El caso Berardi: el secuestro que conmovió a Tucumán

“Secuestraron a un empresario”. Fue el título de la noticia que llegó a tapa de LA GACETA el martes 10 de febrero de 1987, tiempos en los que los casos policiales normalmente no ocupan los títulos de la portada. Los tucumanos comenzaban a enterarse de uno de los hechos más graves que se registraron en la provincia. Fue, en la historia criminal de estas tierras, el único secuestro con fines extorsivos que terminó con un homicidio en estas tierras. La víctima fue Rafael Berardi, hombre de negocios muy reconocido en el ambiente. El caso, por diferentes razones nunca fue esclarecido del todo y los acusados, todos fallecidos, recuperaron la libertad, pero por un motivo u otro, siguieron generando noticias. A casi 35 años del suceso, recién ahora se están respondiendo algunas preguntas o surgiendo nuevos interrogantes.

El viernes 6 de febrero de ese año, Berardi regresaba a su departamento ubicado en la céntrica esquina de Muñecas y Corrientes después de una ardua jornada de trabajo. Cuando se preparaba para estacionar su vehículo, un Toyota Célica, en la cochera del edificio fue sorprendido por dos o tres hombres. Lo habrían amenazado con armas de fuego y lo trasladaron a un lugar desconocido. Al poco tiempo, se comunicaron con su esposa Elva Cuto para anunciarle que lo habían secuestrado y que si querían volver a verlo con vida, debían pagar un rescate de U$S 2 millones.

El hecho fue mantenido en reserva lo más que se pudo por expreso pedido de los secuestradores. “Como es de suponer, son abundantes los interrogantes que rodean el caso y hasta anoche no existía denuncia formal del secuestro ante la policía o la Justicia. En conversación con LA GACETA, el juez de instrucción Raúl Miguel Ruiz, quien se hallaba de turno, dijo que no tenía presentaciones sobre el caso. También fuentes policiales negaron que existiera una denuncia. La situación en estas circunstancias llega a ser obvia en virtud del temor que existe por la suerte del raptado”, publicó nuestro diario.

Berardi era un conocido empresario de nuestro medio. El hombre, de 60 años, había llegado a la provincia varias décadas atrás en representación de una petrolera multinacional, algunos aseguraron que era de la Shell, otros de Esso. Con el correr de los años, fue ampliando sus actividades. Primero como vendedor de maquinarias agrícolas -tenía una enorme concesionaria camino a Banda del Río Salí en la que también restauraba los carros cañeros- hasta que se dedicó a la construcción. “Era un emprendedor nato. Un empresario con el que podía estar tres tardes enteras cerrando un trato para construir algún proyecto, pero cuando acordabas, se comprometía a pagar en tal fecha. Días antes de los vencimientos, él mismo nos llamaba para avisarnos que ya estaba listo el dinero del pago”, recordó el arquitecto Ignacio Lobo Bugeau, que junto a su padre Horacio Lobo Van Gelderen fueron los que llevaron adelante las obras que realizó.

El profesional aportó un dato clave. El empresario secuestrado durante mucho tiempo se adhirió a una ley que otorgaba beneficios impositivos a las personas que construían en la provincia. Tenían una condición: debían esperar 10 años para poder venderlos. “El nunca se desprendió de ninguno, sino que los alquilaba. Estimo que puede haber llegado a edificar unas 100 propiedades con este sistema”, explicó Lobo Bugeau en una entrevista con LA GACETA. Y la víctima del secuestro no ocultaba su emporio. Cuentan sus allegados que el hombre tenía una costumbre: se preocupaba que cada inmueble tenga su línea telefónica a su nombre. Por ese motivo, su identidad se repetía en por lo menos dos páginas de la guía de teléfonos.

Berardi se casó con Cuto que terminó siendo su mujer de toda la vida, una señora refinada y muy humilde, a pesar de que era la esposa de un hombre millonario, uno de los más grandes de la provincia de esos tiempos. Tuvo una hija, Liliana, que se radicó en Estados Unidos con su esposo Bruce Certain muchos años antes de que su padre fuera secuestrado.

Revuelo

El hecho conmocionó a los tucumanos que lentamente descubrirían que algo malo estaba sucediendo en Tucumán. El empresario desapareció 37 días después de que en un violento enfrentamiento registrado el 31 de diciembre de 1986, Rubén “La Chancha”, su hermano Ángel “El Mono” Ale y Jorge “La Bruja” Vázquez Carranza, fueran acusados de matar a Santos Pastor Aguirre y a Enrique Galván en un caso conocido como “El doble crimen de los Gardelitos”.

En la misma semana que se registró este caso, se produjeron otros dos secuestros. Domingo Ientile (48) años denunció que había sido tomado prisionero el 19 de febrero de 1987 en San Martín al 800 y liberado al día siguiente en la zona de San Javier. En esos días, los hombres de la ex Brigada de Investigaciones afirmaban que se había tratado de un autosecuestro porque la supuesta víctima no había podido precisar datos claves y porque había caído en varias contradicciones. También el 19, los miembros de la fuerza provincial liberaron a una joven de 17 años que había sido tenida cautiva por un hombre en Junín al 1.300.

