Por Homero Terán Nougués
01 Febrero 2022
COLEGIO DE ABOGADOS DE TUCUMÁN. La institución se pronunció en contra de la marcha y pidió “responsabilidad cívica” a los ciudadanos.
La marcha en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que se llevará a cabo hoy, y que fue impulsada por diversos sectores afines al Gobierno nacional, generó polémica desde su anuncio y los especialistas del tema en la provincia se pronunciaron publicamente para sentar posición sobre el reclamo. En general, desaprobaron la marcha y las conclusiones apuntaron hacia el mismo lugar: la destitución de un juez de la Corte se debe hacer por los mecanismos institucionales establecidos para eso.
“Estamos profundamente preocupados por la marcha. Entendemos que tiene una gravedad institucional muy importante, se está proponiendo con ella echar a los miembros de la Corte, promover su destitución o renuncia, cosa que ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse el derecho de actuar en nombre del pueblo para hacerlo”, dijo José Luis Lassalle, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), en una entrevista telefónica con LA GACETA.
El abogado aseguró que la única forma de hacerlo es a través del mecanismo que establece la Constitución Nacional. “En el artículo 53 se pone en la Cámara de Diputados el derecho de acusar ante la Cámara de Senadores al presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros o miembros de la Corte. Y el artículo 59 entiende que será el Senado, en juicio político, el que tiene la posibilidad de echar a los jueces”, explicó.
Todos aquellos que se atribuyan estas acciones por otros medios -agregó- están lejos de expresar el derecho de manifestarse y peticionar. “Esto adquiere mayor gravedad cuando ha sido alentada o promovida, o de alguna manera avalada, por funcionarios públicos de los otros poderes o de la propia Justicia, que deberían ser los principales responsables de custodiar a los demás poderes y velar por la independencia de los poderes”.
La FACA dio a conocer un comunicado en el que señala la gravedad que tendría la manifestación: “el llamado a una marcha con el fin de echar, procurar la renuncia o la destitución de hecho de los integrantes de cualquiera de los tres poderes que son pilares de nuestro sistema de gobierno, constituye un acto claramente lesivo al orden constitucional, a las instituciones de la república y particularmente a la independencia del Poder Judicial”.
PLAZA LAVALLE. La marcha será en CABA, frente al Palacio de Tribunales.
Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), también manifestó a LA GACETA su postura a través de un comunicado.
“La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que no puede ser utilizado para promover acciones dirigidas a debilitar la institucionalidad del estado constitucional de derecho cuya garantía última es la existencia de un Poder Judicial independiente”, dice el documento, firmado por Ruiz y el secretario general de FAM, Christian Fabio.
La posición que tomó el Colegio de Abogados de Tucumán, que preside Rodolfo Gilli, estuvo dirigida en el mismo sentido que la de FACA. Y lo hizo a través de un escrito en su página web, según indicó Gilli a este diario.
“El Colegio de Abogados de Tucumán suma su voz para que, desde la responsabilidad cívica, la ciudadanía defienda el estado de derecho y el respeto a las leyes, para que todos juntos construyamos una Nación que nos incluya en un ámbito de paz social, justicia y libertad”, se lee en la página. Gilli eligió no hacer una apreciación personal sobre el tema argumentando que “es un representante de la institución y la posición del Colegio de Abogados está en el documento”.
Por su parte, Gustavo Geria Lépore, presidente del Colegio de Abogados del Sur Tucumán, sentó una posición similar al de sus colegas.
Además de referirse a que la forma de remover jueces del máximo tribunal es mediante lo establecido en la Constitución, también se refirió a la cuestión política de la situación. “El derecho a manifestarse o a peticionar en ningún caso debe emplearse como elemento de presión política”, afirmó.
“No digo que esta sea puntualmente política, sino que ninguna manifestación deber ser empleada como presión política. Pero en este caso, al haber cuestiones que debe, debería o deberá resolver la Corte sobre actores de la política, es una de las interpretaciones que da a lugar”, añadió.
En cuanto a la contramarcha planeada para el 3 de febrero, Geria Lépore aseguró que es “más de lo mismo”. “Si decimos que es una contramarcha quiere decir que se manifiestan los que no están de acuerdo con la primera marcha y así se sigue en un circulo que no acaba. Pueden servir como forma de manifestación, pero -insistió- sin entrar a la legitimidad o no, no son los mecanismos institucionales que deben ponerse en movimiento para efectuar cambios de la índole que se proponen”, concluyó.
Canelada “Un golpe a la Corte”
El legislador criticó la marcha
“La marcha convocada por el oficialismo en la apertura del año judicial y contra la Corte Suprema de la Nación es de una gravedad extrema. Hay un ataque frontal y muy peligroso para la República. Buscan impunidad para el kirchnerismo tratando de llevarse puesto a un poder del Estado. Hay que repudiarlo sin especulaciones. Los tucumanos sabemos muy bien lo que sucede cuando la justicia es adicta a los que mandan”, dijo José María Canelada, legislador de la UCR.
“Lisa y llanamente hay en marcha un golpe institucional contra la conducción del Poder Judicial. No aceptan fallos judiciales”, agregó.
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