El Gobierno provincial resolvió suspender el incremento en la cuota mensual que afrontan los beneficiarios de las unidades habitacionales aportadas a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu).
La decisión fue confirmada este martes por la interventora del organismo, Stella Maris Córdoba, quien detalló que, en rigor, el aumento en los valores correspondía a diciembre pasado.
"No se ha llevado a cabo debido a la situación económica y social, y también contemplando el rebrote de la covid-19. Se han tenido en cuenta una serie de situaciones que inciden en la economía familiar, por lo que el incremento correspondiente a diciembre no se aplicó", indicó la funcionaria, en rueda de prensa.
Córdoba remarcó que, por lo general, se realizan dos ajustes en los valores mensuales por año. "En diciembre, el gobernador (Osvaldo Jaldo) ha evaluado que no estaban dadas las condiciones para hacerlo, por lo que ha quedado suspendido. Acordamos volver a conversar en marzo, para definir la situación a tomar, siempre pensando que la vivienda es esencial y fundamental para la familia, y que se debe contemplar la situación económica actual, para no agravarla", detalló la ex diputada y ex legisladora provincial.
En este marco, la titular del Ipvdu expresó su satisfacción porque "nuestra recaudación se ha incrementado en un 40% en el último período". "Esto indica que la gente está pagando las cuitas de las viviendas, y esa es una muy buena noticia, ya que permite la financiación de todo lo que significa la política de viviendas de Tucumán", describió.
Además, sostuvo que, en los casos de que los beneficiarios se encuentren en mora, pueden acceder a planes de pago. "Hay sistemas de refinanciación de las cuotas, y en el Instituto, en cada ocasión en que hemos tenido algún reclamo (por falta de pago), lo hemos podido atender y adecuarlo a la situación de la persona que, a lo mejor, está pasando por un momento difícil", profundizó.
De todos modos, aclaró que "con quienes no expresan voluntad de pago, hay un sistema de penalización", que opera gracias a un convenio con la Federación Económica de Tucumán (FET) y que permite "un intercambio de datos". "En los casos más extremos, a los que es muy improbable que se llegue, (se procede a) la judicialización; pero, en general, se trata de resolver la falta de pago de forma amigable, con un esquema de refinanciación, porque entendemos que la vivienda es algo esencial para la familia", indicó Córdoba.