Los funcionarios del gobierno de Fernando Riera quedaron perplejos por este nuevo hecho. El secretario de Gobierno, Dermidio Juez Pérez, se reunió con la cúpula de la policía y con el ministro de Gobierno, Miguel Ángel Torres. Los funcionarios, luego del encuentro realizado al día siguiente de que se confirmara la versión, sólo atinaron a afirmar que la familia no había realizado ninguna denuncia. Acotaron que iniciarían una investigación para “establecer la realidad del secuestro”.

Y, como ocurre en este tipo de situaciones, no faltó el funcionario que se excedió en sus declaraciones para desviar la atención de la opinión pública. “Los secuestros son asuntos preocupantes y estimo que si son producto de un rebrote subversivo, sería lamentable”, indicó Torres aportando más intranquilidad a la sociedad y desviando el foco de atención que eran los problemas de inseguridad que se estaban viviendo en la provincia. El jefe de Policía de esos tiempos, Arnaldo Adolfo Acosta, también aportó lo suyo. Primero señaló que estaban tratando de identificar qué tipo de delincuentes habían cometido el secuestro y después que sólo sabía del episodio por las versiones periodísticas.

La Cámara de Industriales Metalúrgicos de Tucumán, a la cual pertenecía Berardi, reaccionó de inmediato ante el difícil momento que estaba viviendo uno de sus integrantes. Enviaron una nota al ministro de Gobierno de la provincia, Torres, donde manifestaron que “el hecho evidencia una total indefensión de la comunidad, por la cual demanda plena vigencia de las garantías constitucionales y el restablecimiento del orden”. Al mismo tiempo, le exigieron “una mayor movilidad policial, evitando la proliferación de delitos y asegurando la tranquilidad de la comunidad y la libertad individual”. También enviaron otra misiva al ministro del interior de la Nación, Antonio Tróccoli, solicitando su pronta intervención en el caso brindando colaboración para ubicar a su asociado.

La respuesta no tardó en llegar. El ministro Juez Pérez fue el responsable de responderles a los empresarios: “La Policía está muy limitada por la carencia de personal e insuficiencia de medios”. Acotó, sin embargo, que la eficiencia policial “es significativa”, publicó LA GACETA. “A la vez que situó a los niveles de delincuencia existentes en Tucumán, dentro de los parámetros generales del país. La policía tiene un déficit operacional, pero la eficacia suple eso. Pero de ninguna manera se puede aceptar que haya desprotección policial. Es una exageración absurda de los industriales”, añadió.

Las primeras pistas

Con el correr de los días comenzaron a surgir algunos indicios. El primero de ellos es que las autoridades sí sabían lo que había ocurrido con Berardi. El 11 de febrero de ese año, ante la presión de la opinión pública, el juez Ruiz terminó convocando a una conferencia de prensa para asegurar que había decidió a actuar, luego de que Manuel Andreozzi, abogado vinculado a la familia de la víctima, lo había alertado de lo que estaba sucediendo. “Aclaró el magistrado que no existía denuncia escrita y que consideraba la situación como muy delicada. La intervención de la justicia federal por la noche, se produjo en virtud de la vigencia de una ley sancionada en 1984, referida a la competencia de esos juzgados sobre casos de secuestros y extorsión”, publicó LA GACETA. La pregunta que se mantiene viva, pese al paso de las tres décadas, sigue siendo la misma: ¿se decidió mantener el caso en secreto para preservar la integridad física o para preservar la imagen de un Gobierno que venía en picada por los hechos de inseguridad que se registraban en la provincia?

Al cumplirse una semana de la desaparición del empresario, arribaron a la provincia los especialistas de la Policía Federal y funcionarios del Ministerio del Interior para continuar con la pesquisa del caso bajo las órdenes del juez Jorge Parache. Y los primeros resultados del trabajo terminaron siendo sorprendentes. Un testigo ocular que observó el secuestro, pudo realizar un retrato hablado de uno de los captores. La imagen del sospechoso era muy similar a un hombre sindicado de haber participado en el secuestro del empresario cordobés Andrés Egea el 3 de febrero de 1987, es decir, tres días antes de que desapareciera Berardi.

“El desconcierto ganó a los investigadores cuando se conoció que en una de las últimas comunicaciones los captores redujeron sus presentaciones a menos de U$S 200.000. Inclusive, otro detalle fundamental en el caso es el envío de una carta a la familia Berardi. Aunque de su letra se connota que no habría sido redactada por el secuestrado, desconociéndose el contenido de la misiva”, se pudo leer en una nota publicada por nuestro diario.

El testimonio de la persona que observó el secuestro del empresario fue considerado clave por los investigadores. “El único testigo ocular del hecho y que supuestamente dictó a las autoridades el retrato hablado, estuvo a punto de interceptar el automóvil en el que llevaban a Berardi, por una mala maniobra que realizó el auto Toyota en su fuga desde el edificio de Muñecas y Corrientes”, se pudo leer en nuestro diario. El halo de misterio no se disipaba y las dudas por el caso se acrecentaban hora tras hora.

Mañana, la segunda entrega del caso "Berardi", en LA GACETA.