“El reconocimiento del Estado a los trabajadores de la salud sólo es declamativo”

El personal de la salud pública tucumana combate al coronavirus en el primer frente de batalla. La trinchera es el hospital, donde el descanso ha sido internado en terapia intensiva. La primera hola, en 2020, fue descomunal: no sólo era un mal desconocido para los pacientes, sino también para los trabajadores de la sanidad, que sufrieron los contagios, y también las muertes, en proporciones alarmantes. Aun así, no dieron el brazo a torcer. Y cuando parecía que habría respiro llegó la segunda la ola, a principios de este año. Ya había vacunas y un mayor conocimiento de la covid-19 y sus alcances. Pero el impacto también fue brutal respecto del número de internados y el trabajo siguió siendo a destajo. Ahora, como si este fuese un mal sin solución de continuidad, llega la tercera ola…

En ese contexto, el único reconocimiento del Estado tucumano para los hombres y las mujeres que combaten cuerpo a cuerpo contra la pandemia ha sido discursivo. Así lo entienden en el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas), porque argumentan que los trabajadores de la salud provincial no sólo padecen de retrasos salariales incontrastables: también han sufrido persecución y descuentos salariales que superan el 50% de sus salarios.

Han sido dos años penosos, según reconstruye la médica Adriana Bueno, secretaria adjunta del Sitas. El 6 de enero de 2020, el gobernador Juan Manzur (ahora de licencia para desempeñarse como jefe de Gabinete de la Nación) anunció la suspensión del cuarto y último tramo de la cláusula gatillo, correspondiente al último trimestre de 2019. “Es decir, la patronal había firmado con sus trabajadores y decidió desconocer ese acuerdo de manera unilateral, sin preaviso ni mucho menos una consulta para encontrar una alternativa”, precisa la dirigente oriunda de Concepción.

El Sitas dispuso medidas de fuerza, pero la llegada de la pandemia y la declaración de la cuarentena las convirtió en un reclamo testimonial. “La covid-19 lo ocupó todo: las operaciones programadas y los consultorios externos, que no fueran los habilitados para pacientes febriles, fueron anulados de hecho porque el Estado no dispuso de otros lugares para brindar esos servicios: todo fue abocado a atender la crisis sanitaria desatada por el coronavirus”, contextualiza la infectóloga.

Durante todo ese año, puntualiza Bueno, el aumento salarial para los trabajadores de la salud fue cero. Sí: 0%. Sólo cuando llegó 2021 les dieron el 15% de la cláusula gatillo correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2019.

“Con respecto a 2021, el Gobierno abrió una paritaria y estableció que el aumento salarial para nuestro sector sería de sólo el 30%. Sitas no convalidó esa paritaria. Otros sindicatos, que tienen dirigentes de probada relación con el oficialismo y que hasta han convertido sus gremios en una suerte de entidades paraestatales, sí lo hicieron”, denunció.

De modo que volvieron las medidas de fuerza, nuevamente testimoniales. “La Secretaría de Trabajo nunca dijo nada respecto de que el Gobierno suspendiera el acuerdo salarial de 2019 ni de que nos impusiera una recomposición salarial divorciada de toda realidad. Pero sí hizo uno y mil controles en los hospitales y comprobó que los trabajadores de la salud no abandonamos una sola guardia ni desatendimos una sola emergencia”, subrayó. “Es más: el Estado nunca llamó a conciliación obligatoria porque de haberlo hecho tendría que haber expuesto todas las irregularidades que estaba perpetrando contra sus propios empleados”, desafío.

Se mantuvieron, entonces, las medidas de fuerza. Y, una vez más, fueron simbólicas. Los trabajadores atendieron todas las guardias, todos los consultorios febriles y todas las emergencias, pero en señal de protesta, no firmaron las planillas de asistencia. “Entonces el Gobierno procedió a descontar los sueldos. Y se ensañaron particularmente con los delegados del Sitas. Hay trabajadores del hospital Padilla que no faltaron ni un día y les descontaron hasta $ 50.000 en abril, cuando sus sueldos no llegan ni a los $ 100.000. El Sitas, entonces, a pesar que desde hace sólo tres años y medio percibe el descuento gremial de sus afiliados, les cubrió a esos trabajadores el 75% del sueldo descontado”, expuso.

