La fiscala se negó a interrogar a la periodista que citó y a publicitar el acto

Irene Benito, periodista de LA GACETA y abogada, cumplió el rito de la declaración como imputada ante el Ministerio Público Fiscal de Tucumán. Por decisión de la fiscala Mariana Rivadeneira, nadie pudo acceder a este acto instado por el denunciante y funcionario público Alfredo Falú. El hermetismo fue total. La prensa se encontró con las puertas cerradas y obligada a permanecer en la calle, y resultaron infructuosos los intentos de obtener una explicación por parte de las autoridades. Adentro, la Policía pintó los dedos a Benito y le abrió una ficha de antecedentes penales. Luego, tres agentes la escoltaron hasta el despacho de Rivadeneira, quien se negó a transmitir la declaración por medios digitales y a videograbarla. Tampoco quiso interrogar a la periodista, pese a que aquella se puso a su disposición para despejar cualquier clase de dudas. Al tomar la palabra, Benito insistió en que estaba siendo criminalizada por haber ejercido un periodismo crítico.

“Reitero que soy inocente. El hecho que me intimó es falso y no configura delito. Ratifico las dos manifestaciones espontáneas que hice en esta causa para tratar de evitar que ustedes gasten su tiempo en esta cuestión. Ustedes, que tienen que perseguir hechos ilícitos gravísimos, no merecen estar haciendo esto”, expresó la periodista a Rivadeneira y al prosecretario Maximiliano Emanuel Salinas, quien redactó el acta. A continuación, prestó declaración indagatoria en las mismas causa y Fiscalía el ex presidente del Colegio de Abogados de la Capital, Francisco García Posse. El dirigente profesional denominó “rosario de mentiras” a su imputación.

Por pedido de Benito, que en paralelo a su actividad periodística se desempeña desde hace 15 años como docente de escritura jurídica, y de su defensor particular, Patricio García Pinto, la fiscala afirmó que provisoriamente encuadraba la conducta sospechosa endilgada en el inciso 7 del artículo 173 del Código Penal (forma especial de defraudación reprimida con una pena de prisión de un mes a seis años). En esencia, Rivadeneira reprodujo el relato de Falú acerca de que Benito habría incumplido la entrega de un libro de estilo para la redacción forense que se había comprometido a escribir “en connivencia” con García Posse. El hecho intimado sostiene que este proyecto fue gestado en 2015 sin el control del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de la Capital, pero, a renglón seguido, afirma que ese cuerpo autorizó el pago de $ 80.000 donde la mitad de esa suma debía ser abonada por la institución de García Posse y la otra, por el Colegio de Abogados del Sur.

Entre las pruebas citadas por Rivadeneira, quien en marzo archivó las actuaciones con el convencimiento de que no había delitos y de que había que proteger a la prensa de las agresiones, pero luego las reabrió, hay informes de Marcelo Billone y de Gustavo Geria Lépore, respectivos ex presidente del Colegio de Abogados de la Capital y titular del Colegio de Abogados del Sur, que respaldan la versión de Benito en cuanto a que el texto original del libro en cuestión fue entregado en mano de las máximas autoridades de las entidades el 16 de diciembre de 2019, casi un año antes de la denuncia de Falú. Geria Lépore expresó que su Colegio había pagado los $ 40.000 mientras que Billone manifestó que su institución sólo había entregado a la autora un anticipo de $ 30.000 y que quedaba un saldo de $ 10.000. Rivadeneira consignó que también basaba la imputación en un informe posterior del presidente en funciones del Colegio capitalino, Rodolfo Gilli, quien dijo que sólo tenía conocimiento de la existencia de “un bosquejo”.

Tras oír la imputación, Benito recordó que ya había presentado en el proceso una copia digital certificada por la escribana pública Catalina Minniti del texto original en poder del Colegio de Abogados del Sur desde diciembre de 2019. “Más allá de eso que hicimos antes de este acto (de indagatoria) llevado adelante sin que queden firmes planteos que lo habrían obstado, he traído una copia exacta del Libro de Estilo de los Abogados de Tucumán para obsequiárselo a la señora fiscala y a su equipo. Pienso que este texto puede ser de su provecho si es que procuran la palabra justa”, añadió la periodista. La documentación incluye el prólogo que la prestigiosa constitucionalista María Angélica Gelli envió a Benito en agosto de 2020.

Cuando la periodista requirió la publicidad del acto o, en su defecto, su videograbación, Rivadeneira manifestó que tales modalidades no estaban previstas en el viejo Código Procesal Penal -discontinuado con matices en septiembre de 2020- que aplicaba a la causa en función de la fecha de los hechos denunciados. Rivadeneira tampoco permitió registrar el audio y cuestionó a la periodista por hablar lento como le había pedido el prosecretario Salinas justo en el momento en el que esta decía que el proceso intentaba difamarla y calumniarla por sus investigaciones periodísticas, algunas de las cuales involucraron al denunciante. Y advirtió: “esto no está dirigido sólo a mí, sino a todos los que deseemos llevar adelante el lema de la Revolución de Mayo, el pueblo quiere saber qué pasa”.

Puertas cerradas para la prensa

La Policía impidió el ingreso del periodismo a las dependencias de la capital del Ministerio Público Fiscal en coincidencia con la declaración indagatoria de Irene Benito, periodista de LA GACETA. Los cronistas se encontraron con las puertas cerradas tanto en la sede de la avenida Sarmiento como en los pasillos que conectan las fiscalías con los Tribunales de la calle España. Los policías informaron que las autoridades habían dado la orden de restringir el acceso. La decisión del Ministerio Público Fiscal, que ningún funcionario asumió oficialmente, fue repudiada por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea).