01 Febrero 2022
SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN. Foto ilustrativa de abogados.com.ar
En medio de un clima de tensiones internas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la alianza gobernante del Frente de Todos (FdT) mantienen la mira puesta en la marcha que se desarrollará hoy por la "democratización de la justicia".
La manifestación, prevista para las 18, tendrá su epicentro en Buenos Aires, aunque está contemplado que se replique en otros puntos del país.
Se esperan que las columnas integradas por dirigentes y militantes de organizaciones afines al Gobierno nacional se congreguen en Plaza Lavalle, frente al edificio de Talcahuano 550.
En principio, confirmaron su asistencia, entre otros, el cosecretario general de la CGT y secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano; el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.
También anunciaron su presencia el dirigente social Luis D'Elia, y uno de los organizadores de la protesta, el juez del Tribunal Oral Criminal 29 Juan María Ramos Padilla, quien convocó al acto con la consigna de que el Poder Judicial "se transforme en un servicio de justicia" y no quede reducido a una "protección a intereses que no son los propios de los argentinos".
Además, asistirán distintos organismos de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH).
Si bien la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró que el Gobierno nacional "no toma" partido respecto de la movilización, la Casa Rosada viene sosteniendo una tensa relación con el máximo tribunal argentino.
Las principales consignas del acto son "el repudio" al desempeño de la Corte y sus miembros, el reclamo "contra la impunidad" y el fin del "lawfare" o la "guerra judicial" con fines políticos.
"Las manifestaciones forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son temas sobre los que tenga que opinar el Gobierno", subrayó Cerruti ante la prensa. Aunque aclaró que "la postura del Gobierno respecto de la Corte Suprema, y de la tardanza del Poder Judicial, así como a la arbitrariedad con la que algunos casos se resuelven más rápido que otros, y respecto de la falta de justicia en general, es bien conocida".
Si bien no hubo una convocatoria formal del Gobierno a marchar contra la Corte, sí se escucharon voces de referentes oficiales a favor de la manifestación. Por caso, el diputado del FdT, Leandro Santoro, afirmó que el máximo tribunal "tiene que rendirle cuentas a la sociedad", y consideró "legítimo que la gente se exprese" en la movilización.
Por su lado, dirigentes y referentes de Juntos por el Cambio (JxC) criticaron la convocatoria y señalaron que se trata de una expresión que conlleva un mensaje de "gravedad institucional" a la escena política.
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