Por Gustavo Rodríguez
01 Diciembre 2021
EN CÓRDOBA. Los hombres del ECIF viajaron hasta esa provincia para detener a los acusados de haber cometido las estafas virtuales en la provincia.
Nueve de los 10 cordobeses acusados haber perjudicado a tucumanos a través de las llamadas estafas telefónicas, fueron condenados en un juicio abreviado. Las penas que se le aplicaron van de los dos años y dos meses a los dos años y seis meses al ser considerados partícipes necesarios de la maniobra. El acuerdo fue rubricado por el juez Alejandro Tomas.
Esta es una investigación que llevó varios meses. Los fiscales Alejandro Noguera y Marcelo Leguizamón analizaron casi 3.000 expedientes de este tipo de delitos. Y la mayoría de las líneas conducían a Córdoba. Luego de una ardua tarea de identificación, personal del Equipo Científico Fiscal (ECIF), junto a la Policía de esa provincia, detuvo a María Florencia Náñez, Emiliano Serafino, David y Rocío Aciarez, Carlos Sarmiento, Franco Molina, Mónica Arias, Nicolás Ríos, Karina Ortiz (la única que no fue trasladada desde “La Docta” por estar embarazada) y Manuela Baigorria.
El sábado se realizó una audiencia donde se formalizaron los cargos en contra de los acusados. Los auxiliares fiscales Luis Germain, Gustavo Juárez Collado y Gabriel Veglia, bajo las instrucciones de Leguizamón, detallaron las maniobras que realizaron cada uno de ellos (se informa por separado) sólo en siete casos y con los que obtuvieron más de $3,5 millones de manera ilícita. Dejaron en claro que los acusados actuaban de dos maneras diferentes: por cuenta propia o prestando sus nombres para que abrieran cuentas que eran manejadas por terceros (en la jerga se los conoce como “muleros bancarios”). Dijeron además que en los allanamientos realizados secuestraron en sus viviendas elementos que servirían para probar las maniobras.
“Este delito de estafa informática tiene una complejidad enorme. Estamos hablando de una organización delictiva muy aceitada, muy sofisticada que opera con medios electrónicos de difícil rastreo”, explicó el auxiliar Juárez Collado. “Acá estamos ante los denominados ‘muleros bancarios’, que son los que facilitan las cuentas (bancarias) para la consumación del delito. Arriba de ellos hay gente que los dirige, que les manipulan las cuentas que ellos mismos proporcionan a sabiendas de cuál es la finalidad”, agregó.
“Tenemos 10 imputados, pero van a ser más; todavía hay gente con pedido de detención. También estamos ante un gran número de víctimas; atrás de esto hay miles de expedientes con denuncias de este mismo tipo en este Ministerio Público. No es casualidad que estos ataques provengan de Córdoba. Tucumán ha sido elegido como un blanco para este tipo de delito que ha crecido casi un 3.000% en el último año. El caso amerita que se lo declare como asunto complejo”, añadió el acusador.
“La línea más baja”
Se había dictado a los acusados la prisión preventiva, pero la Justicia decidió, por razones humanitarias, que la cumplan en su provincia y no en Tucumán. El fiscal Leguizamón intentó en vano que fracasara este fallo en impugnación.
“Avanzamos con la investigación, pero nos topamos con una dura realidad. Pese a que el ECIF cuenta con un importante soporte tecnológico, no podemos seguir avanzando hacia arriba de esta pirámide. Estamos en plena tarea para hacerlo”, explicó Leguizamón en una entrevista telefónica.
El fiscal aseguró que las personas que fueron condenadas forman parte de la línea más baja de esta organización. “La mayoría de ellos son personas que se dedicaban a realizar esta actividad por necesidad. Algunos sólo tenían como ingresos planes sociales y evidentemente eran contratados por personas que se aprovechaban de sus condiciones”, agregó el representante del Ministerio Público Fiscal.
Los imputados fueron acusados de un delito que contempla una pena máxima de seis años. Al no tener condenas previas pudieron acceder a una condena condicional. Solo uno de ellos no pudo ser sentenciado porque tuvo problemas de conectividad.
Además, se les impuso las siguientes reglas de conducta: una vez por mes deberán presentarse en una comisaría de córdoba para firmar el libro de comparendo para que se compruebe que están cumpliendo con la pena. También se les prohibió que abran una nueva cuenta bancaria o billeteras virtuales para manejar dinero. En caso de reincidir o de violar algunas de estas normas, deberán cumplir la totalidad de la sentencia.
“Este es un fallo histórico en la provincia. Nunca antes hubo una sentencia en contra de las personas que cometían este tipo de ilícitos. Además con una resolución favorable de este tipo, las víctimas podrán iniciar las acciones civiles que correspondan porque quedó demostrado que fueron estafadas”, agregó el fiscal en una entrevista con LA GACETA.
Leguizamón ponderó otro detalle. “Hay otro resultado que conseguimos que es muy importante. La visibilización de la causa y las maniobras que realizaban los condenados fueron muy bien difundidas y la gente dejó de sufrir este tipo de ilícitos. Se han reducido considerablemente”, concluyó el representante del MPF.
Cómo actúan los estafadores
A través de llamadas teléfonicas, argumentando que ganaron un premio importante, les piden los datos personales y de sus cuentas bancarias
Con llamadas telefónicas, mintiendo sobre la tramitación de beneficios, piden a las víctimas la generación de una clave que ellos utilizarán.
Envían mails truchos que son programas que permiten a los estafadores quedarse con los datos de las personas que caen en la trampa.
Con perfiles falsos en Facebook, Twitter e Instagram de bancos ofrecen productos. Las víctimas atienden a una persona que se queda con todos sus datos.
Fingiendo ser compradores, se aprovechan de la confianza de los vendedores de cualquier artículo para quedarse con sus claves bancarias.
Utilizando dispositivos especiales, empleados infieles de comercio clonan las tarjetas de crédito de los clientes. Luego venden esos datos.
Lo más popular
