Por Nahuel Toledo
07 Enero 2022
POSICIONAMIENTO. La mesa de conducción de Juntos por el Cambio no cuestionó el fallo de la Corte de Justicia, pero remarcó que la provincia “necesita con urgencia una ley de acceso a información pública”.
En el ambiente de la política provincial sigue generando repercusiones el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que rechazó el amparo presentado por Luis Iriarte para conocer la nómina del personal del Poder Legislativo. En relación a esto, distintos espacios de la oposición manifestaron su malestar por el impacto institucional que representa la negativa del alto tribunal a un pedido de información pública y apuntaron contra el oficialismo provincial por oponerse sistemáticamente a iniciativas que busquen garantizar la transparencia y el control.
A raíz de los sucesos, el partido CREO emitió un comunicado con un contundente mensaje. “Queremos saber más, queremos saber cuánto gana un Legislador, cuánto trabaja, cuántos contratos tiene a su cargo, de qué privilegios se benefician, quiénes son y muchas cosas más”, manifestaron luego de calificar como “triste noticia” a la decisión adoptada por la Corte.
En diálogo con LA GACETA, Sebastián Murga, fundador de Creo y presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, rubricó la postura partidaria y enfatizó que el rechazo al pedido del amparista Iriarte “sienta un pésimo antecedente” porque “desprestigia a los jueces que dictaron el fallo y a gran parte de un Poder Judicial ya cuestionado, que debe entender de una vez por todas que es una obligación informar a la ciudadanía con datos oficiales”.
Teniendo en cuenta que la Corte argumentó la improcedencia del amparo basándose en la Ley Nacional de Protección de Datos Personales (25.326) la cual define como tales a la “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal”, y, como “datos sensibles”, a aquellos “datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, e información referente a la salud o a la vida sexual”, Murga enfatizó que “lo único sensible es lo mal que se está viviendo en Tucumán a falta de una administración que no encuentra la vuelta y no quiere bajar el gasto”. “Lo que pasó en la Corte demuestra el bajo, el mal nivel institucional que hay, la falta de profesionalismo y la falta de darse cuenta que están alejados de la realidad. No se toma en cuenta el mérito y para estar a cargo de instituciones de esta importancia hay que tener mérito. En Tucumán estamos hartos de una clase dirigente con privilegios”, agregó.
Voluntad de ocultar
Nadima Pecci, una de las recientes incorporaciones de JxC, remarcó que la determinación del máximo órgano de Justicia y la posición del gobierno provincial ante el tema “refleja lo que es la voluntad de la mayoría para mantener la situación en el secretismo”. “Es importante seguir haciendo notar que es el oficialismo quien oculta. Todo lo que implica control es rechazado en la Legislatura porque siempre se busca evitar el control y la publicidad de los actos públicos”, dijo.
En este sentido, la dirigente del bloque Valores Republicanos expresó que la comunidad de la provincia debe tener la posibilidad de conocer todos los movimientos que realiza el Estado con fondos públicos y sostuvo la necesidad de que se discutan leyes en esta dirección, en el recinto legislativo. “El primer proyecto que presenté justamente pretendía que se diera a conocer el listado de personal de cada legislador, no el nombre por la protección de los derechos individuales, pero si la nómina y el presupuesto de todos los legisladores. Se planteaba un equilibrio entre la cantidad de personal por bloques, en diferencia con el personal de Cámara porque ese presupuesto no puede ser igual al del personal temporal o de planta. Y se buscaba estableces una equidad entre los legisladores. De hecho cuando se fracturó el oficialismo se conoció la cantidad exorbitante de empleados que tenía un bloque y que no guarda proporción con nada”.
Falta de fuerza
El legislador provincial Raúl Albarracín reconoció que todo lo acontecido en torno al amparo y al fallo se podría haber evitado si la provincia estaría dotada de calidad institucional con leyes garanticen el acceso a la información pública o que promuevan la ética pública. “Son deudas que tenemos con la calidad institucional y desde nuestro lugar no tenemos la fuerza necesaria, por no tener los números, y hacer que se plasmen esas normas en el ordenamiento jurídico provincial”, manifestó.
“Carroñero”
Alejandro Sangenis
El concejal de Yerba Buena cargó contra el amparista Luis Iriarte y remarcó “sólo la ofensa y la diatriba forman parte del vocabulario de este verdadero tránsfuga que se paseó por cuanto partido encontró”.
Hartazgo
Sebastián Murga
El fundador de CREO enfatizó que el fallo “sienta un pésimo antecedente” porque “desprestigia a los jueces que lo dictaron y a gran parte de un Poder Judicial ya cuestionado” en la provincia.
Sin respuestas
Raúl Albarracín
En relación a la falta de normas que garanticen el acceso a información pública, el legislador indicó que en 2021 presentó 19 pedidos de informes y sólo se le contestó uno solo.
Voluntad política
Nadima Pecci
La dirigente del bloque Valores Republicanos cuestionó el rol del oficialismo al bloquear las propuestas que realiza la oposición para controlar y transparentar la administración de la cosa pública.
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