Las críticas de Fernández a la Corte encienden a la oposición

En el comienzo de 2022 se está profundizando el malestar que el oficialismo expresó el año pasado respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estrategia que ofrece un punto de cohesión para una oposición ocupada en las diferencias internas que aparecieron tras ganar las últimas elecciones. Está previsto que esa tensión se manifieste durante el primer día hábil judicial, martes 1 de febrero, en una concentración impulsada por el kirchnerismo con la consigna #1FMarchamosALaCorte. El presidente Alberto Fernández reforzó el clima beligerante al opinar este lunes que el organismo “tiene serios problemas de funcionamiento”: precisó que no lo decía por él ni por “un vicepresidente”, sino por la ciudadanía. Esos comentarios y un aval a la marcha de Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, generaron la reacción de los líderes de Juntos por el Cambio, quienes consideraron que existe un ataque gravísimo a la institucionalidad republicana para lograr fallos favorables al Gobierno y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A la cabeza de la protesta del #1F están el juez Juan Ramos Padilla y Luis D’Elía, dirigente piquetero, quien exige aumentar el número de integrantes de la Corte (hoy son cinco) e implementar “controles populares”. “El final del lawfare en la Argentina se tiene que terminar con el pueblo en la calle y que echemos a patadas a esta Corte miserable”, dijo D’Elía, aunque enseguida aclaró que retiraba “lo de patadas porque nadie quiere violencia”, según informó el diario Clarín. D’Elía expuso que fue víctima de una campaña de espionaje ilegal desarrollada por los servicios de inteligencia durante la administración de Mauricio Macri. Estas acusaciones surgieron luego de la revelación de que hubo una reunión entre espías, empresarios y funcionarios del Gobierno de la hoy diputada María Eugenia Vidal para avanzar judicialmente contra el sindicalista Juan Pablo Medina, escándalo que se conoce como “Gestapo Antisindical”.

“Es muy positivo cuando la gente, sin intermediarios, da su opinión a los poderes hegemónicos porque estamos llegando a límites que el Gobierno de Mauricio Macri superó”, había manifestado el viceministro Mena respecto de la marcha. Y había añadido, en referencia a la “Gestapo Antisindical”, que pocas veces en la historia del crimen “se puede tener filmado a todo color a una asociación ilícita disponiéndose a organizar una serie de delitos gravísimos que atentan contra el funcionamiento del sistema democrático”.

Figuras de Juntos por el Cambio y dirigentes de otros ámbitos pidieron al Poder Ejecutivo que cese en las agresiones. “Me parece muy grave el ataque y el avance del Gobierno. Que funcionarios nacionales participen, con el aval del Presidente, de una marcha para pedir la renuncia de la Corte es gravísimo”, opinó ayer Horacio Rodríguez Larreta, presidenciable y jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Luis Juez, senador cordobés, expresó que el oficialismo no había tomado nota de su derrota electoral. “Estos tipos no tienen ningún valor democrático. Si fuera al revés, le pregunto a Mena, si mañana la Corte dijera ‘vamos a hacer una marcha al Obelisco contra (el presidente) Alberto Fernández’, ¿Cómo lo tomarían ellos?”, inquirió.

Patricia Bullrich, presidenta de Pro, tuiteó: “las declaraciones (del oficialismo sobre la Corte) no hacen más que ratificar lo que venimos diciendo acerca de que el verdadero plan del Gobierno es colonizar la Justicia para destruir la división de poderes de la República y garantizar la impunidad del kirchnerismo. Seguiremos luchando por una Justicia independiente”.

El Presidente ya había disparado contra el máximo estrado del país a mediados de diciembre, cuando se comprometió a impulsar un debate público para lograr “el mejor diseño” de aquel. En esos días, el estrado declaró la inconstitucionalidad de la remodelación del Consejo de la Magistratura de la Nación promovida durante la presidencia de Néstor Kirchner, en 2006. Esa modificación había quitado al titular de la Corte de la mesa del Consejo, y aumentado la incidencia política en la institución.

La intención de remodelar la Corte y la Justicia forma parte del plan que Fernández expuso en los dos discursos que brindó como jefe de Estado ante la Asamblea Legislativa. Pero tales iniciativas chocaron en la Cámara de Diputados donde el oficialismo necesitaba a la oposición para habilitar las sesiones y quedaron “archivadas” tras los comicios de 2021, donde la coalición gobernante incluso perdió el quórum propio en el Senado.

Cada proyecto de ley tendiente a modificar el sistema judicial debe pasar ahora por un escrutinio mayor al que Fernández tuvo en la primera mitad de su mandato. Esta situación se traduciría en cuestionamientos discursivos sin posibilidades de convertirse en hechos, como acredita la circunstancia de que el Presidente no propuso aún un nombre para cubrir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en la Corte de la Nación. La designación requiere del acuerdo de los dos tercios del Senado, situación que obliga a consensuar el nombramiento con los bloques opositores. Es por esta razón que desde octubre la cabeza de la Justicia argentina funciona con cuatro integrantes: el presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

En este estado de parálisis, donde ni siquiera pudo cubrir el cargo del Procurador General de la Nación, el Poder Ejecutivo de la Nación no oculta su enojo con los espacios de los Tribunales que considera afines al lawfare o guerra judicial para destruir a figuras políticas, entre ellas la vicepresidenta, quien enfrenta causas penales por supuestos hechos de corrupción. Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, verbalizó esa posición al salir de una reunión protocolar con los ministros de la Corte el 7 de diciembre. “Les expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia en los últimos cinco años, consecuencia directa de la mesa judicial que conformó el Gobierno anterior para presionar jueces. La propia Corte tiene una crisis de funcionamiento que atenta contra su legitimidad”, había tuiteado Soria.