En los papeles, el año que viene será superavitario. Los recursos crecerán un 74% respecto de lo previsto originalmente en el presupuesto de este año. Los gastos, a su vez, aumentarán un 64% si se compara con lo que la gestión de Juan Manzur-Osvaldo Jaldo han previsto para este año electoral. Todo indica que el Estado tucumano tendrá las cuentas en orden si se cumplen las previsiones. Pero hay que observar la tendencia: el financiamiento del sector público se ha realizado en base a una recaudación que ha dejado fuertes excedentes a lo largo del año. Mientras tanto, el sector privado sigue reclamando al Gobierno que baje el peso de los impuestos, base que sustenta aquel nivel de erogaciones.
Con Jaldo como vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, el proyecto de Presupuesto 2022 ha ingresado a principios d esta semana a la Legislatura para su tratamiento. La fecha límite era ayer, de acuerdo con las pautas constitucionales. Pero, en silencio, la Casa de Gobierno la presentó por Mesa de Entrada de la Cámara. Naturalmente, en tiempos preelectorales, la iniciativa no tomará estado parlamentario hasta tanto pase el 14 de noviembre. Al menos eso es lo que aspira a lograr el oficialismo. Ahora bien, ¿qué dicen algunos de los números del proyecto de Cálculo de Gastos y de Ingresos para 2022?
• A primera vista, el nivel de gastos crecerá muy por encima de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), previsto en un 33% para el año que viene. En otras palabras, la proyectos del reajuste del gasto público será casi el doble que la inflación, en un escenario en el que el dólar ha sido calculado en $ 131,10 por unidad y con un nivel de expansión del Producto Bruto Interno (PBI) real del 4%. Esas pautas son una copia fiel de lo que proyectó el Gobierno nacional al enviar, el 15 de septiembre pasado, su presupuesto al Congreso de la Nación.
• De los $ 353.823,7 millones de recursos, el 68% de esos ingresos procederán del Gobierno nacional, tanto por transferencias de coparticipación federal de impuestos y leyes especiales más Aportes del Tesoro Nacional (se prevén casi $ 14.000 millones, el equivalente a una planilla salarial bruta del sector público).
• Para cerrar el ejercicio con un superávit de $ 824 millones, según el proyecto oficial, el Gobierno tendrá que generar poco más de 91.000 millones de ingresos provinciales; esto es recaudación de impuestos locales. Un dato comparativo: los ingresos mensuales de Rentas vienen creciendo a un ritmo exponencial, porque el año de base comparativa (2020) ha sido de baja recaudación, pero también por efecto del sostenimiento del esquema tributario, al prorrogarse la imposibilidad de aplicar bajas progresivas en impuestos recesivos. El esfuerzo fiscal que debe hacer la Dirección General de Rentas el año que viene debe ser cercano a los $ 30.000 millones, tomando en cuenta lo que acumulará este año (unos $ 60.000 millones).
• Los sueldos de los más de 110.000 empleados públicos seguirán llevándose casi la mitad de lo que se presupuesta (ver Comparaciones). La anualización de los reajustes salariales serán más evidentes, pero también se abre una incógnita: ¿cómo hará el Estado para encarar la paritaria 2022 con una inflación que no encuentra freno? El bono extraordinario de $ 40.000 por agente público ha posibilitado a la gestión de Jaldo llevar la negociación salarial hacia fines de febrero. En el camino habrá diálogo entre funcionarios y sindicalistas. En el tren de mantener la paz social y la concordia en la gestión, las transferencias a municipios y comunas rurales crecerán a mayor ritmo que el gasto total, con alrededor de $ 50.000 millones más de giros respecto del presupuesto original vigente para este período (contempla además el ajuste por inflación).
• Otro ítem que ha mostrado un incremento sensible en el Presupuesto han sido los recursos de capital. Las transferencias nacionales proyectadas para 2022 han sido de poco más de $ 20.000 millones, lo que implica que la obra pública se moverá al ritmo que marque la Casa Rosada. En este aspecto, hay otra cuestión no menor: las promesas de sumar $ 50.000 millones para ejecutar viviendas y mejoramiento de la red vial nacional, provincial e interjurisdiccional.
La elaboración del presupuesto por parte de los funcionarios encargados debe estar en línea con los objetivos de políticas públicas, advierte el Observatorio del Gasto Público de la Fundación Federalismo y Libertad. Sin embargo, señala el reporte elaborado por el economista Clemente Babot, y por el analista Nahuel Ríos, deben tener presente que, como en la económica familiar, cada peso cuesta. “Cada peso que el Estado gasta se lo extrae al sector privado a través de los impuestos, y detrás de cada peso esta una persona que trabajó para obtenerlo (o que deberá trabajar en el futuro en el momento que el Estado necesito recaudar para cubrir sus deudas de financiación)”, indican. Y acotan: “el uso correcto de los recursos para cumplir con los objetivos de políticas públicas es una cuestión moral y de respeto por los ciudadanos que pagan con su esfuerzo los impuestos”.