corte mediante el que solicitó que se resuelva la cuestión de fondo del pleito y así pudiera ponerse en vigencia la ley. De inmediato, el Ministerio Público Fiscal (Jiménez) se opuso y pidió un análisis de las pruebas que debe ofrecer cada parte antes de que se resolviera el conflicto. La medida, en sí misma, dilata cualquier definición. Por eso Jaldo volvió a la carga y reclamó a la Corte que levante la medida cautelar hasta tanto se defina el litigio judicial. De esta manera, entienden en el Gobierno, se podría avanzar con la cobertura de los cargos judiciales necesarios, la aplicación de los recursos y las capacitaciones previstas. De eso habló el gobernador interino con las autoridades de la Policía Federal en Buenos Aires el miércoles.
Lo que se avecina será determinante para que Jaldo pueda dar una muestra de poder y de decisión política de avanzar contra el narcotráfico en las desmoronadas barriadas tucumanas. El Ministerio Público debe contestar sobre el planteo a principios de esta semana y, luego, el alto tribunal deberá resolver. Fuentes con conocimiento de lo que ocurre en el Palacio de Tribunales aseguran que entre los vocales no se observa una gran preocupación por complacer la pretensión del Gobierno. Más bien, advierten que en los pasillos se repiten los argumentos del MPF acerca de lo contraproducente que sería sumar una nueva tarea a los jueces y fiscales del fuero local. En contrapartida, en el jaldismo apuestan a conseguir los votos necesarios en el máximo tribunal: se entusiasman con las eventuales adhesiones del presidente de la Corte, Daniel Leiva; del vocal decano Antonio Estofán y se esperanzan con el acompañamiento de Claudia Sbdar o de Daniel Posse. Dan por descontado el rechazo de la vocal Eleonora Rodríguez Campos.
Para la Corte Suprema quizás pueda tratarse de una votación más. Para Jaldo, en cambio, el resultado puede significar el primer gran sello propio a una gestión de gobierno que se conduce a dos voces.
La cocina de la Rosada
Mientras Jaldo dirime su liderazgo en Tucumán, Manzur hace lo propio en Buenos Aires. Nunca antes en los registros de visitas de la Casa Rosada figuraron tantos nombres de tucumanos como en los últimos meses y, particularmente, en las últimas semanas.
Concejales, delegados comunales, legisladores, intendentes, ministros y diputados y senadores nacionales de esta provincia se retratan casi a diario en el largo mesón del antedespacho del gobernador en uso de licencia. Lógicamente, el hombre que siempre ríe se encarga de mostrar cada encuentro para mantener viva su presencia local y un rol clave en la distribución del poder comarcano hacia 2023.
Lo hizo el miércoles, al citar a los cinco diputados y a los dos senadores peronistas por Tucumán. Más allá de que la foto le sirva para exhibir a nivel nacional su injerencia en el conteo de votos por el acuerdo con el FMI, pretende imponer también un mensaje de autoridad hacia el peronismo de entrecasa.
De la misma manera debe interpretarse la charla a solas que mantuvo con Jaldo y el posterior almuerzo del jueves al que lo invitó junto a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; y de La Rioja, Ricardo Quintela. Manzur, tras el lomo y las ensaladas, los invitó a una sobremesa de 30 minutos en el despacho contiguo, que ocupa nada menos que el presidente, Alberto Fernández. Un gesto que fideliza su relación con el jefe de Estado e intenta evidenciar una construcción política para el Presidente y no en provecho propio, la gran desconfianza del albertismo.
Ruidos molestos
Mientras la armonía sobreactuada impregna la relación entre el gobernador interino y el jefe de Gabinete, celos y rencores empiezan a monopolizar la convivencia forzada entre manzuristas y jaldistas.
Es poco usual que un mandatario viaje a realizar gestiones oficiales a Buenos Aires con un legislador (Regino Amado, vicepresidente primero de la Cámara) y con un ex parlamentario (Marcelo Caponio) y no con los ministros del área involucrada que, en definitiva, serán quienes deban coordinar la ejecución de los proyectos resueltos. Esa extraña dinámica política que impone el acuerdo entre Manzur y Jaldo tiene sus consecuencias operativas: funcionarios con recelo y lejanía al despacho gubernamental y orfandad de escuderos a la hora de la defensa. Lo vivió Jaldo luego de la reunión de Juntos por el Cambio en Tafí del Valle, a principios de mes: frente a la arremetida opositora, ningún ministro o legislador de peso ligado al manzurismo salió a retrucarlos.
Desde luego, los referentes de uno y de otro son conscientes de que no pueden exponer en público sus desavenencias, pero ejecutan a diario los pases de factura. En estos términos analizan en los corrillos oficialistas la embestida que en las últimas horas apunta a legisladores del jaldismo. Roberto Palina y Daniel Deiana fueron, junto a Javier Morof, los parlamentarios más duros en su dialéctica contra Manzur y su entorno el año pasado, durante la campaña a las Primarias Abiertas que enfrentaron a ambos sectores del justicialismo. Tras la intervención judicial de la Mutualidad Provincial, Jaldo se mostró ayer en un acto de entrega de fondos a comunas del interior con el desplazado Deiana, que es dirigente de la capital.
Es indudable que, en esta etapa de construcción dual, Manzur y Jaldo están obligados a sobreactuar cada paso que dan.