“El doble crimen de los Gardelitos”, segunda parte: Tormenta política por el caso

El brutal homicidio de Santos Pastor Aguirre y Enrique Soria ocurrido el 31 de diciembre de 1986 fue en realidad un anticipo de lo que ocurriría en nuestra provincia en 1987. Un año electoral, donde la cuestión de seguridad terminó atrapando la atención pública. Los casos que fueron registrándose a lo largo de esos 12 meses fueron verdaderas tormentas políticas de verano. Descargaban toda su furia y, a las pocas semanas, la mayoría de los tucumanos se olvidaban de lo que había sucedido. Esa quizás sea una de las principales razones por la que la mayoría de esos hechos quedaron impunes. Y ese también fue el argumento más sólido que nos permite entender por qué esos grupos lograron crecer o mantenerse durante tanto tiempo.

Pero ese caso, en realidad, se transformó en un anticipo de lo que ocurriría en 1987. Antes de que Ángel “El Mono” y Rubén “La Chancha” Ale y Jorge “La Bruja” Vázquez (su verdadero apellido sería Vázquez Carranza y era familia de al menos un funcionario de la época) se entregaran a las autoridades después de casi tres meses de mantenerse prófugos, en Tucumán se produjeron otros hechos graves, gravísimos. En enero, en un descampado, fueron encontrados los restos de Gladys Arias, una joven que fue secuestrada, abusada y luego asesinada. Por el hecho, fueron acusados los llamados “Los jinetes de la Muerte” que con el tiempo se descubriría que ellos no habían sido los autores del aberrante homicidio. (Los detalles de este caso se pueden leer acá).

En febrero fue secuestrado el empresario metalúrgico Rafael Berardi, que fue asesinado días después por una banda que había cometido varios secuestros extorsivos en distintas provincias de la región. Y después de que se presentaran los acusados del doble crimen, los episodios que generaron sospechas y vinculaciones políticas se repetían una y otra vez. El más emblemático de todos se registró en Yerba Buena. Se lo conoció como “El doble crimen de ‘Comequeso’”. (Los detalles de este hecho se publicaron acá y acá).

Una señal

A los días de haberse registrado el doble homicidio, hubo una señal que espantó a los poderes políticos de la provincia. “Fue repartido ayer en diversos medios en un comunicado emitido por una autotitulada Agrupación de Recuperación Policial en el que se mencionan nombres de los que participaron en el homicidio de los ‘Gardelitos’, entre los que se encuentran los buscados por la Policía y otros perfectamente individualizados. Además, se señala a los funcionarios, magistrados y otros hombres -también un ex juez- como protectores de la banda de los Ale y se agregó que en un próximo comunicado, habrá mayores detalles sobre la relación entre los nombrados y los Ale”, publicó LA GACETA. El anónimo generó un vendaval de reacciones.

Detrás de ese comunicado hubo otras cuestiones. La Agrupación de Recuperación Policial era nada menos el grupo que luego se transformó en el tristemente célebre “Comando Atila, el azote de Dios”, ese grupo de personas disfrazados de policías que habrían cometido todo tipo de atropello para quedarse con las actividades clandestinas (prostitución, tráfico de droga y máquinas de juego) que empezaban a florecer en la provincia. Los efectivos, en una vieja práctica de los años de plomo, denunciaron que los Ale trabajaban para dirigentes radicales y hasta, en algún momento, llegaron a ser custodios del ex intendente Rubén Chebaia. Entre los jueces protectores aparecía el nombre de Eduardo Bichara, el primer magistrado que intervino en la causa.

“No puede ser que el intendente, los legisladores y un concejal estén siendo involucrados en este caso. La oposición quiere convertir un ajuste de cuentas en un hecho político”, declaró desafiante el ya fallecido Gumersindo Parajón, que en esos días era edil de la capital. “Mi nombre fue involucrado a través de un panfleto, al mejor estilo de los servicios. No puedo permitir que se enlode a los hombres políticos, por lo que de inmediato solicitaré a la Junta del Gobierno del partido una amplia investigación. Si alguno estuviera comprometido -enfatizó- que se lo aleje de la UCR”, dijo Parajón. “Discrepo con el método de algunos legisladores que tienen guardaespaldas -añadió- porque el único guardaespaldas es el pueblo. Quizás he cometido un pecado al haber hecho un legislador, pero a través de 30 años yo le enseñé que es la liberación, la dependencia, el campo popular, pero jamás la inmoralidad”, disparó contra un correligionario. Por supuesto que su idea de investigar quedó como una buena intención y nada más.

“El cruento ataque pareciera haber abierto el acceso de un infierno dantesco, cuya existencia ignorada por lo menos por la gente desprevenida de la ciudad”, escribió en su “Panorama Tucumano” el periodista de LA GACETA Julio Aldonate. Ese maestro del periodismo tucumano tenía la enorme capacidad de atar los cabos sueltos y de mirar bajo el agua cuando se desataba una tormenta política. “La primera pista la dio el diputado peronista Raúl Penna (PJ), cuando en plena sesión de la Cámara de Diputados lanzó una acusación que conmovió la estructura institucional de la provincia”, añadió en la columna que tituló “Los largos paseos nocturnos”.

