La irresuelta crisis del transporte público

La preocupación por la crisis del transporte público volvió a la escena con la advertencia de los empresarios de colectivos de que no alcanzan los fondos para el pago de los salarios correspondientes a enero y la inquietud de los choferes y demás trabajadores de sector, que esperan que sus sueldos les sean abonados entre hoy y mañana. Tanto los representantes de las empresas como los de los trabajadores han mantenido conversaciones en estos días para evitar medidas drásticas pero hasta ayer no había noticias claras con respecto al arribo de los subsidios nacionales, que estaban atrasados, lo cual detonaba el conato de crisis.

La cuestión salarial es la variante que dispara el conflicto en el sistema de transporte, que viene en picada desde hace mucho tiempo. El año pasado ha tenido 60 días de paro pero la ecuación del funcionamiento viene en picada en la cantidad de viajes en colectivos . Los empresarios reclaman por el aumento en los costos y por la falta de resolución del sistema de subsidios y las respuestas del Estado a los conflictos han sido sectoriales, como fue la habilitación del sistema de combis en Capital y la línea municipal de colectivos en Tafí Viejo.

A fines de diciembre, con el alivio del fin de un año muy conflictivo, las autoridades de la provincia comunicaron que se estaba tramitando en Buenos Aires mejoras en los subsidios para el transporte público, con la idea de delinear con el director nacional de Transporte Automotor de Pasajeros del Ministerio de Transporte de la Nación el esquema de subsidios para 2022, considerando que no hay ley de presupuesto vigente. “En el Ministerio de Transporte de la Nación está garantizado el esquema de subsidios que tuvimos en el 2021 para el primer período del 2022, los tres primeros meses. Se repetiría el mismo esquema con algunas asignaciones especiales teniendo en cuenta costos de inflación y costos de los insumos necesarios que utiliza el servicio de transporte”, dijo el secretario de Transporte provincial, quien agregó que para 2022 se planteaba implementar el sistema SUBE en la provincia de Tucumán y también que se debata en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para la redistribución de los subsidios, que desde hace muchísimo tiempo beneficia arbitraria y significativamente a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, y perjudica al interior. Estas propuestas, por cierto, son las mismas que se sopesa año a año sin que haya habido hasta ahora cambios.

En el ínterin se desató la polémica por el proyecto de supuesta estatización de las líneas de colectivos –circulan 800 unidades en San Miguel de Tucumán y 400 en el interior provincial-, planteado como la panacea, pero que, por lo que se ha visto, va a generar un severo conflicto por la autonomía municipal y va a producir un debate intenso de compleja resolución. No se sabe, por otra parte, cómo va a incidir en el funcionamiento del sistema la persistencia de los mismos problemas que se repiten ya no año a año sino mes a mes y que se han agravado a medida que las actividades comenzaron a normalizarse en la pandemia.

Convendría considerar las diferentes aristas del conflicto, que no sólo involucra a los trabajadores y los empresarios, sino a los funcionarios provinciales, municipales y nacionales, puesto que el esquema funciona o no según el aporte de dinero que se haga desde la Nación. Todas estas aristas deben sentarse a negociar para dar a luz no sólo las soluciones coyunturales sino una salida con miras al futuro de la actividad. Mientras no haya esa voluntad de discusión amplia, se seguirá resolviendo sobre la emergencia, con resultados insatisfactorios para todos y dañinos para la sociedad.