Las posturas de los Colegios de Abogados

La denuncia del abogado Alfredo Falú por la contratación de los Colegios de Abogados a la periodista Irene Benito para escribir un libro de estilo fue archivada el 18 de marzo de 2021 por la fiscala conclusional III, Mariana Rivadeneira; fue desarchivada el 22 de abril de 2021, ante una nueva presentación de Falú.

El denunciante había expresado que en 2015 el presidente del Colegio de Abogados, Francisco Ramón García Posse, le pagó $30.000 a Benito “como anticipo para un libro que nunca apareció, causándole un perjuicio económico a la entidad profesional”. En la denuncia se acompañó una factura emitida por Benito el 3/6/2019 por $30.000 y se indicó que el vencimiento para la entrega del libro había sido pactado para el año 2016, pero la entrega no fue cumplida. El denunciante refirió que el daño económico era evidente y que García Posse “es amigo íntimo de Arnaldo Ahumada, quien a su vez es defensor del imputado Rigourd en la causa: “Rigourd Jorge Alejandro S/Estafa”. Según la denuncia, “para favorecer a Ahumada, García Posse promueve que el Colegio de Abogados en el marco de la causa Rigourd realice denuncias en contra del Ministerio Público Fiscal, en tanto que Benito le daría difusión periodística a la estrategia de victimizar a Rigourd”.

Desestimación primera

La fiscala Rivadeneira solicitó al Colegio de Abogados un informe en donde se precisara el pago a Benito y que se indicara si fue cumplida la contraprestación en tiempo y forma. El Colegio, a través de su presidente Marcelo Billone, respondió el 14/12/20 que el Consejo Directivo aprobó el 21/10/15 el ofrecimiento de Benito de escribir un “libro de estilo” en razón del Bicentenario de la Declaración de la Independencia. Se precisó que el monto total de la encomienda era de $80.000 que debían ser abonados en partes iguales por los dos colegios (Capital y Sur) y que se le pagó un anticipo de $30.000. El informe de Billone aclara que no se firmó un convenio y que la encomienda fue entregada por Benito a ambos colegios en diciembre de 2019, resaltando que el Colegio de Abogados no se consideraba víctima en la presente causa.

En su resolución disponiendo el archivo de la causa, la fiscala Rivadeneira expresó que “de los elementos obtenidos e incorporados hasta el momento surge que el hecho denunciado no tipifica delito alguno del Código Penal”; y que las conductas aludidas en las que habría incurrido Benito, “no configuran ninguno de los elementos exigidos por los tipos penales de Atentado a la autoridad pública, Administración fraudulenta y Amenazas agravadas”. Tampoco surge -añadió- que hayan existido actos de disposición gravosos para el Colegio. “En cuanto a la entrega del libro resulta claro que el mismo fue efectivamente entregado aunque con demoras, lo cual por sí mismo no configura ningún tipo penal”.

“En base a lo descripto la resolución de archivo estimó que la actividad realizada por la Dra. Benito correspondería al ejercicio de su profesión como periodista y comunicadora, motivo por el cual fue contratada para la redacción del libro para el Colegio de Abogados”. La fiscala remarcó “la necesidad e importancia de proteger de ataques desmesurados e inverosímiles a derechos de raigambre constitucional tales como la Libertad de Expresión y particularmente la Libertad de Prensa”. Mencionó finalmente que “el propio presidente del Colegio de Abogados del momento del informe, Marcelo Billone, dijo expresamente que la Institución no se consideraba víctima en las presentes actuaciones y que, habiéndose renovado las autoridades del Colegio no se realizó ninguna presentación al respecto”. Por ello, desestimó la denuncia y ordenó su archivo.

Desarchivar y ampliar la causa

Ahora, el abogado Falú pidió que se desarchive la causa y la amplió, acusando a Billone, ex presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, “por los delitos de encubrimiento y/o falsificación ideológica de instrumento privado o bien los que surgieran de la investigación”. Dijo que en su informe del 14 de diciembre de 2020 Billone había expresado que la obra encomendada fue recibida por él y por Ángel Fara del Colegio del Sur en diciembre de 2019, “lo que no consta en el Colegio de Abogados de Tucumán”, y “señalando aventurada y falsamente” que el Colegio capitalino “no se considera víctima en la causa”. Dijo que “por entonces esa suma representaba más de 3.000 dólares”. Añadió que “el informe de Billone es falso por cuanto se manifiesta que se pactaron diferentes prórrogas, lo que no se encuentra documentado en modo alguno”.  

Nuevos pedidos de informes

La fiscala Rivadeneira dispuso dejar sin efecto el archivo de la causa y libró nuevos oficios a los Colegios de Abogados para que remitan copia del convenio con Benito, para que informaran si a la fecha se encuentra cumplida la obligación asumida por Benito, y cuales fueron los pagos efectuados a Benito. Al Colegio de Abogados de Tucumán también le pidió copia del acta de sesión del 04/11/2020.

El 3 de mayo, el Colegio de Abogados de la capital, con firma de su presidente, Rodolfo Gilli, respondió que el plazo máximo para la entrega del libro era junio de 2016, “antes de la feria judicial de invierno, plazo que no fue cumplido, existiendo a la fecha en este Colegio sólo un bosquejo de libro correspondiente a la obra encomendada”. Por su parte, el Colegio de Abogados del Sur, mediante nota de Gustavo Adolfo Geria Lépore, respondió que el 16 de diciembre de 2019 le fue entregado a Ángel Fara, entonces presidente del colegio, “una impresión en soporte papel del libro de referencia”. También dijo que en esa gestión se abonaron los honorarios de Benito mediante cheque el 2 de junio de 2016.