Una pelea entre adictos terminó en un homicidio

“¿Cuándo se darán cuenta las autoridades de que la droga no para de matar a los jóvenes tucumanos?”, se preguntó angustiada Luisa de Martínez, vecina de San Cayetano. La mujer, espantada y con una mano tapándose la boca, observaba cómo los policías trabajaban para identificar a un joven adicto que asesinó a otro cuando intentaba robarle cocaína. La víctima acababa de comprarle la droga a un transa, que tiene su centro de venta a pocos metros de la iglesia del barrio. “Esto es terrible. No puedo creer lo que pasa en la provincia”, añadió Martínez.

Este es el segundo homicidio registrado en poco más de una semana por cuestiones vinculadas con la venta de drogas. A estos casos se les deben sumar otros tres crímenes en los que influyó el consumo problemático de sustancias prohibidas. “Ya no sabemos qué hacer con lo que está pasando en esta zona. Tengo parientes que viven en otros sectores de la ciudad y me dicen que ellos también sufren por este problema. Alguien tiene que hacer algo”, explicó Eduardo Rodríguez.

El hecho se produjo el viernes, cerca de las 22. A bordo de un taxi, tres jóvenes se presentaron ante un transa que estaba comercializando droga en la esquina de Anselmo Rojo y Brígido Terán. La transacción, según consta en el expediente, había sido notada por un tal "Pájaro", Sebastián Lizárraga (19 años) y otro individuo que estaban a metros del lugar fumando marihuana. Cuando los compradores estaban marchándose, fue cuando habrían intentado robarles las dosis que acababan de adquirir.

Las víctimas del intento del robo se resistieron al ataque y comenzó una violenta pelea. Lizárraga, después de haber sufrido una puñalada en el tórax, salió corriendo con su amigo, pero se desplomó a los pocos metros. Un móvil policial que pasaba por el lugar lo trasladó al hospital Padilla, donde falleció. “Pájaro” se escapó, pero el tercer amigo se quedó en el lugar. Ese joven, de 20 años, en un primer momento dijo que habían sido atacados por dos “motochorros”, pero después terminó contando la verdad.

El autor de la herida mortal, junto a otras dos personas, huyeron en el taxi que los estaba esperando. Personal de Homicidios, al mando de los comisarios Diego Bernachi y Jorge Dib, con las imágenes captadas por varias cámaras de seguridad, al cierre de esta edición trataban de identificar al propietario del vehículo para dar con el conductor.

En el sur

La investigación del crimen de Mauro Tártalo (21), registrado el jueves 27 de enero en Concepción, tuvo un inesperado giro en los últimos días. El fiscal Miguel Varela, que lleva adelante la pesquisa, descartó que el joven haya fallecido en un intento de robo, como se pensó en un primer momento. Este caso también está relacionado con el narcomenudeo.

Según consta en el expediente, la víctima se encontraba bebiendo alcohol con un grupo de amigos. Decidieron ir a comprar drogas en un quiosco que funciona en un barrio concepcionense. De acuerdo al testimonio de una de las personas que estuvo con el joven asesinado, compraron dosis de cocaína y fueron a otro lugar a consumirla. Al descubrir que les habían vendido una sustancia que no era droga (se sospecha que les entregaron envoltorios con psicofármacos triturados y mezclados con otros elementos de corte), decidieron volver al lugar para reclamar.

Al presentarse en la vivienda donde habían hecho la transacción, el transa se negó a devolverles el dinero o a darles la misma cantidad de droga. Comenzó una discusión que fue subiendo de tono hasta que los clientes decidieron ingresar a la fuerza a la casa del vendedor. Vecinos, posiblemente soldaditos del dueño del quiosco, al enterarse de lo que estaba sucediendo, se presentaron en el lugar con armas y comenzaron a disparar. Tártalo recibió un balazo en la cabeza. Sus compañeros lo llevaron al hospital de Concepción, donde falleció horas después.

