Esta semana tuvo lugar uno de los hechos políticos más graves en la historia democrática argentina en general, y de las relaciones exteriores del país en particular. El Gobierno nacional, a través de su representación diplomática, compartió palco en Managua con el iraní Mohsen Rezai, acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado contra la Argentina perpetrado mediante la voladura de la AMIA en 1994, que dejó un saldo de 85 compatriotas muertos. Es el peor ataque terrorista de nuestra historia y en contra de Rezai hay libradas circulares rojas por la Interpol, con la consiguiente orden de detención internacional.
Sin embargo, el embajador argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich, no alertó a la Argentina sobre la presencia de Rezai, actual vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, quién arribó a ese país como invitado especial del sandinismo. No sólo eso: el diplomático argentino participó de todo el acto de reasunción de Daniel Ortega al frente del régimen de Nicaragua, sin emitir queja, ni pedir la detención y ni siquiera retirarse cuando fue advertido de la asistencia del funcionario persa. Esto fue severamente cuestionado no sólo por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), sino también por la oposición. Por estas horas se baraja la posibilidad de impulsar un pedido de interpelación en el Congreso a Capitanich y al canciller argentino, Santiago Cafiero.
El hecho no se ha agotado allí. La Cancillería reaccionó luego de que los principales diarios de circulación nacional advirtieran la presencia de Rezai en Managua y, primero, emitió un comunicado repudiando la presencia del funcionario iraní. Luego, envió una nota a Ortega con el reclamo por la invitación cursada a un hombre buscado por un hecho que enlutó no sólo a la Argentina sino a toda América Latina. Sin embargo, el mandatario nicaragüense, avalado por la Casa Rosada tras las últimas elecciones en que media docena de candidatos opositores a la Presidencia fueron encarcelados, ha ignorado los reclamos de nuestro país.
Detonado el escándalo, tanto la Cancillería como la Policía Federal pidieron la detención de Rezai. La respuesta: Ortega junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, volvieron a reunirse con Rezai, para “discutir un acuerdo de cooperación”.
Pero no sólo de Managua han llegado los desaires: en las fotos de la reasunción de Ortega, una de las más difundidas por el régimen sandinista es la que muestra, sonrientes, a Ortega junto con Rezai y con los mandatarios Nicolás Maduro, de Venezuela, y Miguel Díaz-Canel, de Cuba. Todos ellos apoyados por el Gobierno argentino.
En contraste, los repudios internacionales han llegado de organismos y países que a menudo merecen cuestionamientos por parte del actual oficialismo argentino. La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó la visita de Rezai en Nicaragua y pidió su inmediata detención. Estados Unidos se sumó a las objeciones y advirtió que la presencia del iraní “socava la democracia y la seguridad en la región”.
En 1994, Rezai era comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán. Hoy integra el gobierno de Ebrahim Raisi, junto con otro ministro acusado por el atentado a la mutual: Ahmad Vahidi es jefe de la cartera de Interior, y también tiene pedido de captura pedido por Argentina.
El esclarecimiento del atentado contra la Argentina perpetrado en 1994, y la condena de sus culpables, debe ser una causa nacional y una política de Estado que, como tal, también sea determinante en las políticas de gobierno, especialmente en materia de relaciones exteriores.