El cinismo de la lucha contra el narcomenudeo

¿De qué hablamos cuando hablamos de la Ley de Narcomenudeo? De una norma sobre la que los tres poderes del Estado coinciden en que su puesta en vigencia debe ser inmediata para acabar con el flagelo que asola la provincia. Sin embargo, hace ocho años que no se la puede aplicar. ¿Motivos? La incapacidad que tienen nuestros dirigentes para solucionar el problema. Aunque parezca un juego de palabras, ni siquiera los apura la condena social por la demora en resolver una cuestión que dejó de ser un pedido para transformarse en una verdadera súplica.

Desde 2014 se dictaron dos leyes (no una) para poner en marcha la provincialización de la lucha contra el microtráfico en Tucumán. Esta debe ser una de las pocas normas que fue impulsada por el oficialismo y apoyada por la oposición, al menos en los últimos años. Pero no está vigente por una traba judicial. El ministro fiscal Edmundo Jiménez presentó un planteo asegurando que la provincia no poseía los recursos económicos y humanos para perseguir penalmente a los transas. La Corte Suprema de Justicia aceptó el pedido y terminó frenando su aplicación.

El gobernador interino Osvaldo Jaldo ya avisó públicamente que quiere poner esa norma en práctica. El tranqueño fue el impulsor del segundo proyecto de ley y siempre observó con dientes apretados cómo se congelaba su iniciativa. Pero ahora que él está al frente del PE sabe que puede presionar más para que su iniciativa finalmente prospere. Quiere quedar en la historia como el titular del PE que resolvió una polémica que lleva casi ocho años.

Una alta fuente de la Corte dijo que la situación no se ha modificado en lo más mínimo y que no existe motivo para levantar la cautelar. “La ley no es buena. Hay que hacer otra”, agregó. Inclusive dijo que no es descabellado pensar en organizar una gran mesa de trabajo para buscar la solución. “Para luchar contra el narcomenudeo hay que hacerlo bien”, repitió.

Es indudable que el Estado tiene una enorme urgencia de mostrar que está combatiendo el microtráfico de sustancias que tantos problemas le genera. En Tucumán, en lo que va del año, se produjeron 10 homicidios, de los cuales cinco (el 50%) estuvieron vinculados al consumo de drogas. Los magistrados coincidieron en señalar que el 80% (en el caso de los niños, niñas y adolescentes la cifra llega al 85%) de los imputados por cualquier delito tiene problemas de adicción y, lo que es más grave, cuando ordenan que se los trate casi nadie cumple con su pedido.

El rédito político que generarán las imágenes de operativos en los barrios puede llegar a ser efímero. ¿Y después qué? Hasta aquí no se mencionó ni una palabra sobre cómo actuarán las diferentes áreas del Gobierno para recuperar los espacios que dejarán libres los transas detenidos. Es muy probable que ni se haya pensado en esta alternativa. Y la prueba más contundente es que, a pesar de haber sido aprobada hace casi 12 años, la ley de Prevención de Adicciones en la provincia sigue sin aplicarse.

Un modelo

Todo lo malo que sucede en materia de narcomenudeo tiene el nombre de una ciudad argentina: Rosario. Esa metrópolis ha sido el ratón de pruebas de las gestiones de las últimas dos décadas. Y todos los experimentos fracasaron. No hay localidad del país que haya recibido tantos recursos (efectivos de fuerzas federales, funcionarios judiciales y apoyo económico) y los resultados están a la vista. ¿Se redujeron los homicidios? No. ¿Las condenas a los líderes de los grupos frenó su accionar? Menos ¿Es cierto que su poder creció porque con el dinero de las drogas se realizaron las inversiones más importantes? Sí. ¿Dejó de ser entonces un problema de los barrios carenciados? Sí, su poder está enquistado en un gran sector de la sociedad rosarina.

En Tucumán, el fiscal federal Pablo Camuña y el juez Fernando Poviña hicieron lo que tenían que hacer: sobreseer a una mujer que cultivaba marihuana para consumo personal porque se estaban violando sus derechos constitucionales. Fuentes de la Justicia Federal estimaron que sólo el año pasado más de 60 pidieron ayuda a los defensores oficiales para lograr su sobreseimiento porque le secuestraron entre una y 15 plantas, entre dos y 300 gramos del vegetal y un frasco de aceite. Todas estas causas generan un innecesario desgaste de los recursos de policías y de la Justicia que deberían ocuparse de investigaciones más importantes. Todos tienen sus argumentos, pero hay varias alternativas por analizar, y una de ellas es la despenalización del consumo de cannabis con fines recreativos, ya que el fin medicinal está permitido. Si existiera una norma clara, los responsables de luchar contra el tráfico de drogas no perderían el tiempo persiguiendo al consumidor.

Tragedia social

Todo el país habló de la tragedia generada por la cocaína que causó la muerte de, hasta ahora, 24 personas en Buenos Aires. Ahora se sospecha que esas dosis podrían haber llegado a Rosario. Se habló de que la droga estaba adulterada, pero en realidad toda la cocaína es adulterada para que el negocio sea más lucrativo. Ejemplo: una organización compra un kilo de esa sustancia, la estira agregándole otras sustancias (todas dañinas para la salud) incrementando su peso a 1,8 o 1,9 kilos. Por eso se habla que su pureza es de entre el 10 y el 20%. Hay una clara diferencia entre lo que pasó en al menos 10 localidades bonaerenses y nuestra provincia: las muertes de esos adictos fueron casi inmediatas; aquí son a largo plazo.

En Tucumán no hubo muertos por consumir una dosis envenenada, pero sí se registraron dos fallecimientos por una dosis. La Justicia cree que el 27 de enero, en Concepción, un joven perdió la vida porque supuestamente fue a recriminarle al transa que le había vendido cualquier cosa menos cocaína. El viernes, un adicto asesinó de una puñalada en el pecho a otro joven que había intentado robarle la cocaína a un vendedor callejero que estaba a metros de la iglesia de San Cayetano. El otro hecho grave se produjo en San Pablo. El sábado 30 del mes pasado, un adolescente de 15 años fue ultimado por la pareja de su madre luego de una discusión. Ambos tenían serios problemas de adicción.

Estos casos y de la cocaína mortal de Buenos Aires dejaron al descubierto otra realidad. El desprecio de un sector de la sociedad hacia los adictos. Fueron tantos los memes discriminatorios que se difundieron por las redes sociales, que varios especialistas y funcionarios advirtieron de la criminalización de los enfermos. La adicción a las drogas es un mal endémico que sigue creciendo a pasos agigantados. Y la razón es clara: al crecer el narcomenudeo, aumenta la oferta de sustancias y, por ende, la demanda. Por ese motivo, ningún hogar está exento del riesgo de padecerlo. Lo definió una madre que perdió a dos hijos por las drogas: “un adicto es como tener al diablo en la casa”. Mientras tanto, el Estado continúa indiferente a esta situación y no reacciona.