“El año pasado, funcionarios municipales, judiciales, ediles, policías y vecinos denunciaron que el incremento de homicidios y delitos contra la propiedad estaban relacionados con el aumento del consumo droga en esta y otras ciudades vecinas. Hubo reuniones y promesas, pero los casos ni siquiera están igual, sino que van en aumento”, se quejó el ingeniero Julio Benítez. “Estamos muy preocupados porque los hechos delictivos son cada vez más violentos y nadie nos protege. Está visto que con más policías esto no se detiene. Hay que buscar otra solución”, indicó.

Insólito

También en Concepción se produjo otro hecho insólito. Un joven, sin ningún tipo de arma de fuego, pudo ingresar a un banco y no se llevó dinero, pero sí celulares que se encontraban en las oficinas. Al haber sido grabado por las cámaras de seguridad fue rápidamente detenido por la Policía. En la audiencia que se realizó en su contra, en la que se le dictó la prisión preventiva, el acusado reconoció haber estado drogado cuando cometió el hecho y que tenía severos problemas de adicción.

Dura realidad

En tribunales, el vínculo del consumo problemático de drogas con el delito ya no sorprende a nadie. Los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni (ya retirada), en base a los trabajos que realizaban por separado, hace cinco años estimaron que el 60% de las personas que imputaban por diferentes hechos tenían severos problemas de adicción. Pero ese número está en alza.

Varios magistrados del Centro Judicial Capital coincidieron en que al menos el 80% de quienes se sientan en los banquillos de los acusados reconocen que son adictos a las drogas. Esa cifra, según las mismas fuentes, llega al 85% en los menores de edad. “Cuando detectamos que estamos ante un caso grave tomamos dos caminos. Ordenamos que realicen una desintoxicación en un establecimiento público y que recién luego se los lleve a un calabozo, si es que se decidió privarlos de la libertad”, explicó una alta fuente de Colegio de Jueces y Juezas. “El otro camino es ordenar, si ellos lo piden, que se les brinden todas las posibilidades para realizar un tratamiento de rehabilitación”, añadió.

Pero la crisis carcelaria también influye negativamente en el problema. “Con la cantidad de detenidos que tenemos es imposible cumplir con esa orden”, indicó un comisario que prefirió mantener en reserva su nombre. En las dependencias policiales de la provincia hay unas 1.100 personas privadas de su libertad. En las unidades penitenciarias, que albergan a unos 1.250 reos, tampoco pueden responder a semejante demanda.

Otros casos

11 de enero.- El barrio Madre Teresa de Calcuta, de Alderetes, fue escenario del primer homicidio de 2022. Miguel Antonio Pachi, de 28 años, perdió la vida al recibir seis puñaladas por la espalda por parte de su hijastra Abigail Alejandra Gómez (28). Según la hipótesis del caso, la víctima, que tenía problemas de adicción, fue ultimada cuando discutía y agredía a la madre de la acusada (la mujer tenía 24 años más que él). La Justicia le dictó cuatro meses de prisión preventiva a la imputada por homicidio simple. La defensa decidió no impugnar el fallo.

19 de enero.- En San Cayetano, Mathías Lobo habría estado drogado cuando fue herido por su ex cuñada Ayelén Alvarado (19). Ella intervino para evitar que Lobo siguiera insultando y agrediendo a su hermana Natalia. La Justicia le dictó tres meses de prisión preventiva, pero el defensor Gustavo Morales apeló la medida. En la audiencia de impugnación se cambió la resolución y se decidió otorgarle el arresto domiciliario a la imputada por homicidio. No se descarta que haya actuado en defensa propia y de terceros.

29 de enero.- Gabriel Armella (15), que tenía problemas de adicción, fue asesinado de al menos dos puñaladas en el barrio El Portal, de San Pablo. El hecho se produjo luego de una discusión con su madre, Maira Armella. El autor del hecho, Víctor “Keki” Gálvez -pareja de la madre de la víctima- sería condenado mañana a 10 años de prisión en un juicio abreviado. Maira Armella será acusada de abandono de persona agravado.