16 Diciembre 2021
La enormidad del daño causado por el vandalismo en las 1.022 viviendas sociales terminadas del barrio Manantial Sur es causal de congoja, perplejidad e indignación, por los millones de pesos desperdiciados, el tiempo de trabajo que resultó inútil, el abandono del Estado de la cosa pública -tanto de control de tareas como de cuidado de las propiedades- y la desilusión de miles de personas que aspiran a acceder a la casa propia, una de las señales de ascenso y consolidación social. Mil casas son en sí mismas un barrio, una comunidad que puede desarrollarse en un marco habitacional complejo. En Argentina persisten más de 2 millones de hogares que habitan en viviendas deficitarias; 1,5 millón en condiciones de hacinamiento familiar y otros 500.000 con hacinamiento crítico. Mil casas es una cifra contundente en la búsqueda de paliar ese déficit habitacional y por ello genera perplejidad que esas construcciones, que comenzaron a concretarse hace casi diez años, hayan sido abandonadas y vandalizadas.
El tema ha sido motivo de grandes polémicas. Se trata de casas construidas a partir de 2013 en el marco del programa “Techo digno”, con fondos nacionales, a través del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano. El proyecto del barrio, de 2.500 unidades, proponía descomprimir la crisis habitacional reubicando villas precarias como “Piolín” y “El Triángulo” y dando también prioridad a las necesidades de muchas familias que buscaban su consolidación social a través de viviendas familiares. Debían entregarse entre 2015 y 2017 pero hubo incidentes de infraestructura y aplicación de nuevas reglas de control. A pesar de estar terminadas, la mitad de las casas fue vandalizada o sufrió deterioros por el abandono, a tal punto que en 2019 la Provincia debió inyectar $ 246 millones para obras de recuperación. Luego llegó la pandemia y todas las tareas se paralizaron; y como nadie cuidaba las casas, proliferó el vandalismo.
En los tiempos previos a la pandemia, hubo una larga disputa también a propósito de la responsabilidad del Estado y de las empresas constructoras. Primero estas habían terminado las casas pero faltaba la infraestructura -principalmente cloacas y agua- y la disputa entre la SAT y una contratista estiró los tiempos. Las empresas quedaron atrapadas entre las demoras propias y del Estado, en medio de un feroz proceso inflacionario y la pelea de quién debía hacerse cargo de la custodia policial de las unidades habitacionales.
Ahora la Legislatura se apresta a probar una propuesta del PE para un programa “Reconstruir” -con fondos nacionales- para finalizar y entregar las viviendas. “La esencia de este proyecto es subsanar todas las fallas de las viviendas para poder entregarlas lo antes posible. Las casas se deterioraron por la pandemia, porque no se pudo construir, y por falta de seguridad a cargo de las empresas hasta su traspaso”, dijo el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo. Hay urgencia para evitar que este asunto se judicialice y los tiempos se estiren desmesuradamente.
Convendría que se analice cuidadosamente la magnitud de las improlijidades cometidas a lo largo de estos años en este complejo habitacional, que ha dejado en principio a mil familias sin cumplir el sueño de la vivienda propia. También, que se estudie la forma de que estos procesos se realicen en tiempos precisos y coherentes, y con controles adecuados.
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