25 Enero 2022
Enrique Romero.
Enrique Romero, hoy subsecretario de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de la Tucumán, hizo hace más de 20 años la denuncia ante la Justicia Federal que permitió identificar el Pozo de Vargas. También avisó sobre la existencia de sepulcros clandestinos en el Cementerio del Norte. Romero dijo que esas acciones habían justificado su paso por el peronismo y solicitó que se normalice el envío de fondos para que concluyan las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad. “Es necesario que la Justicia Federal finalice lo que empezó en las fosas comunes. Me preocupa la parálisis registrada en el Pozo de Vargas incluso desde antes de la pandemia, pero, sobre todo, la falta de avances en el Cementerio del Norte”, expresó este lunes Romero, quien trabajó en la comisión bicameral de Derechos Humanos durante los años 80.
El funcionario municipal expresó que él llegó a identificar el Pozo de Vargas a partir del acceso a un disco con fotos satelitales que le proporcionó un militante justicialista. En ese momento era director de Transporte y, como recordó, él ya había tomado contacto con las violaciones de derechos cometidos durante la dictadura en la comisión bicameral, donde también intervinieron las luego ex juezas Alicia Noli y Liliana Vitar.
Romero añadió que, cuando recibió la información sobre las fosas, denunció la situación y alegó que el derecho a la verdad histórica debía preservarse. “Yo quería que los desaparecidos aparecieran. El ex juez federal Felipe Federico Terán me preguntó si estaba seguro de lo que hacía. En ese momento no había demasiado interés. Siempre advertí cierta reticencia por parte de la Justicia”, opinó.
Y agregó: “la prueba de ello es que también está paralizada la tarea del Arsenal. A mí me parece que son lugares que alojan los pasajes más terribles de nuestra historia. El Pozo en particular debe quedar como un monumento de lo que no se debe hacer”.
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