04 Diciembre 2021
La condena por parte de la Justicia tucumana contra nueve cordobeses acusados de perpetrar las denominadas “estafas telefónicas” es un hecho inédito y positivo, que a la vez expone la complejidad y la extensión de un infame delito del que los tucumanos parecen haberse convertido en el desdichado blanco.
Que haya sentencia es una noticia auspiciosa. En primer lugar, no había un precedente de este tipo en la provincia. En segundo lugar, habilita a las víctimas a iniciar las demandas civiles en busca de resarcimiento, porque la estafa ha sido probada.
Sin embargo, los representantes del Ministerio Público Fiscal han manifestado que los nueve procesados son lo que en la jerga delictiva se conoce como “mulas”. Propiamente, “muleros bancarios”. Es decir, personas que se prestan a abrir cuentas bancarias y ponerlas a disposición de los autores intelectuales de las estafas para que a través de ellas se puedan perpetrar los desfalcos. Ellos conocen la finalidad de la maniobra de la cual participan, y eso los hace culpables (así lo ha dicho la Justicia). A la vez, muchos tienen por todo ingreso el cobro de un plan social.
“Avanzamos con la investigación, pero nos topamos con una dura realidad. Pese a que el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) cuenta con un importante soporte tecnológico, no podemos seguir avanzando hacia arriba de esta pirámide. Estamos en plena tarea para hacerlo”, explicó a LA GACETA el fiscal Marcelo Leguizamón.
La imposibilidad de dar con los ideólogos de las estafas telefónicas implica que los delitos van a seguir perpetrándose. Esa es una alerta para nuestra provincia: en el procesamiento de la causa se ha ventilado que el este tipo de ilícitos ha crecido aquí, prácticamente, un 3.000%.
Las estafas telefónicas tienen una serie de maniobras identificadas. El delincuente anuncia que se ha ganado un premio importante y pide los datos personales y de las cuentas bancarias en nombre de que va a depositar allí la recompensa. Otra modalidad es hacerse pasar por oficiales de cuenta de un banco que llama para tramitar un beneficio: piden entonces que se genere una clave de operación bancaria, que luego ellos usan para cometer el desfalco. Pero la sofisticación del ilícito se va enmarañando. También operan con correos electrónicos falsos que esconden programas: se pide al destinatario que ingrese datos personales y de la entidad crediticia con la que opera y se quedan con esa información con la que luego rapiñan el patrimonio de quien ha caído en la trampa. También han habilitado, en redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, perfiles falsos de bancos: ofrecen productos que requieren que la persona a la que van a estafar les brinde datos privados. Y están los que se hacen pasar por personas interesadas en comprar un producto: contactan al vendedor que ofrece su artículo online y lo engañan para obtener sus datos bancarios.
El volumen de estas estafas se dimensiona acabadamente en los números absolutos que son brindados oficialmente: la investigación del Ministerio Público Fiscal abarcó 3.000 expedientes. Es decir, ha habido cuanto menos 3.000 denuncias de tucumanos que han sido víctimas de estos desfalcos.
La visibilización de estos casos sirve para estar prevenidos y para ser celoso en la protección de los datos personales. Todos los bancos advierten continuamente a sus clientes que nadie de la entidad se comunicará para pedir información sensible: no hay que olvidarlo. Por caso, nadie que fuera interceptado en la calle por un desconocido le brindaría información sobre su identidad, su domicilio y sus cuentas bancarias. Por teléfono, por correo electrónico y en las redes sociales hay que actuar de la misma manera.
Lo más popular
