Caso Lebbos: la Justicia define por primera vez si condena a un ex fiscal

Comienza a concluir la incertidumbre que se desató oficialmente hacia 2013, cuando, en medio de cuestionamientos y tensiones institucionales, Carlos Albaca perdió el control de la investigación del crimen de Paulina Lebbos. El tribunal que conforman los magistrados Fernanda Bähler (presidenta), Wendy Kassar y Raúl Cardozo anunciarán hoy a partir de las 9 si condenan o no al ex fiscal imputado. En el supuesto positivo, será la primera vez que la Justicia local declare la responsabilidad penal de uno de sus ex integrantes equiparado a juez por un delito cometido en el ejercicio del cargo.

Antes de la comunicación del veredicto, Albaca dispondrá de la posibilidad de decir sus últimas palabras: Alberto Lebbos, padre de la joven asesinada y abuelo de la querellante, Leticia Victoria Lebbos, anticipó que solicitará también ser oído con sujeción al nuevo paradigma de protección de la víctima. Lebbos expuso como testigo en la primera ronda de interrogatorios del juicio oral. El imputado, por su parte, se sentó en dos oportunidades ante el estrado: al comienzo del enjuiciamiento, cuando en esencia se atuvo a las declaraciones que había dado en las instancias previas, y antes de la lectura de los testimonios que brindaron por escrito los funcionarios públicos con fueros, incluido el ex senador José Alperovich. En la fase de los alegatos, el ex fiscal se abstuvo de ejercer su defensa como codemandado civil. Albaca estaba agotado, según su abogado, Macario Santamarina.

Además de largo, ha sido un proceso muy desgastante para las partes y las instituciones intervinientes. Todo se remonta a un sumario administrativo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán luego de que un veedor de la Nación, Bernardo Lobo Bugeau, revelara irregularidades y parálisis en las actuaciones dirigidas por Albaca. Para entonces habían transcurrido siete años desde el crimen de Lebbos y el caso ya había pasado por las manos de dos fiscales. El primero, Alejandro Noguera, duró apenas dos meses: salió eyectado de la causa después de ser fotografiado mientras se retiraba de la residencia del ex gobernador Alperovich. Albaca asumió al frente del proceso penal a continuación. Su primer acto fue despojar a Alberto Lebbos del rol de querellante y entregárselo a César Soto, ex pareja de la víctima y uno de los sospechosos con investigación en trámite.

Albaca luego impuso el máximo hermetismo al caso. Altos funcionarios de la ex Fiscalía Nº2 dijeron que no podían acceder a la causa, lo mismo que Lebbos y que el fiscal Daniel Marranzino, quien, por ese motivo, al cabo de dos semanas renunció a la tarea de supervisar la pesquisa que le había encomendado el entonces ministro público fiscal, Luis de Mitri (fallecido). En el juicio trascendió que sólo dos integrantes del equipo sabían lo que sucedía en el expediente “Lebbos”: Albaca, y su ex secretario y fedatario, Emilio Ángel Salazar. Este último dijo bajo juramento que no recordaba nada acerca de aquel asunto y se fue de la audiencia con un pedido de investigación de falso testimonio por asegurar la inexistencia del secreto de sumario. Tal afirmación resultó desmentida por un informe de 2013 rubricado por Salazar que explicitaba el secretismo.

Pese a las objeciones que generaron sus procederes, tanto Albaca como su ex secretario se retiraron de los Tribunales en 2014 con el beneficio de la jubilación actualizada con el 82% móvil, haber excepcional previsto para recompensar a quienes dedicaron su vida activa a prestar servicios en la Justicia. La jubilación de Albaca en estas condiciones fue habilitada por el ex mandatario Alperovich, quien aceptó la renuncia del ex fiscal cuando este estaba acorralado por los pedidos de destitución. La decisión de Alperovich hizo caer el procedimiento de expulsión abierto en la Legislatura, pero, a partir de su alejamiento del Poder Judicial, Albaca se vio obligado a volver para enfrentar la acusación de supuesto encubrimiento agravado como un ciudadano común. Aunque en 2015 su causa ya exhibía un pedido de elevación a juicio, pasaron seis años hasta la apertura de la audiencia oral y pública.

Lugar común

“El tiempo que pasa es la verdad que huye”. La frase del criminólogo francés Edmond Locard devino en una especie de lugar común del caso de Albaca. Fue el propio imputado quien la trajo a colación. Después la repitió varias veces el fiscal Gerardo Salas, que al final sostuvo que no podía ser casualidad la suma de anomalías acreditadas en el proceso desde la demora en practicar pruebas genéticas y la “desidia” advertida en el tratamiento de las pistas ligadas a los teléfonos hasta la decisión de mantener abiertas todas las hipótesis delictivas. Salas solicitó para su ex par la pena máxima de seis años de prisión, además de una privación preventiva de la libertad por un plazo de 12 meses hasta que la sentencia quedara firme. El fiscal requirió al tribunal que dicte una serie de penas accesorias e inhabilitaciones, y que retire la jubilación al acusado. La abogada querellante Soledad Deza adhirió a la postura del representante del Ministerio Público Fiscal.

Habrá que ver si los jueces Bähler, Kassar y Cardozo interpretan que los hechos probados configuran el delito endilgado, o si acogen la postura del acusado en cuanto a que este hizo todo lo que estuvo en sus manos para esclarecer el crimen de Lebbos en función de los recursos disponibles en el período 2006-2013. Albaca aseguró que recibió una causa contaminada por la adulteración de la escena del hallazgo de los restos de Lebbos durante la etapa de Noguera, pero nunca denunció a su colega ni archivó el proceso ni planteó nulidades. El imputado también adujo que él no gozó del apoyo material y humano que tuvo su sucesor en la investigación, Diego López Ávila. Este fiscal solicitó el juzgamiento que derivó en condenas firmes por encubrimiento a ex funcionarios del área de Seguridad de la administración de Alperovich.

“Pero López Ávila no pudo encontrar a los homicidas”, alegó el defensor Santamarina en el tercer enjuiciamiento de agentes estatales encargados de dilucidar la tragedia de Lebbos. Los dos anteriores concluyeron con sanciones: ¿este será la excepción o confirmará la tendencia? En el supuesto de Albaca, una eventual condena tendría un valor moral y simbólico puesto que a comienzos de este mes el imputado cumplió los 70, edad que lo autoriza a disfrutar del beneficio del arresto domiciliario.