A 30 años de la amenaza del cólera: Una persecución sin sentido

Entre 1886 y 1887, la epidemia de cólera más grave que se registró en la historia de la provincia provocó entre 5.000 y 6.000 muertos. Y desató una verdadera caza de brujas en las calles. Algunos vecinos marcaban las viviendas de los enfermos para que en el vecindario todos supieran dónde se alojaba la enfermedad; o directamente las incendiaban pensando que así acabarían con el mal. Un siglo después, se repitió ese brote de estigmatización, pero en este caso, enfocado contra Bolivia y su pueblo: los nativos de ese país cruzaban el límite entre ambos país sin inconvenientes, a pesar de que las autoridades nacionales se cansaban de repetir que la frontera estaba blindada.

Una de las primeras medidas que tomaron las autoridades provinciales, precisamente, fue cerrar las fronteras locales y prohibir los famosos “tours” de compras a ese país. Luego, después de años de haber vivido en la más dura pobreza que una persona pueda imaginarse, el Estado se preocupó por los inmigrantes que venían a trabajar a esta y otras provincias y comenzó a censarlos para determinar cuáles eran sus condiciones de subsistencia y, de paso, controlar si estaban enfermos o si en los últimos tiempos no habían recibido visitas de algún pariente.

Los tucumanos, por esta crisis sanitaria, también descubrieron que había un tráfico humano de personas con fines de explotación laboral. La municipalidad capitalina se sumó a la “cruzada”. El entonces intendente Rafael Bulacio anunció que detendría y desinfectaría el tren “El Norteño” procedente de Bolivia y ficharía a los pasajeros que desciendan en la capital.

“Nunca me voy a olvidar de esos años. Recién estaba empezando y me iba muy bien. De pronto, cuando comenzaron a llegar noticias del cólera de Bolivia, los funcionarios se pusieron muy nervioso e intentaron cerrar las fronteras pensando que así se frenaría el ingreso del cólera y que nadie viajaría a comprar”, explicó Marcos Navarro, un hombre que se dedica a la compra de mercaderías en ese país hace poco más de 30 años. “En esos días los viajes eran una verdadera industria. Viajaban vendedores ambulantes y familias enteras para comprar ropa, electrodomésticos, relojes, perfumes y comida. El cambio del uno a uno favorecía mucho y se podían comprar cosas de muy buena calidad. ¿Ves este reloj? Es un Citizen, me lo compré hace 30 años y sólo le cambié cuatro veces las pilas”, dijo como ejemplo.

“Gente proveniente de lugares afectados por el cólera están ingresando a Trancas por el norte sin el debido control sanitario en la zona de Frontera. Con esa grave realidad se encontró ayer el gobernador Ramón Bautista Ortega al inaugurar un centro colérico en el hospital de Trancas”, publicó nuestro diario. En la nota, también se consignó que “el titular del Poder Ejecutivo recibió informes acerca de que llegan casi 200 bolivianos por día a esa zona y que en un gran número de ellos no ha recibido el tratamiento médico para matar al vibrión del cólera, razón por la cual adoptó medidas para agudizar los controles camineros y sanitarios en el Río Tala y Cabo Vallejo. Además, decidió que toda persona que llegue a la provincia deberá tomar el antibiótico que mata al vibrión, ya que algunos se resistían a hacerlo”.

En una reunión que había mantenido con el intendente tranqueño Luis Andrade, distintos referentes de esa comunidad le contaron a Ortega que los tours de compras seguían realizándose sin ningún tipo de problemas. También denunciaron que la mayoría de los ómnibus que se trasladaban al vecino país, lo hacían mostrando permisos especiales firmados por diferentes organismos del Estado, entre ellos, el del Ministerio de Acción Social que era conducido por Alfredo Miroli, el médico que había solicitado que se cierren las fronteras. “Había personas que se encargaban de hacerte un permiso trucho y vos ibas sin problemas. Había mucha plata en juego y nadie quería perder un centavo. Se hacía un contacto y chau, a otra cosa mariposa”, relató Navarro.

El escándalo que se desató fue de enorme magnitud. Miroli, que por su trabajo realizado ganó reconocimiento nacional y hasta un cargo a nivel deralal, además de anunciar que realizaría una investigación interna para tratar de encontrar a los responsables de lucrar con esos permisos ilegales, salió rápidamente a aclarar la situación. “No podemos poner casamatas en las fronteras y ametrallar a los suicidas que van en un tour de compras a Bolivia”, señaló. “En 24 horas conseguimos que los empresarios del transporte de Tucumán suspendieran los viajes, pero tropezamos con otro problema: las empresas interprovinciales que hacen escala en nuestra ciudad, no tienen ningún tipo de restricciones. Es más, una de ellas solicitó autorización para realizar siete viajes más a Salvador Mazza. Estimamos que son 500 los tucumanos que diariamente realizan ese viaje”, añadió. ¿Cómo se resolvió el problema? Se autorizó a algunas empresas tucumanas que capten a esos pasajeros para que realicen el viaje con un mejor control sanitario.

Persecución

“Un grupo de 23 ciudadanos bolivianos que ingresó ilegalmente a nuestro país fue descubierto y retenido por la Delegación de Migraciones en Trancas y traído ayer a esta ciudad”, publicaba con un gran despliegue LA GACETA el jueves 6 de febrero de 1992. “De inmediato, personal del Siprosa, encabezado por la doctora Matilde de Corzo, directora del área Programática Centro Este, practicó a las personas los análisis para verificar si están o no afectados de cólera, aunque aparentemente no presentan ningún cuadro sintomático de la enfermedad”, se añadió en la publicación.

