“Quieren callarme y no lo van a lograr. Esto es totalmente injusto”. De esta manera se expresó ayer el vicepresidente del Colegio de Abogados, Carlos César Casal, luego de haberse informado de la sanción de cinco meses de suspensión que le aplicó la institución a causa de los incidentes registrados el 22 de diciembre pasado con otro consejero, Pablo Caram, a quien también se suspendió pero sólo por un mes.
“La diferencia cuántica -dice el comunicado del Colegio de Abogados-, se fundamentó por los antecedentes de situaciones ríspidas que se vivieron en sesiones anteriores, en donde Carlos César Casal de forma imprudente inició un hostigamiento permanente y continuo desde el mes de abril de 2021 en contra, no solo del consejero Pablo Caram, sino con varios consejeros y consejeras del cuerpo -se detalla-.
Se resolvió por mayoría la sanción de cinco meses para el vicepresidente Carlos César Casal (por la responsabilidad del cargo) y un mes para Pablo Caram. De los 10 consejeros en condiciones de votar, la misma reflejó el siguiente resultado: siete en favor de la sanción impuesta”, se precisó en el documento.
“Esta sanción la decide el Consejo en virtud de hechos inexistentes y distintos a lo sucedido. Yo inicié una causa penal con pruebas y evidencias de quién es el agresor y quién el agredido, soy agredido en mi Colegio de Abogados y me sancionan por eso. Esto es una parte de un proceso de persecución, de violencia institucional, y de discriminación que vengo sufriendo en el seno del actual Consejo por oponerme de forma responsable a algunas decisiones”, afirmó Casal.
“Es muy grave la situación de los abogados. Voy a pedir la intervención de organismos nacionales e internacionales por la forma apresurada e irregular con lo que se sancionó, no cumpliendo con el debido proceso. Incluso al agresor lo dejaron participar en la elección de los votantes. Es una barbaridad, lo voy a resaltar cuando haga mi defensa”, agregó.
El vicepresidente de la institución advirtió: “están pretendiendo distraer a los colegiados de un aumento desmedido de la matrícula y es para cubrir algunos gastos que se vienen haciendo y a los cuales yo me opongo. Hay una inacción permanente del Colegio de temas que le competen, como buscar soluciones de las problemáticas de los abogados penalistas, de la participación del Colegio en debates de leyes que se están programando y que van a afectar el ejercicio de nuestra profesión, de la designación en tiempo y forma de vacantes de jueces. No está cumpliendo con su trabajo. Persigue y ataca y sanciona a los que no piensan igual”.
Y agregó: “todo esto lo dije por escrito, es una sanción totalmente arbitraria y se basa en situaciones que no tienen nada que ver con los hechos. El día de los hechos fui agredido por otro consejero, por Pablo Caram, pero me sancionaron a mí, de forma muy superior a la del agresor. Es una inconsistencia del proceso, no me voy a callar, por si es eso lo que quieren. El Colegio no está para enfrentar siempre a la prensa, u otras instituciones. Debemos procurar el diálogo, debemos respetar las opiniones”.
Según Casal, en la resolución del Consejo hay una cuestión personal. “Intentan justificar algo como ecuánime, cuando no lo es. Esta persona (Caram), tiene antecedentes de violencia con otros consejeros, hay mucho para analizar. Voy a pedir la nulidad de todo lo actuado, estoy trabajando con colegas que me están ayudando. Recibí mucho apoyo para llegar a la Justicia, para tratar de dar vuelta esta arbitrariedad. El hecho de que no haya compartido algunas decisiones no justifica que me persigan”, remarcó.
Casal admitió: “la sociedad debe estar confundida con este bochorno del cual soy víctima”. “Deberíamos haber dado el ejemplo, producir permanentemente el diálogo con las instituciones, resoluciones razonables y que no se demonice al que piensa distinto. Yo le pido disculpas a la sociedad, pero la verdad es otra”, insistió.