Legislatura: “Hace años tenemos tiradas más de 1.000 viviendas en Manantial Sur”

La oposición lanzó misiles contra las empresas constructoras y el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo urbano (IPV) por la situación de Manantial Sur. Los oradores se expresaron en desacuerdo con que el Poder Ejecutivo (PE) les dé una segunda oportunidad a las firmas que incumplieron los acuerdos suscriptos en 2019 para recuperar unas 1.000 viviendas sociales que fueron descuidadas y vandalizadas. Tal es así que también solicitaron que se excluya a estas compañías de futuros proyectos vinculados con el Estado.

En la reanudación de la última sesión legislativa del año, el oficialismo logró ayer -sin votos opositores- que se sancionara el proyecto enviado por el PE para recuperar 1.022 viviendas sociales arrasadas para poder entregarlas a familias tucumanas. La iniciativa autoriza al IPV a rescindir los contratos incumplidos y a realizar nuevas contrataciones dentro del marco del programa nacional “Reconstruir”, que es financiado con fondos no reintegrables. Y en su artículo cuarto, aclara que los montos ya recibidos por las firmas serán considerados como pagos a cuenta.

El presidente de la bancada oficialista, Roque Tobías Álvarez, explicó que muchas de estas casas no entregadas han sido saqueadas “porque no estaban hechas las obras de infraestructura”, al tiempo que destacó que las viviendas deben ser puestas en condiciones lo antes posible para ser entregadas a sus beneficiarios.

Luego de que Nadima Pecci (Valores Republicano) reclamara respecto a la transparencia de la obra pública, el radical José Ricardo Ascárate recordó que en 2019 la Cámara autorizó un DNU del PE para otorgar $105 millones a una veintena de empresas para restaurar unas 900 viviendas. “En aquel momento se dijo que con eso se solucionaban y entregaban las 900 viviendas. Ahora de nuevo vamos a darle handicap al IPV para volver a pagarles a las mismas empresas. Me preocupa mucho que estemos volviendo sobre nuestros pasos. Dos años después no son 900 sino 1.000 viviendas. ¿Se va a volver a premiar a las mismas empresas?”, cuestionó. Y agregó: “todos creemos que las obras tienen que estar terminadas, pero no me parece que les paguemos dos veces a los empresarios”.

El alfarista Walter Berarducci puso un manto de dudas sobre los saqueos que sufrieron los inmuebles. “Según los vecinos, las extracciones las hacen las propias empresas contratistas”, dijo. A su vez, solicitó que se pida al IPV un informe sobre las firmas, los montos, los grados de cumplimiento de cada una y que indique si se las van a retirar del listado de contratistas del Estado. “Desgraciadamente son los mismos que distribuyen las obras a dedo”, lanzó, en alusión a la Cámara Tucumana de la Construcción, aunque sin mencionarla.

En un tono aún más duro se expresó Federico Masso (Libres del Sur), quien comentó que recorrió la zona durante la campaña y vio las casas derruidas. “Excepto la estructura, que no se han podido llevar, a las viviendas hay que hacerlas de nuevo. No hay instalaciones eléctricas, no hay sanitarios... Han vandalizado las descargas sanitarias. Eso no lo hace una persona que entra a vandalizar por vandalizar. Hay algo detrás de eso”, planteó.

El ex candidato a senador por el Frente Amplio recordó lo debatido en 2019 y cuestionó que las viviendas sigan sin ser entregadas. “La impunidad de quienes tienen a cargo las empresas y la falta de actuación del IPV hacen que eso suceda; da vergüenza ajena lo que han permitido y han dejado hacer. No he visto ninguna demanda a empresas contratadas. Hemos festejado la llegada de 3.600 viviendas y tenemos hace más de dos años tiradas más de 1.000 viviendas. No podemos darle otra oportunidad; esas empresas deberían tener la obligación de reconstruir casa por casa, si no tendrían que estar presos. Se hizo y lo dejaron vandalizar por cuestiones de cobro”, reprochó.

Luz verde para la cárcel: se autorizó avanzar con el plan de una nueva penitenciaría en benjamín paz

Con algunas objeciones pero con respaldo casi unánime, la Cámara aprobó ayer que un terreno de 130 hectáreas de la localidad tranqueña de Benjamín Paz sea destinado para la construcción de una nueva cárcel. En una primera etapa podría alojar casi 1.000 detenidos, cifra que tiene actualmente el desbordado Penal de Villa Urquiza. Roque Álvarez destacó que la Nación enviará a Tucumán unos $4.000 millones para la construcción de cárceles y alcaidías. La oposición, en tanto, cuestionó que no se hayan realizados estudios de impacto, aunque acompañó en su mayoría. Se especuló sobre qué sucederá con los terrenos de la cárcel actual (unas 16 hectáreas).

Por otra parte, también se aprobó la expropiación de un terreno en Las Talitas para la construcción de una alcaidía.

Transporte público: se otorgó un año de gracia para los taxis que ya hayan cumplido 10 años

La Legislatura aprobó ayer otorgar un año de gracia para la renovación de taxis que cuenten con más de 10 años de antigüedad, el máximo que fija la ley nacional 24.449 (artículo 53, inciso b) a la cual la provincia está adherida (6.836). “Ello debido a la grave situación que viene atravesando el sector, agravada por la pandemia, la suba de los combustibles, repuestos, mantenimiento, índice inflacionario, etc; tiene además la finalidad de evitar un aumento de desempleo, ya que esta actividad es la fuente de trabajo y sostén de muchas familias”, señala la iniciativa que fue impulsada por el legislador oficialista Tulio Caponio. En el recinto se expuso también que el Concejo Deliberante ya otorgó este beneficio a los taxis de San Miguel de Tucumán.

Reforma de la Ley Notarial: hubo algunos planteos en contra y no se logró un acuerdo para tratar el proyecto

La iniciativa del oficialismo para reformar la ley notarial (N° 5.732) no halló consenso y retornó a comisiones. El legislador Raúl Ferrazzano expuso un proyecto con modificaciones a una importante cantidad de los 240 artículos de la norma. Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y Federico Masso (Libres del Sur) hicieron numerosas observaciones, principalmente respecto al poco tiempo de debate, cambios en los honorarios y que se exija también ser abogado para ejercer la escribanía. El oficialismo, que según trascendió también tenía posturas internas en contra, pidió cuarto intermedio para buscar respaldos pero no los halló. Se mocionó que el tema fuera el último a debatir, pero la sesión cayó por falta de quórum antes de que se volviera a tratar.