21 Enero 2022
EN LA MIRA. La marcha del 1 de febrero es para pedir la renuncia de los magistrados.
Mientras la marcha para “Echar a la Corte” del 1 de febrero continua tomando forma con el respaldo del ala sindical del kirchnerismo y demás sectores sociales aliados, un grupo de profesores y abogados de todo el país se pronunció a través de un comunicado ante la “embestida institucional” del Gobierno contra el Poder Judicial y convocó a una contramarcha para el 3 de febrero.
En relación a la movilización que se manifestará contra los miembros del máximo órgano de Justicia, Luis D’Elia encabezará un encuentro con otros sindicalistas para sumarlos a la marcha. Está previsto que confluyan el secretario general de la CTA y diputado nacional Hugo Yasky y el secretario general del gremio estatal de ATE, Hugo Godoy.
Por su parte Hugo y Pablo Moyano manifestaron públicamente su adhesión al encuentro “por una cuestión de dignidad” hacia la organización sindical de Camioneros. Aunque desde el Gobierno puntualizaron que no se trata de una convocatoria propia, sí se pronunciaron a favor de que “todas las personas se puedan expresar libremente” y recordaron que trabajan en una reforma judicial desde que asumió el presidente, Alberto Fernández.
En medio de este contexto, letrados autoconvocados de todo el país redactaron una misiva en la que manifestaron su negativa “a la marcha convocada para el 1 de febrero de 2022, uno de cuyos lemas es ‘Echar a la Corte’. Se pretende así forzar inconstitucionalmente la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
El documento sostiene que “esa manifestación constituye un inadmisible intento de presionar al Poder Judicial, lo que afecta seriamente su independencia. Más grave aún resulta el apoyo otorgado a esa movilización por parte de integrantes de los tres poderes del Gobierno federal, en abierta violación de la separación de poderes establecida en la Constitución Nacional”.
“Especialmente censurables son las expresiones del presidente de la Nación, de ministros del Poder Ejecutivo, del secretario de justicia de la Nación y de un integrante del Poder Judicial. En este último caso, su activa participación como convocante de esa marcha destinada a lograr ilegalmente el reemplazo de los integrantes del máximo tribunal de la República constituye una causal de remoción de su cargo a través del mecanismo constitucionalmente previsto para tal fin”, remarca la publicación.
La convocatoria “para defender la independencia judicial, sin ningún tipo de identificación partidaria” será el jueves 3 a las 19 en Plaza Lavalle (Ciudad de Buenos Aires). Desde la organización de la contramarcha remarcan que este movimiento nació para “defender la institución de la Corte Suprema, la República y la Constitución Nacional”.
“Consideramos que existe un pronunciamiento muy claro del Poder Ejecutivo y actores de la política cercanos al poder que intentan socavar los poderes instituidos de la República”, exclamó uno de los abogados firmantes.
Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires e impulsor de esta actividad, señaló a La Nación que una marcha contra los jueces de la Corte “genera un impacto gravísimo en la sociedad”. “Gran parte de la sociedad repudia este tipo de maniobras”, indicó y remarcó que los ataques al Poder Judicial “siembran dudas en la población acerca de si los jueces son independientes o no”.
En relación al tema, la mayoría de los referentes de Juntos por el Cambio no se expidieron, pero Alfredo Cornejo, presidente del interbloque opositor en el Senado, no dudó en reprochar la marcha impulsada por aliados del Gobierno.
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