12 Febrero 2022
Hay que vivirlo para saber lo que se siente. Que a una persona le usurpen una propiedad (sea un campo, un terreno, una casa) es quizás una de las peores noticias que puede recibir. Es un ataque a las ilusiones, a los proyectos, a la tranquilidad, a la seguridad. Pero, sobre todo, es un alarma: indica que algo no funciona bien, que hay engranajes institucionales que están fallando. Lamentablemente, en Tucumán, las usurpaciones empezaron a ser noticia cada vez más frecuente.
Se trata de un problema registrado en toda la provincia y que tomó impulso durante la pandemia, según afirmaron en el Gobierno. Pero, en el caso de las tierras fiscales, la mayor parte de los casos se concentra en las zonas turísticas, como El Cadillal, Tafí del Valle y San Javier.
Quienes también lo padecen son los productores agropecuarios. En los últimos dos años se denunciaron situaciones en distintos campos. De hecho, en nuestra edición del jueves publicamos la historia de un ruralista de Leales. Posee una finca de 1.600 hectáreas a la cual ingresaron personas armadas a fines de diciembre y aún no se fueron, a pesar de que el caso ya está judicializado.
Otra situación de características similares ocurrió en Los Puestos, en octubre del año pasado. El productor Roberto Budeguer denunció que un grupo de personas se apropió de un sector de su campo.
Augusto Battig, presidente de Apronor (Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte) dijo que las denuncias por usurpaciones crecieron en 2021 y a comienzos de este año. “Hay muchos conflictos que se arreglan directamente entre las partes y no llegan a la Justicia. Otros sí lo hacen. Hubo casos en donde los mismos productores se unieron a otros y sacaron a usurpadores de sus terrenos con éxito y de forma pacífica. El campo de Picón no tendrá siembra en el año, es una superficie en donde se invirtió plata y está sin ser trabajada”, relató. “La bronca a veces supera a la paciencia. Cuando una persona tiene la posesión de un terreno y viene de familia, lo trabaja... La Justicia tiene que actuar rápido para evitar lo que puede suceder: que haya justicia por mano propia. Si pasa algo como eso, la Justicia será la única responsable”, manifestó.
A este problema no sólo lo padecen los productores. En distintos puntos de la provincia hay familias que están luchando por recuperar sus propiedades. De hecho, en Tafí del Valle no se resolvió aún una usurpación ocurrida a fines de 2020 en la zona de Los Cuartos. Una familia denunció que miembros de la comunidad indígena se quedaron con tierras que le pertenecen. Pasó más de un año y la Justicia no terminó de resolver la situación.
En el caso de los terrenos fiscales, el panorama también es preocupante. Si bien se producen en toda la provincia, las usurpaciones se concentran en las zonas turísticas. En agosto del año pasado, Alejandro Navarro, director de Catastro, fue contundente: “a los tucumanos les puedo decir una sola cosa: no compren terrenos en El Cadillal porque el 90% de esos inmuebles son fiscales”. Con este panorama, la Fiscalía de Estado viene llevando adelante una serie de procesos que buscan desactivar estas situaciones. Lo hace de manera coordinada con Catastro, con Turismo y con Flora y Fauna. Además, hicieron circular instructivos entre los delegados comunales para que estos sepan cómo actuar.
El panorama es grave. Creemos que hace falta una mayor celeridad en la resolución de estos problemas; muchos damnificados aún esperan una respuesta de la Justicia.
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