24 Enero 2022
Origen del lugar.- El Pozo de Vargas, ubicado Tafí Viejo, se encontraba dentro de una finca privada que pertenecía a Antonio Vargas. A partir de los testimonios de Pedro Mercado, Juan Carlos Díaz y Santos Molina, hacia fines de 2001, se inicia el primer relevamiento de la zona. Los denunciantes señalaban que ese pozo era empleado para ocultar los cuerpos de personas que habían sido secuestradas durante la última dictadura militar.
Denuncia y expropiación.- El informe con las denuncias sobre la existencia de un pozo de inhumación clandestina se presenta en el Juzgado Federal de Tucumán y esto da lugar a una pericia en abril de 2002.
Pozo de agua.- “A tan solo dos semanas del comienzo del trabajo de campo se encuentra la construcción subterránea, que era un pozo de agua diseñado por los ingleses, vinculada al mundo ferroviario, y que tenía como fin abastecer de agua a las máquinas de vapor”, explica el perito forense Víctor Ataliva, integrante del Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES, Conicet-UNT). Formó parte del primer equipo forense local de la UNT en el grupo interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán. De esta primera experiencia se conformó el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) (Fuente: conicet.gov.ar).
Piedras y destrucción del pozo.- Una vez que las fuerzas represivas decidieron no seguir empleando el pozo destruyeron su entorno y arrojaron los restos de esas construcciones en su interior. Luego camiones con tierra terminaron de cubrir el pozo para ocultar las evidencias. En un comienzo se utilizaron palas y hasta un malacate para extraer bloques de mamposteria de hasta 200 kilos.
Las víctimas.- Del total de víctimas cuyos restos se encontraron en el pozo, un importante número provenía del centro clandestino que funcionó en la compañía Arsenales, de Tucumán. Dentro de ese colectivo había personas del mundo azucarero, obreros del surco, obreros de los talleres de Tafí Viejo, militantes políticos y sociales, estudiantes, docentes y egresados de la UNT.
Reconocen la deuda.- Según el eldiarioar, el Consejo de la Magistratura reconoció que se debe a los peritos del Pozo de Vargas los honorarios correspondientes a dos años de trabajo (2020 y 2021) además un mes del 2019. Pero no se sabe a ciencia cierta de cuánto es la deuda. La arqueóloga María Gloria Colaneri, coordinadora de los trabajos de campo y laboratorio en el Pozo de Vargas, consultada por eldiarioar indicó que espera que la situación “se resuelva cuanto antes”.
Qué más se puede encontrar.- “Si el Consejo de la Magistratura libera los fondos ya este año se podrían terminar los trabajos dentro del pozo de Vargas”, señala Josefina Molina (foto, con la remera con el rostro de su padre). Ya se ha realizado el grueso del trabajo. Los investigadores esperan encontrar restos óseos pequeños, quizás balas que estaban alojadas en los cuerpos de las víctimas y algunas pertenencias personales. Todavía quedan varias familias que aún esperan la recuperación e identificación de sus familiares.
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