Aldonate contó que Penna había detallado la existencia de bandas delictivas protegidas por políticos y magistrados. “El ministro fiscal de la Corte, cuando pudo compulsar la versión taquigráfica de la sesión comprobó sin embargo que la alusión a la Justicia había sido tachada y borrada con un trazo de tinta. Quedó el camino abierto a la sospecha, que indujo al fiscal a recurrir a la caballerosidad del legislador, para que diera con los nombres de los involucrados”, escribió Aldonate. Por las dudas, el periodista transcribió esas palabras y desde ese momento tiene un importante valor histórico. “Pero quienes tuvimos acceso a la versión virgen, antes de la tachadura, pudimos leer la acusación en toda su crudeza: ‘en la Marco Avellaneda al 600, después de las 21, pasan de la mano los rufianes con las autoridades y la Justicia. Esto me avergüenza -añadió el legislador justicialista- y silenciarlo es ser cobarde o cómplice y el silencio sólo lo van a conseguir cuando vea que en mi provincia hay una justicia correcta y merecedora, porque así debe ser en la democracia”, escribió.

El periodista también relató que al tomar estado público el caso, hubo movimientos en la Corte Suprema de Justicia de la provincia. El ministro fiscal y los jueces del máximo tribunal le pidieron a Penna que diera explicaciones sobre sus dichos. Pero el diputado guardó silencio: sólo dijo que lo suyo había sido un “giro gramatical” (sic). Sí, leyó bien, se retractó en todos sus dichos. “No obstante ello ha quedado abierto ante la opinión pública un terrible interrogante. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Se trata de una organización tenebrosa que ha tomado en sus garras a la ciudad? ¿Qué es lo que ha impulsado al diputado Penna a utilizar un giro gramatical tan difícil de explicar? ¿Es que realmente existen magistrados que por intimidación o complicidad se pasean de noche de la mano de los rufianes?”, se preguntó Aldonate en esa columna. Sin saberlo, el tiempo se encargaría de responder cada uno de los interrogantes que planteó en ese análisis publicado el 11 de enero de 1987. Eso sí, ningún dirigente se atrevió a hacerlo.

Los hechos acontecidos en nuestra provincia en los primeros meses de 1987 se transformaron en terreno fértil para los opositores del gobierno de Fernando Riera y del candidato a quedarse con el sillón de Lucas Córdoba, José Domato. “Delincuencia sin control, desorden, inoperancia de las instituciones, ineficiencia evidente de quienes nos gobiernan y una opinión cómplice de la ruina y el engaño, han creado una situación que ya es insoportable para todos los tucumanos”, se puede leer en la propaganda de una página publicada por nuestro diario el domingo 15 de marzo de ese año bajo el título “No sea cómplice” cuando se presentaba oficialmente la Alianza del Centro. La situación de la provincia y el discurso de este sector de la oposición pareciera no haber cambiado en los últimos 35 años.

Otra pista

Juan Carlos Beduino fue uno de los tres sobrevivientes del ataque. Su cuerpo resistió los tres balazos que había recibido. La Justicia, pese a ser un testigo presencial, jamás tuvo en cuenta su relato. Pero él fue el encargado de dar a conocer algunas cuestiones de los hombres que lo atacaron ese fatídico 31 de diciembre de 1986. “¿Quién los mantiene? ¿Dónde están sus aguantaderos? ¿Qué poder gubernamental les brinda protección?”, se preguntó en un extenso escrito que presentó ante la justicia cuando se transformó en querellante de la causa patrocinado por el ya fallecido abogado Juan Carlos Ponssa. Describió a los Ale como “vagos y viciosos a los cuales se les atribuye diversos hechos en Tucumán que hasta la fecha están impunes: lesiones gravísimas por sus cómplices a los abogados Guillermo Herrera (el hombre que perdió un ojo y que llegó a ser fiscal de instrucción) y Miguel Ángel Roldán Vázquez, un homicidio alevoso a un joven, violaciones y vejámenes cuyas víctimas no se atreven a denunciarlos porque ellos dicen tener un escudo de protección especial”.

En cuanto a la protección, siempre según Beduino, provenía de “usureros y cafiolos a los cuales ellos sangran”. También los definió como “el escuadrón de la Muerte de Tucumán, los pesados del Mercado de Abasto, y es así que por encargo de alguien deciden eliminar, según su propia moral, a la familia Soria, puesto que para ellos son choros baratos, un obstáculo, posibles informantes. Saben que esta vieja familia se reúne en Tucumán para festeja las fiestas tradicionales”. Por último, pidió que el juez Bichara no interviniera en la causa por tener una “estrecha amistad” con los acusados. “El Mono” Ale negó a LA GACETA que por este caso hayan recibido algún tipo de protección política.

Pero faltaba un detalle más en esta historia. La postura de los trabajadores del Mercado de Abasto, donde los Ale eran amos y señores. “Defienden a los hermanos Ale”, publicó LA GACETA una nota donde puesteros, empleados y peones del ya desaparecido centro de compras defendieron a los acusados. “Más allá de las disputas circunstanciales que puedan haber tenido en alguna ocasión como protagonistas, cargan el peso de una fama que los convierte, sin razón, en lo que no son, porque cuando pelearon lo hicieron de frente, cara a cara y a puño limpio”. Obviamente que se trató de un recurso defensiva que con el tiempo generó risas.