Jaldo insiste con aplicar la ley de Narcomenudeo

El gobernador interino, Osvaldo Jaldo, sigue dando pasos para intentar que la ley de Narcomenudeo se aplique en nuestra provincia. Mientras en Buenos Aires firmaba un convenio con la Policía Federal para utilizar sus laboratorios en la provincia, un abogado del PE presentaba un nuevo escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que se levantara la medida cautelar que frena su puesta en práctica cuanto antes.

En 2014, cuando José Alperovich era gobernador, se sancionó y promulgó la norma, pero un planteo realizado por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, aceptado por la Corte, frenó su aplicación. En 2019, por iniciativa de Jaldo, se sancionó otra ley para tratar de eludir la traba legal. Pero en abril pasado, el máximo tribunal volvió a frenarla.

El PE consideró que esta es una norma clave en su decisión política de acabar con el microtráfico, con el fin de bajar los índices de inseguridad. También les explicaron a los funcionarios del Poder Judicial que estaban dispuestos a darles todas las herramientas necesarias (jueces, fiscales, defensores y presupuesto) para que se hagan cargo de luchar contra este delito. Por ese motivo, por orden de Jaldo, la semana pasada se presentó un pedido solicitando que se resolviera la cuestión de fondo y así pusiera en vigencia la nueva ley.

La Corte le corrió vista al MPF para que diera su opinión sobre el tema. La respuesta fue contundente: se opuso y solicitó que se analizaran las pruebas que debían presentar todas las partes antes de que los vocales tomaran una resolución, por lo que había ningún motivo para que se modificara la situación.

Dos días después de que Jiménez planteara su rechazo, el gobernador dio otro paso. Solicitó al máximo tribunal que levante la medida cautelar hasta tanto se resuelva el litigio. Basaron su pedido sosteniendo que desde el 20 de agosto de 2020 se dieron numerosas herramientas para que la norma entrara en vigencia. “Queda evidenciado que el peligro de la demora, en su momento merituado, hoy ha desaparecido, resultado que la situación planteada en el presente es exactamente la inversa, es decir, el verdadero peligro consiste en no asumir en lo inmediato la persecución del delito en cuestión”, sostuvo Leonardo Debono, el abogado que represente al PE:

“No debe perderse de vista que lo que está en juego es nada más y nada menos que la imposibilidad de la persecución penal de delitos de alto impacto en la sociedad, siendo tarea irrenunciable del Estado el despliegue que fuere necesario para promover la seguridad y el orden público”, añadió el representante legal del PE. “Consideramos que han desaparecido circunstancias objetivas por la cuales la Corte concedió en su momento el anticipo jurisdiccional, al no advertirse actualmente la posibilidad cierta de que se produzca un daño inminente e irreparable”, finalizó.

El máximo tribunal, después de haber recibido el escrito, corrió vista al MPF para que opine sobre este nuevo planteo. Tendrá tiempo hasta el lunes (con cargo) para hacerlo y después, se resolverá.

Mientras el profesional realizaba el planteo en la Justicia, Jaldo se reunía en Buenos Aires con el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández, y el titular de la Agencia Regional de la PFA, Walter Bernal, con la misión de formalizar un acuerdo para que la provincia pueda utilizar los laboratorios de la fuerza en las causas que se inicien por narcomenudeo.

Uno de los cuestionamientos que esgrimía el Poder Judicial para frenar la aplicación de esta norma es que la provincia no contaba con un laboratorio para realizar las pruebas de campo (pericias clave que confirma o descarta si el material es droga) para comenzar con un proceso.