“La Corte optó por congraciarse con el oficialismo de turno”

“Escandalosa y cortesana”, así calificó Luis Iriarte a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán luego de que conociera la negativa al amparo presentado para acceder a la nómina del personal del Poder Legislativo. Entre los argumentos esgrimidos para adoptar dicha postura, los jueces del alto tribunal indicaron que la Ley Nacional 27.275 exceptúa de la obligación de brindar el acceso cuando “se trataba de información que contenga datos personales y no pueda brindarse mediante la aplicación de los procedimientos de disociación”. Los vocales dijeron que la Ley Nacional de Protección de Datos Personales (25.326) definía como tales a la “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal”, y, como “datos sensibles”, a aquellos “datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, e información referente a la salud o a la vida sexual”.

Ante este contexto, el amparista Iriarte cuestionó el rechazo entendiendo que el amparo “estuvo fundado en el derecho de acceso a la información pública consagrado por nuestra forma republicana de gobierno, por normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con jerarquía constitucional y por la Carta Democrática Interamericana”. “La Corte de Justicia, con la firma de su presidente Daniel Leiva, de estrecha vinculación política con el actual gobernador interino Osvaldo Jaldo, de Eleonora Rodríguez Campos, Daniel Posse y el camarista Sergio Gandur, dictó sentencia rechazando mi acción de amparo”, dijo el ex convencional constituyente. Y agregó: “peticioné, en esa acción, la publicación de la nómina de todo el personal, permanente y temporario, incluyendo sus documentos de identidad y de asesores de legisladores, incluyendo sus remuneraciones mensuales, que se desempeñaron durante la gestión de Jaldo como Vicegobernador desde 2015 hasta junio de 2020. Vinculé mi reclamo con las astronómicas sumas asignadas al presupuesto legislativo, una de las más caras del país, que pagan los contribuyentes cumpliendo sus gravosas obligaciones fiscales”.

La Corte reseñó que la acción de amparo promovida contra la Provincia de Tucumán buscaba que se ordene al vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, la publicación en la página web de la Legislatura de la nómina completa de los empleados permanentes, temporarios, de cada bloque legislativo y de cada legislador, cualquiera sea su denominación (empleado o asesores), con especificación de los documentos de identidad y del monto mensual percibido por cada uno, que se hubieren desempeñado desde el inicio de su gestión en 2015 hasta junio inclusive 2020.

“El amparista invoca, en suma, ‘la sospecha de un uso y abuso de los recursos públicos aplicados discrecionalmente al nombramiento de ‘amigos del poder’ o de ‘familiares del poder’, o de ‘militantes del poder’, todo pagado con el dinero recaudado de los contribuyentes, para que, en muchos casos, ‘trabajen’ territorialmente en los procesos electorales por la candidatura de quien los nombró o de quien pidió su nombramiento”, citó la Corte.

En relación a esto, Iriarte expresó a LA GACETA que “falsamente” la Corte afirmó que su intención “fue exponer la opinión política de las personas que se desempeñaron y desempeñan como empleados legislativos, al peticionar la publicación de los datos de sus nombramientos, y que esa información era ‘dato sensible’ porque ‘revelaría la opinión política de cada una de esas personas involucradas’”. “Sospeché, dado el estricto secretismo en torno a estos datos, que era posible pensar en un uso y abuso de los recursos públicos en la Legislatura, aplicados discrecionalmente a ‘amigos del poder’ o a ‘familiares del poder’, o a ‘militantes del poder’, con consecuencias relevantes en los procesos político-electorales, afectando la igualdad de oportunidades para postulaciones a cargos públicos”, señaló.

“Capataz de estancia”

“Lo que nunca pude imaginar fue que el vicegobernador, por su enfrentamiento personal con Juan Manzur, cesanteara mil cien empleados contratados a pedido de legisladores que expresaban su adhesión política al Gobernador”, enfatizó Iriarte y comparó al actual titular del Poder Ejecutivo con un “capataz de estancia” por el manejo realizado con el dinero público. “Esto da una idea aproximada de la importancia de conocer y divulgar la información requerida en mi amparo”, remarcó.

Finalmente, el letrado recalcó que por decisión política de quienes gobiernan, la provincia todavía no tiene ley de acceso a la información pública. “La sentencia dictada pudo suplir esta ausencia de ley reglamentaria ordenando la publicación de esta esencial información. Optó por congraciarse con el oficialismo de turno. Gravísimo, por cierto”, concluyó.