Bueno plantea una comparación tan dramática como reveladora. “La UTA hace paro y no pone un servicio de emergencia. Cuando hace huelga no hay un colectivo circulando cada dos horas: no hay ninguno. Entonces el Gobierno, como se trata de un servicio esencial, le otorga toda clase de subsidios a las empresas privadas para que otorguen los aumentos que los choferes reclaman. En la salud pública, nos incumplen los acuerdos que ellos firman, no nos dan ni un aumento durante el primer año de la pandemia y durante el segundo nos descuentan los sueldos en proporciones escandalosas. ¿Qué dice eso de la valoración o el reconocimiento hacia los trabajadores de nuestro sector?”, inquirió.

“La entrega de los trabajadores de la salud es total. Y el servicio, gracias a ello, funciona. Tanto es así que los supuestos funcionarios técnicos de la gestión, que nos cuestionaban tratándonos de opositores, han sido candidatos en las últimas elecciones. Las cabezas de listas del oficialismo han sido ex ministros de Salud: Pablo Yedlin como senador y Rossana Chahla como diputada. Debe ser que el sistema funciona bien y que no ha sido saboteado por sus protagonistas, que son los trabajadores”, enrostró.

Pero los problemas que combate el Sitas no tienen que ver sólo con recomposiciones salariales. “El Gobierno ha vuelto a llenar la boleta de sueldos de adicionales que no son otra cosa que pagos en negro. Y ha destruido por completo la pirámide salarial”, denunció.

“También nos enfrentamos con que el propio Estado no cumple con la Ley de Carrera Sanitaria: ha hecho ingresar cualquier cantidad de personal que no tiene el secundario completo, en contra de lo que dispone esa norma dictada por el propio Estado. Y como si no bastara, se apresta a ascenderlos de categoría, con lo cual el grado de formación tiene cada vez menos importancia en el sistema de salud pública, ahora que es cuando más gente se vuelca a él, empujados por la pandemia o por la crisis económica, o por ambas razones”, describió.

Precisamente, Bueno advierte que la fuga de médicos al sector privado, o al Poder Judicial cuando hay concurso para incorporar personal, o la renuncia lisa y llana de los profesionales para irse del país, es cada vez más acuciante. “Hay cada vez más pacientes y, a la vez, cada vez menos médicos. Se lo ve en todas las áreas. Incluso, en el orden nacional, los servicios de residencia médica, donde los egresados hacen sus especializaciones, se encuentran en crisis, porque son servicios que demandan mucho tiempo y pagan muy poco”, puntualizó.

Para los trabajadores que ingresan al sistema público la situación es similar, en los más diferentes niveles, puntualiza la sindicalista. “Un médico que recién ingresa gana menos de $ 80.000 por mes. O sea: el Estado le ofrece ingresar para trabajar a destajo en servicios desbordados, en plena pandemia y con crisis sanitaria, y a cambio le va a pagar para que sea pobre. Porque el sueldo no llega a cubrir la línea de pobreza. Y con los compañeros de los escalafones más bajos, los de las categorías ‘D’, ‘E’ y ‘F’, la situación es peor: los que tienen 30 años de antigüedad cobran sueldos rayanos en la línea de indigencia”, patentizó.

Pese al contexto, Bueno trata de encarar 2022 con esperanzas. “A nuestro sindicato, el Gobierno ha venido combatiéndolo en todos los frentes. Los condicionamientos para desafiliarse a cambio de poder gozar de un ascenso o para obtener algún beneficio administrativo que se tramita, abundan. Sin embargo, terminamos otro año con cada vez más afiliados: ya somos 3.700 en Sitas”, precisó.

“A la vez, en este último mes, se ha abierto una instancia de diálogo con el Gobierno. Hemos sido recibidos por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz. Lo consideramos un signo positivo. Y esperamos que, en el nuevo año, se convierta en una instancia para que el reconocimiento hacia los trabajadores de la salud sea mucho más que una simple declamación del Gobierno”, concluyó.