04 Noviembre 2021
AYUDAS SOCIALES. En las PASO, el Gobierno provincial había entregado subsidios que iban de $4.000 a $10.000. Foto de Archivo / LA GACETA
El Gobierno provincial reactivó el plan de entrega de subsidios de $ 5.000 a miles de tucumanos que había implementado antes de las PASO del 12 de septiembre. A menos de dos semanas de las elecciones generales, en el Hipódromo se observan largas colas de ciudadanos que esperan para recibir el beneficio.
En la previa a las primarias, esta medida había generado presentaciones en el ámbito de la Justicia Federal con competencia electoral de Tucumán. Y, en las últimas semanas, se desataron polémicas en otras jurisdicciones del país por la aplicación de distintos programas de ayuda social en plena campaña.
Sucede que, desde el 20 de octubre, rige en todo el país la prohibición de todos los actos oficiales que puedan promover la captación del voto de cara a las generales.
Esta disposición, expresada en el Código Nacional Electoral, prevé inclusive una eventual pena de "inhabilitación de uno a 10 años para el ejercicio de cargos públicos" contra el infractor.
Si bien no hay antecedentes de que se haya dictado esta clase de castigos, sí hubo resoluciones judiciales que "frenaron" los subsidios por haber sido distribuidos en momentos en que estaban vedados por la Cámara Electoral Nacional.
El caso más resonante tuvo alcance nacional. La jueza federal María Servini hizo lugar a una medida cautelar planteada por un ciudadano y, a fines de octubre, le ordenó a la Casa de Gobierno que se abstenga de implementar el plan "Más Cultura Joven", que prevé un bono de $ 5.000 para el acceso a actividades recreativas y culturales, hasta tanto se hayan superado los comicios del domingo 14.
El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, anunció la decisión del oficialismo de apelar la decisión de la magistrada, alegando que, en realidad, los $ 5.000 no iban a ser entregados antes de las elecciones.
Sin embargo, por el momento la posibilidad de inscribirse para obtener el beneficio se mantiene en suspenso.
Otro antecedente similar tuvo lugar en San Luis, y también se registró luego de que entrara en vigencia la prohibición de los actos oficiales susceptibles de captar el voto.
El juez federal Juan Esteban Maqueda le prohibió al gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá la entrega de dinero en efectivo por unos $ 85 millones, así como el pago de planes sociales y la entrega de microcréditos por unos $ 1.250 millones.
La decisión del magistrado fue producto de una cautelar requerida por el fiscal federal Cristian Rachid, quien interpretó que estas ayudas estatales constituían violaciones al Código Electoral y podían ser configuradas como medidas clientelares. La denuncia original había sido formulada por un grupo de dirigentes de Juntos por el Cambio.
También hubo polémica en La Pampa, donde el gobierno de Sergio Ziliotto dispuso la distribución de subsidios de hasta $10.000 para pagar deudas de gas y luz. En este caso, por el momento sólo hubo una denuncia de la Fundación Apolo, que solicitó -a través de una cautelar- el cese de la entrega de esas ayudas.
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