Detectar personas oriundas del vecino país se transformó en una cuestión de Estado y, lamentablemente, en una cuestión policial. Cada operativo en el que se encontraban trabajadores inmigrantes tenía la atención de la prensa.

“Fueron tiempos muy difíciles. Llegué a Tucumán en 1990 con un grupo de compatriotas. Me di cuenta que aquí podría tener más posibilidades que en mi Potosí natal. Decidí quedarme y trabajé sol a sol. Cuando tuve la plata, le pagué el pasaje a mi familia para que vinieran. Fuimos creciendo, primero fui empleado, después encargado. Luego arrendé y por último compré”, describió Hugo Condorí. “Era impresionante: dejé de salir de la quinta porque cada vez que lo hacía los policías me interrogaban”, añadió el trabajador.

En esos días también quedó al descubierto cómo era la cadena de tráfico de personas con fines laborales. LA GACETA, por ejemplo, informaba sobre un operativo realizado por Gendarmería Nacional en Jujuy. “Esa fuerza descubrió un nuevo contingente. Eran ingresados ilegalmente a nuestro país en condiciones infrahumanas para hacer trabajos rurales en el interior argentino. Días atrás, la misma fuerza había detectado otro ‘cargamento’ de personas que eran sometidas a un régimen de virtual esclavitud, con destino a Mendoza para levantar frutas del verano”, se pudo leer.

Siempre siguiendo la información publicada por este diario, las autoridades de Gendarmería dijeron que el nuevo contingente fue detenido en inmedicaciones de La Quiaca. Dentro de un viejo camión, cubiertos por una gruesa lona, viajaban 37 bolivianos sin ningún tipo de documentación personal. El destino aparente eran distintas plantaciones de Jujuy, aunque también se mencionaron las provincias de Salta, Santiago del Estero y Santa Fe. “Las víctimas cruzaban a pie las fronteras por pasos sin control permanente y luego eran cargadas en camiones. Las autoridades argentinas investigan en colaboración con las bolivianas, cómo los extranjeros aceptaban -o no- someterse a un régimen infrahumano de trabajo. Se sospecha que pudo haber amenazas de por medio”, se editó.

En Trancas también fue descubierto otro contingente de 30 bolivianos que no tenía documentación ni certificado médico que indicara que no estaban enfermos. Los arrestados confiaron que un productor tucumano los había contratado para realizar tareas durante toda la temporada (al menos cinco meses) por 500 dólares. “No es la primera vez que vengo a hacer estas changuitas”, expresó en esos días Pastor Gareca, originario de Tarija.

“La situación en nuestro país era muy complicada. El pueblo se moría de hambre porque se cerraban las minas y no había trabajo”, recordó Esteban Mamaní. “Se decía que en el norte había tierra de más para trabajarla. Que con un poco de esfuerzo y buena suerte, en un par de años uno podía acceder a tierras, algo que en Bolivia era imposible. Y eso fue lo que pasó. En los 80 empezaron a llegar los primeros y en los 90 se intensificó. Hoy la comunidad de paisanos es muy grande y, la mayoría de ellos lograron concretar su sueño”, destacó el hijo de un inmigrante que vino “con una mano adelante y otra atrás” y ahora la familia cuenta con tierras en Lules y Trancas. “Fueron muy perseguidos por el tema del cólera. Las autoridades municipales durante años les dieron la espalda y, por temor a que propagaran la enfermedad, los empezaron a perseguir”, detalló.

Un problema

En las multitudinarias reuniones que se hacían en Casa de Gobierno, primero el vicegobernador Julio Díaz Lozano y después el gobernador Ortega, convocaban a los intendentes y delegados comunales de toda la provincia para informarles de las novedades y pedirles acciones concretas en distintas situaciones. Una de ellas, ayuda para detectar el arribo de bolivianos.

“Todos hablan de cooperación, ayuda y unión en diarios, televisión y radios, pero a esta delegación no llega nada ni por asomo”, indicó Ignacio Jiménez Montilla, que en febrero de 1992 era el jefe de la Dirección Nacional de Migraciones en nuestra provincia, el organismo que debían atender todos los casos de bolivianos demorados en la provincia.

El funcionario eligió LA GACETA para que se conociera la verdad de lo que ocurría en la provincia en esos días. “Se está diciendo que se nos había provisto de dos medios de transporte para trasladar a los ciudadanos del vecino país hasta la frontera, pero no es así. “Es más, ya no tengo fondos en la caja chica del organismo porque los traslados los costeamos nosotros. Nuestra caja chica es de $ 600 y diariamente estamos recibiendo grupos de 3 a 26 bolivianos y esto también significa gastos, ya que tenemos que alimentarlos mientras estén retenidos”, comentó.

El funcionario, en la entrevista, insistió que en esta situación de emergencia sanitaria que vive el país, y especialmente Tucumán, todos deben luchar contra el cólera. “Y digo esto porque el Siprosa no efectúa ningún tipo de análisis a los bolivianos y tan sólo se limita a interrogarlos si tienen síntomas de la enfermedad. Y me pregunto: ¿qué pasará si algunos de estos individuos fuese portador sano?”, insistió durante la entrevista. “Muchas veces los expulsamos y como carecemos de transporte propio, se van y luego retornan, deambulan. Algunos siguen viaja a Mendoza y Buenos Aires y pueden generar el brote de la enfermedad en algún lugar. Los tucumanos no estamos exentos de ello: el peligro está al acecho”, advirtió en la entrevista.