17 Enero 2022
LA GACETA/FOTO DE ANTONIO FERRONI
El anteproyecto que promueve la estatización del servicio público de pasajeros, mediante la creación de una empresa pública que se haga cargo del servicio, podría representar una erogación millonaria para la Provincia si prosperase y se convirtiera en ley.
La propuesta del presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, establece que la Sociedad Anónima Estatal de Transporte Automotor de Tucumán (Satratuc) organizará y explotará el servicio. Y también podrá subconcesionar líneas, lo cual en un principio sería la única vía posible, considerando que esa empresa pública no contaría, al comienzo, con ningún colectivo propio.
Luego, la iniciativa de Juri establece que en los casos de subconcesiones, la sociedad anónima estatal “deberá garantizar la rentabilidad de los prestadores, pudiendo tomar como criterio los kilómetros recorridos”.
Fuentes municipales dijeron a LA GACETA, que el compromiso de pagar a las empresas de transporte por kilómetro recorrido implica cubrir los costos de capitalización y mantenimiento hoy de las unidades. Lo cual rondaría los $ 165 por kilómetro.
En el Gran San Miguel de Tucumán circulan unos 800 ómnibus: cada uno recorre 6.500 kilómetros mensuales. Esto equivale a que la sociedad anónima estatal propuesta debería hacerse cargo de los costos de 5,2 millones de kilómetros cada mes.
El resultado: el Gobierno debería invertir aproximadamente $ 858 millones mensuales para afrontar la estatización del transporte público de pasajeros sólo en el Gran San Miguel de Tucumán. La anualización de ese monto roza los $ 10.300 millones.
Escenario complejo
Según fuentes municipales la resolución de la crisis del transporte público que afecta año tras año a Tucumán (en 2020 se afrontaron casi 60 días de huelga en la Capital por incumplimientos salariales de las empresas con los choferes) debería pasar por impulsar una distribución justa de los subsidios nacionales.
En un esquema equitativo de asignación de esos recursos, el 53% de los subsidios debería destinarse al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el 47% restante al interior del país.
La realidad dista muchos kilómetros de esa proporción. Durante la gestión de Cambiemos, los fondos destinados al AMBA representaron el 98% de los subsidios nacionales para el transporte. En 2021 se morigeró ese desequilibrio: el 85% fue para el AMBA y el 15% para el resto de los distritos argentinos.
A escala, de cada $ 10 de subsidios que la Nación destina al Transporte Público, $ 8,50 son para el AMBA y $ 1,50 para el interior. De esta última porción, a Tucumán le corresponde solamente 10 centavos.
De acuerdo con fuentes municipales, en el Gran San Miguel, los 800 colectivos que circulan actualmente tienen un consumo aproximado de 3,1 millones de litros de gasoil por mes. Esto equivale a 130 litros por día por cada unidad. A $ 95 por litro de gas oíl, esto representa un gasto de $ 304 millones mensuales.
Paralelamente, el costo en salarios para el personal del transporte (un chofer con 15 años de escalafón gana unos 180.000), incluyendo gastos sociales, ronda los $ 684 millones mensuales.
La suma de estos dos gastos da como resultado $ 988 millones mensuales. O sea, $ 130 millones más que lo que las empresas obtendrían por el ya oneroso desembolso estatal por el pago de los kilómetros recorridos.
Es decir, las empresas seguirían sin poder cubrir sus costos.
El escenario se complica aún más respecto de los ingresos que tendría la Satratuc por el cobro de boletos, ya que la demanda del servicio ha caído abruptamente.
Según datos oficiales, la cantidad de viajes en colectivos metropolitanos en 2019 fue de 47,9 milones, mientras que en 2021 sólo sumaron menos de 28,3 millones. Es una caída del 41%. En las líneas urbanas, los pasajes cayeron de 55,6 millones a 28,2 millones en igual lapso. Una caída del 49%.
Según la fuente ofical, la problemática debe ser abordada con Plan Estratégico para los próximos 30 años. Ese programa debería incluir el equilibrio en la distribución de subsidios; la reconversión de los colectivos para que usen GNC (generaría un ahorro del 38%: $ 115 millones por mes); y que las cargas impositivas al GNC para los ómnibus no superen el 20% de las correspondientes al gasoil. (Producción periodística de Graciela Di Vico).
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Crisis del transporte
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