“El policía se dedica a vender servicios sexuales cuando no está de servicio”. Se encuentra con la víctima y se le “escapa” un tiro y lo mata. Pone el cuerpo en el baúl del auto y se va a jugar a la pelota en una cancha junto a la avenida Papa Francisco “como normalmente lo hace”. Le saca las chapas patentes al auto y circula desde San Miguel de Tucumán hasta Villa Padre Monti -unos 50 km al norte de la Capital-. A nadie le llama la atención que circule en ese auto, un Toyota Corolla. Arroja el cuerpo por una especie de precipicio. Deja el auto en el playón de una línea de ómnibus en avenida del Líbano al 2.400. Cuatro días después el policía, el oficial Mariano Vizcarra, se entrega. Dice: “me mandé una macana”. Su abogado pide que se reconozca su voluntad de colaboración. La dramática historia, en la que se cuenta la tragedia del odontólogo Oscar Marcial, está narrada en una crónica de ayer de LA GACETA. Si no estremeciera la frialdad de los espantosos detalles, parecerían escenas de la película “Pulp Fiction” (“Tiempos violentos”) de Quentin Tarantino, que con la lógica torcida de la ficción explica las desviaciones de la conducta humana. La crónica periodística las muestra en esta ocasión con toda su crudeza, hasta el asombro: eso ha ocurrido en Tucumán.
Mirada hacia adentro
La historia tiene además la impronta de la reiteración. Cuerpo arrojado a un barranco, agente de policía involucrado, como ocurrió en mayo de 2020 en Monteagudo, cuando todos los efectivos de la comisaría -el jefe incluido- participaron del procedimiento irregular motivado por aparentes exacciones ilegales, que derivó en la desaparición del trabajador rural Luis Espinoza y en la aparición, días después del cuerpo en un barranco en el camino a Las Estancias. “No es un proceder que se replique en otras zonas”, dijo el jefe de Policía, Manuel Bernachi. El vicegobernador Osvaldo Jaldo, entonces enfrascado en la interna con Juan Manzur, fue más contundente: “Nueve policías, con armas reglamentarias, actuaron impunemente violando todas las normas legales y constitucionales”, dijo. “No podemos soportar otro caso Espinoza en Tucumán”, agregó. “Hace falta una mirada profunda hacia adentro y una depuración, si es necesaria, hacia adentro. Pero de manera inmediata”, sentenció.
¿Se hizo esa depuración? La respuesta va a depender de la mirada que se tenga porque muchos datos no hay. Sí algunas publicaciones. Alguien dirá que la reciente condena a perpetua a los agentes Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás Javier González Montes de Oca, que en 2018 mataron al niño de 12 años Facundo Ferreira con un balazo en la nuca es un signo de depuración.
Pero podría bastar una revisión somera de casos de casos de abusos policiales que terminaron en tragedia para que se genere la inquietud por la repetición de estas prácticas. En los próximos días va a tener lugar el juicio contra dos policías de la Patrulla Urbana, Mauro Navarro y Gerardo Figueroa, acusados de dispararle en la cabeza y rematar de un culatazo al joven Miguel Reyes Pérez en San Cayetano. La madre del chico dice que lo vivían deteniendo y que era un adicto que robaba para los policías. Eso se va a develar en el proceso oral.
Hace pocos días se conoció que el jefe de la comisaría de Famaillá, comisario Ángel Brito, quedó detenido, acusado de haber intentado coaccionar para que se cambien registros de las muestras de sangre del concejal Juan José Orellana, involucrado en un accidente de tránsito que costó la vida de dos personas en octubre. Silencio de las autoridades sobre la detención del comisario. La denuncia de la familia de las víctimas sugiere una relación entre el poder político y la fuerza de seguridad, en una especie de relación “clientelar”, que la investigación parece sugerir.
A comienzos de septiembre circuló un video de un agente en La Costanera que le dispara balas de goma a un indigente, caso en el que, se informó, el policía quedó separado.
Mucho menos importante, pero también revelador de inconductas, es el caso de los dos agentes del grupo Cero que fueron detenidos en Viamonte y Perú el 5 de octubre alcoholizados, haciendo disparos al aire con sus armas reglamentarias.
Volviendo a lo que se difundió del caso del oficial Vizcarra involucrado en la muerte del odontólogo, se mencionó que se sospecha el acusado y dos compañeros “cuando no estaban de servicio, se habrían dedicado a vender su cuerpo”. Y se agregó que “algunas versiones indican que aparecerían en los books de varios hoteles ofreciéndose como personas de compañía para hombres y mujeres”. Eso sí, se aclara que esa actividad no constituye delito alguno ni falta a los reglamentos de la fuerza, y además la habrían realizado cuando no estaban en servicio.
Complejidades del servicio
El problema, además del conflicto que puede representar que un agente de policía se dedique a la prostitución como actividad complementaria es que el concepto de “estar en servicio” es complicado, porque el sistema les permite estar con su arma reglamentaria todo el tiempo. Esto ayuda al gran negociado del sistema de servicio adicional, que permite que miles de agentes puedan vender servicios de vigilancia cuando en teoría están de descanso.
En este caso en particular, el oficial habría estado fuera de servicio cuando manipuló su propia arma y “accidentalmente” causó la muerte del odontólogo. Relato confuso y que pone bajo la lupa varios problemas. Uno, central, es determinar si hubo otros agentes involucrados en esta muerte. “Nos interesa determinar si hubo más policías implicados en el crimen o si ayudaron al imputado”, dice el abogado de la querella, Sergio Pérez.
El juez Rafael Macoritto aportó racionalidad a todos los desbordes de esta historia, cuando en la audiencia rechazó por un lado el pedido de que se declarara nula el acta donde el oficial reconocía la autoría del hecho -lo rechazó por tratarse de una declaración espontánea- y cuando el magistrado remarcó que decir dónde estaba el cuerpo cuatro días después del homicidio no podía ser considerado como una colaboración.
Con todo esto vuelve la pregunta de si se trata de casos aislados o si hay algo en el sistema que favorece las conductas irracionales y la tentación de impunidad. Hace dos meses se anunció que se iba a crear una oficina de Asuntos Internos. Nada más se ha sabido desde entonces, como tampoco se sabe de la efectividad de capacitaciones o de cambios en la currícula de los institutos de enseñanza de policías. Mucho más en tiempos en que se van incorporando más agentes a la fuerza de seguridad. Cuando la realidad de los “casos aislados” como este se desborda hacia el asombro, todos quedan bajo la lupa.
