Por Gustavo Rodríguez
28 Enero 2022
¿MOVIDA PLANIFICADA? Desde el lunes, ciudadanos de entre 25 y 40 años, sin representación alguna realizaron unos 25 pedidos por jornada. la gaceta / foto de Analía Jaramillo (archivo)
Una avalancha de planteos de habeas corpus comenzaron a presentarse en la Justicia para que se declare inconstitucional el uso del pase sanitario en la provincia. Las presentaciones realizadas, con un promedio de 25 por día desde el lunes, fueron rechazadas por tres magistrados diferentes, según confiaron fuentes judiciales. Al cierre de esta edición, la misma iniciativa se estaba registrando en el Centro Judicial de Concepción, aunque se desconocen el número de escritos presentados.
“Evidentemente hay alguien detrás de esto”, explicó una alta fuente de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). Esa observación la realizó luego de confirmar que todos los escritos están presentados por ciudadanos de entre 25 y 40 años, de manera particular, sin el patrocinio de ningún abogado, pero utilizaron términos jurídicos que no son propios de una persona común.
En varias de las presentaciones, además de que varias de ellas tenían un encabezado de un formulario, se observó que se utilizó la frase -está escrita entre paréntesis- “adaptada a Tucumán”, por lo que no se descarta que se trate de una movida a nivel nacional promovida y concretada por algún grupo antivacuna.
Los peticionantes solicitan que se declare inconstitucional la norma que fuera emitida por una resolución administrativa por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, a nivel nacional y provincial, según el decreto y la posterior promulgación de la ley por parte del gobernador interino, Osvaldo Jaldo. “Ambas normativas turban y limitan la libertad, como así también vulneran las garantías constitucionales fundamentales del peticionante”, señaló Inés Rodríguez, una de las jóvenes que presentó el habeas corpus.
“Se trata de una acción -una norma de la autoridad administrativa- que directamente, de modo actual e inminente, en forma ilegal y arbitraria, causa graves restricciones y amenaza la libertad personal, así como otros derechos y garantías constitucionales”, añadió.
Rodríguez, como lo hicieron la mayoría de las personas que presentaron el escrito, indicaron que por no contar con el pase sanitario, “le han generado incontables perjuicios. Se me ha negado el ingreso a los siguientes organismos: secretaría de Trabajo, Registro de Personas, Registros del Automotor, bancos Macro y Nación, municipalidad y hospitales, impidiéndome la realización de trámites urgentes y esenciales para la vida cotidiana”.
Con tono firme, en varios escritos, también se pudo leer en el mismo párrafo: “tratándose en el caso de un proceso en procura de tutela efectiva y urgente de la libertad, la acción de habeas corpus es el remedio ilegal adecuado, de lo contrario se ocasionaría un perjuicio irreparable que se tornaría de difícil solución ulterior. Ello poniendo una inminente lesión en los derechos invocados, en particular, la turbación de mi libertad, la cual se encuentra limitada y restringida, en casi todos los actos de la vida civil y cotidiana”.
Los demandantes, en sus presentaciones consideraron que además de la perturbación a su libertad, se está pretendiendo establecer “modernas formas de esclavitud” y “una inoculación de manera experimental”.
También agregaron una importante cantidad de trabajos científicos e informes médicos internacionales para demostrar que quedó demostrado que la vacunación masiva no impide el contagio del mal, por lo que el uso del pase sanitario es innecesario.
Trámites
Los habeas corpus fueron derivados al Colegio de Jueces y Juezas del fuero penal del Centro Judicial Capital. Terminaron siendo atendidos por los magistrados que se encuentran de turno, Isabel Méndez, Eduardo González y Federico Moeykens.
Al tomar conocimiento de lo que estaba sucediendo, corrieron la vista a distintas partes para que dieran a conocer su opinión. Agostina Conti, asesora jurídica, consideró que debía aceptarse el planteo y que se deje sin efecto en su caso la utilización de la norma.
También se le pidió al Ministerio Público Fiscal que diera a conocer su parecer sobre la cuestión. Luisina Sofía Lizárraga rechazó el planteo por considerar que no era la vía correspondiente para analizar el planteo que realizaron las personas que plantearon el tema.
Los magistrados, según pudo establecer LA GACETA, están rechazando estos reclamos de los ciudadanos que sienten que sus derechos están vulnerados. Uno de ellos, siempre de acuerdo a la información que brindaron fuentes judiciales, los negó de lleno al entender que no se estaban violando sus derechos individuales, sino que se trataba de una cuestión sanitaria que busca el bienestar de toda la sociedad.
Además, a varios de ellos les habría impuesto costas de $ 50.000 a los que realizaron el planteo. Estos, al enterarse de la novedad, decidieron apelar la resolución, por lo que el asunto deberá ser resuelto en Impugnación. En otras palabras, se extenderá la disputa judicial al menos 10 días más.
En tanto que los otros dos jueces, ajustándose a la doctrina impuesta por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, negaron el planteo sin detallar sobre cuestiones de fondo y remitieron los expedientes a sus pares contenciosos administrativos para que sean analizados.
Quejas
La mayoría de los demandantes prefirieron no realizar declaraciones por temor a ser estigmatizados por una sociedad que, según coincidieron en señalar, “son llevados como borregos por las autoridades nacionales y provinciales al matadero”. Algunos hasta se mostraron ofuscados cuando el periodista de LA GACETA intentó entrevistarlos.
Desmintieron que esta sea una iniciativa planeada por los antivacuna, a pesar de que los escritos parecieran haber sido elaborados en modelos establecidos y que las presentaciones se hicieron de manera masiva desde el lunes.
“Lo hice a nivel independiente porque considero que se están avasallando nuestros derechos”, explicó Miguel Ángel López, uno de los tucumanos que realizó el planteo judicial. “No me dejan ingresar al banco porque no estoy vacunado. Nadie puede obligarme a que me pongan una vacuna que es experimental y que fue creada para contrarrestar la primera cepa y no la última, que está a la vista que no protege”, explicó.
El peticionante tampoco se mostró sorprendido por el rechazo que tuvo los planteos que se vienen realizando. “Van a hacer cualquier cosa para que la gente no reclame más”, indicó. “Tengo derecho a decidir si quiero vivir o morir. Nadie puede obligarme a que me vacune”, concluyó.
Denuncian que no pueden:
- Ser atendidos en hospitales públicos, realizar trámites en las obras sociales ni acompañar a personas enfermas.
- Realizar operaciones en los bancos ni efectuar trámites en organismos de la administración pública.
- Concurrir a los establecimientos educativos para realizar cualquier tipo de diligencia.
- Asistir a un espectáculo teatral, a un estadio y a las salas de cine.
- Disfrutar de un café, un almuerzo, una cena y concurrir a un boliche.
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