04 Febrero 2022
La comisión de Juicio Político que encabeza Raúl Ferrazzano se reunirá hoy para analizar dos expedientes que ingresaron a la Legislatura. Uno de ellos contra diversas autoridades provinciales por la obligatoriedad de un pase sanitario para actividades de alto riesgo epidemiológico.
El otro apunta contra Daniel Leiva, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, por supuesta negligencia en el ejercicio de sus funciones y de incumplimiento en forma injustificada de los deberes inherentes a su cargo, por hacer lugar a un recurso de casación presentado por una persona condenada por abuso sexual.
La segunda presentación se conoció en los últimos días, aunque ingresó por mesa de entradas el 30 de diciembre de 2021.
En ella, un ciudadano solicita que se forme el Jurado de Enjuiciamiento para juzgar a Leiva, a quien acusa de haber beneficiado a un hombre condenado en mayo de 2021 a 10 años de prisión efectiva en Villa Urquiza por haber sido hallado culpable de haber abusado de su nieto, menor de edad.
El denunciante, sin embargo, manifestó en el escrito que la Corte Suprema hizo lugar el 28 de diciembre de 2021 a un recurso de casación que presentó el condenado días después de la sentencia.
“Haciendo uso y abuso de autoridad, Leiva preparó y ejecutó una decisión contraria a lo que la ley establece, en forma parcial y arbitraria, (...) con el único resultado de facilitar (al condenado) eludir la acción de la justicia”, expuso el denunciante. Además denunció que un relator de Leiva mantiene un parentesco con el condenado. “Leiva se aparta deliberadamente del recurso de casación que origina la competencia del alto tribunal provincial”, denuncia el padre del menor.
El otro pedido de juicio político, en rechazo del pase sanitario obligatorio, es impulsado por los abogados María Raquel Fonio y Marcos Aníbal Rougés. Se pide la conformación del Jurado de Enjuiciamiento contra Osvaldo Jaldo, gobernador interino; Juan Manzur, jefe de Gabinete; Rossana Chahla, diputada; Luis Medina Ruiz, ministro de Salud de la provincia; los jueces María Florencia Casas y Juan Ricardo Acosta; Beatriz Ávila, senadora nacional; Germán Alfaro, intendente de la capital, entre otros funcionarios. Se los acusa por “presunto abuso de poder, incumplimiento de deberes de funcionario público, abandono de persona, coacción agravada, asociación ilícita, y la evidente traición a la patria”.
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