18 Febrero 2022
El sueño de la casa propia parece ya un asunto de ficción para la mayoría de los argentinos. La caída de los ingresos, la dolarización del mercado inmobiliario y la falta de créditos hipotecarios desplazaron las expectativas de aquellos que anhelaban una casa como lugar de resguardo para la familia y el futuro. Sin embargo, si tener una casa propia es un sueño, alquilar una vivienda parece ser una pesadilla.
Según el último informe de Reporte Inmobiliario, mientras la inflación escaló un 50,7% en los últimos 12 meses, el valor de los alquileres subió, en promedio, casi 8 puntos por encima. Es decir, si el poder adquisitivo de los argentinos ya había perdido por goleada contra el precio de alimentos, vestimenta y servicios básicos, el panorama para quienes deben pagar un alquiler es aún más sombrío. Las cuentas no cierran, la proyección de la economía argentina es cada vez más desalentadora y como broche de oro, el Estado no solo no da respuestas ante una problemática central de la clase media, sino todo lo contrario: pone escollos cada vez más insólitos.
La clase trabajadora ve cómo su esfuerzo se licúa en alquileres. Según la última encuesta que realizó la Federación de Inquilinos Nacional en septiembre del año pasado, cuatro de cada 10 hogares inquilinos destinaban entre el 40% y el 50% de su salario a la vivienda, y solo dos de cada 10 destinaban el 30%. Es decir, existen familias que ven cómo la mitad de su salario se pierde en un gasto que no los capitaliza y que cada vez es superior. Si este porcentaje se destinara a un crédito hipotecario, la idea de resguardo aliviaría el pesar de perder gran parte de los ingresos, pero como es sabido, los créditos de este tipo se esfumaron al menos en Argentina, no así en países vecinos donde en las últimas décadas, paradójicamente, los préstamos se abarataron.
El problema por lo tanto es local, no solo por las variables económicas que esfuman las posibilidades de capitalización sino también por las malas decisiones de quienes administran un gobierno cada vez más ciego a las necesidades de quienes representa. La Ley de Alquileres 27.551, sancionada a mediados del 2020 por el Senado, se promocionó por el oficialismo como la vía para solucionar las demandas de los inquilinos. Hoy dicha ley es una de las principales causas de la suba del precio de los alquileres y también de la escasez de ofertas inmobiliarias para quienes buscan un techo.
“Estamos ante un problema, ya que hay falta de oferta de viviendas y hay incertidumbre para las y los inquilinos sobre el precio de los alquileres”, reconoció esta semana el secretario de Comercio interior de la Nación, Roberto Feletti. Una de las máximas autoridades del Gobierno nacional en dicha materia no tuvo más remedio que admitir el fracaso de la norma y resaltó: “el propietario reclama legítimamente una renta por su capital invertido, el inquilino no la puede pagar y no hay estabilidad ni previsibilidad en la continuidad del contrato”.
Las declaraciones de Feletti resultaron de una reunión que mantuvo el funcionario con inquilinos, inmobiliarias y propietarios para buscar alternativas que permitan satisfacer a todas las partes. Aunque sin declaraciones oficiales, trascendió que en dicho encuentro los inquilinos propusieron un impuesto a la vivienda vacía para aquellos propietarios con más de tres viviendas o bien beneficios tributarios para los dueños que pongan en alquiler sus propiedades.
¿Cuánto eco tendrá dicha propuesta en los pasillos ministeriales de un Gobierno cada vez más pobre de ideas y más rico en errores? ¿Habrá lugar para un impuesto más en un escenario aún no definido y en espera del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?
Ante la posibilidad de un nuevo gravamen surge la pregunta de por qué los propietarios deberían asumir las falencias de una ley que no supo solucionar la demanda de los inquilinos. El final ya es conocido. Los que terminarán pagando los errores serán los contribuyentes, sea con impuestos o bien varados en un mercado cada vez más hostil para las billeteras golpeadas de los argentinos. Mientras funcionarios buscan “alternativas”, las familias buscan hogares. Sin comillas ni ironías, la necesidad es cada vez más urgente.
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