Una tucumana deberá dar pelea contra el clientelismo

Otra tucumana desembarcó en la Cámara Nacional Electoral (CNE) para cumplir una función crítica en el control de la renovación de las autoridades políticas de la Nación. Se trata de Marcela Cabrera de la Rosa, quien quedó al frente de la nueva Secretaría Penal Electoral creada para monitorear y sancionar las faltas y delitos vinculados a los comicios registrados en todo el país. Cabrera de la Rosa se desempeñaba en el Juzgado Federal N°1 de Tucumán a las órdenes de su ex titular, Daniel Bejas. El año pasado, Bejas asumió como el tercer vocal de la CNE por una decisión del presidente Alberto Fernández que avaló el Senado. Ese juez y sus pares, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, resolvieron, con una designación sin concurso, que Cabrera de la Rosa lleve adelante el área penal.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene sede su trabajo, la secretaria tucumana aceptó contestar por escrito preguntas de LA GACETA acerca del rol que empezó a desempeñar en un momento donde abundan las sospechas de utilización de fondos estatales para captar votos destinados a las elecciones generales del 14 de noviembre. En Tucumán, ninguna de las denuncias de clientelismo formuladas en los sucesivos turnos electorales llegaron a juicio oral y generaron sanciones.

-¿En qué consistirá su nuevo rol en la Cámara Nacional Electoral y cuáles son los objetivos de su nombramiento?

-Desde 2019 por la Ley N° 27.504 se otorga competencia en grado de apelación a la Cámara Nacional Electoral para faltas, delitos e infracciones electorales por su especialidad en la temática, ya que con anterioridad a esa fecha revisaban las decisiones de los jueces y juezas de primera instancia las Cámaras Federales de Apelaciones de cada provincia. A partir de allí se hizo necesaria la creación de una Secretaría en la Cámara Nacional Electoral especializada en materia penal, donde se tramitarán las apelaciones de las causas penales. Respecto de los propósitos de la Secretaria Penal Electoral, destaco que se encargará de la elaboración de protocolos de trabajo; hará reuniones con el Ministerio Público Fiscal de la Nación para coordinar acciones; armará un cronograma de futuras capacitaciones a referentes de las secretarías electorales del país, y desarrollará un análisis, y el seguimiento de faltas y delitos. Además y entre otras tareas, llevará el registro de delitos y faltas electorales detectados en todas las jurisdicciones electorales federales. En definitiva, la nueva estructura se organizó no sólo para la tramitación de causas, sino también para la capacitación, el registro de datos y la gestión.

-¿Qué experiencias o cualidades considera que pesaron en su designación en esta secretaría?

-Mi designación en la Cámara Nacional Electoral como secretaria penal electoral fue efectuada entre otros postulantes, mediante el análisis de mis antecedentes y actividad judicial por parte de los tres vocales (Dalla Vía, Corcuera y Bejas). Se consideró que he realizado una Maestría en Derecho Procesal con orientación Penal y la carrera de posgrado en Criminología; que curso actualmente en la Escuela Judicial de la Nación, y que soy docente de grado y posgrado en Derecho Procesal Penal y Destrezas de Litigación, además de codirectora de la Diplomatura en Derecho Probatorio Adversarial y capacitadora externa en Tucumán de la reforma procesal penal (provincial y federal) del Ministerio Público Fiscal, del Poder Judicial y del Colegio de Abogados. Mi experiencia como secretaria penal (del Juzgado Federal N°1 de Tucumán) y especialista en la temática fueron elementos considerados en la evaluación, ya que la tramitación de las faltas y delitos electorales se efectúa conforme al Código Procesal Penal de la Nación o el que, en su caso, se implemente. Esto requería conocimientos de las reformas procesales penales fundadas en la audiencia oral para el ámbito de la competencia de la Cámara Nacional Electoral.


-A menudo se cuestiona el clientelismo político en Tucumán, pero la Justicia nunca enjuició ni sancionó estas conductas. ¿Por qué cree que sucede esto?

-Las autoridades judiciales como, en su caso, el Ministerio Público Fiscal cuentan con herramientas a los fines de la investigación de este tipo de conductas. Para ello debo decirle que en cada elección se efectúa el seguimiento, y se establecen guardias los días previos y durante el acto eleccionario en los juzgados y fiscalías electorales. Además, existe un portal de denuncias y se verifica cada extremo de la información conocida respecto de posibles delitos o faltas electorales. Es importante señalar que el inicio y tramitación de todos estos procesos se encuentra a cargo de los juzgados federales electorales en su calidad de jurisdicciones de grado. El Ministerio Público Fiscal tiene la facultad, como titular de la acción penal, de llevar adelante las investigaciones y, en su caso, de sostener la acusación de los delitos.


-¿La creación de la Secretaría que usted encabeza en la CNE contribuirá a que la sociedad denuncie las prácticas clientelares? ¿Por qué?

-Primero debo mencionar que el Código Electoral Nacional sanciona las infracciones, delitos electorales y delitos conexos, y regula, además, un proceso sancionador a personas físicas y jurídicas, y de inhabilitación a las personas físicas (artículo 146 quater del Código Electoral de la Nación) frente a la no justificación debida del origen y de los fondos recibidos para el financiamiento de los partidos políticos. Por otro lado, los delitos objeto de investigación en esta temática son mucho más amplios. Ellos están tipificados entre los artículos 129 y 145 del Código Electoral. Así, podemos señalar: la no concurrencia o abandono de las funciones electorales; la retención de documentos o las inscripciones múltiples; la falsificación de documentos y formularios; compeler a un elector a votar de manera determinada; el sustraer, destruir o sustituir boletas del cuarto oscuro desde que fueron depositadas hasta el escrutinio; el sustraer, destruir o sustituir las urnas utilizadas en el acto eleccionario; el falsear el resultado del escrutinio, etcétera. Frente a cualquier denuncia o noticia de delitos o infracciones electorales existen seguimientos permanentes por parte de la CNE para su posterior remisión a las jurisdicciones electorales competentes. El día de las PASO, el equipo de la Secretaría Penal Electoral relevó la información del portal de denuncias, líneas de WhatsApp y de centros de monitoreo con su inmediata derivación a las jurisdicciones correspondientes, al igual que se informaba al ciudadano del lugar de radicación de la denuncia.

-¿Cuál es su mensaje para los partidos y candidatos que participan de las elecciones generales de noviembre?

-En realidad no son mensajes particulares. Considero que la ciudadanía debe participar en el acto eleccionario para el fortalecimiento del sistema democrático, cada quien desde su lugar y compromiso. Existen, además, mecanismos para asegurar la transparencia del acto eleccionario y para informar cualquier conducta que afecte el normal desarrollo de la votación. Ello es sustancial ya que se debe mantener la pureza del sufragio, que sirve de base a la forma representativa de gobierno sancionada por la Constitución Nacional.

-¿Debería haber normas más duras para reprimir los intentos de quebrar la voluntad de los electores?

-La dureza o no de las normas penales es una decisión legislativa. Lo que debe existir es un compromiso de los actores del acto eleccionario a los fines de colaborar con su transparencia y normal desarrollo. Y denunciar la existencia de los actos que menciona en la pregunta para su investigación judicial.

-¿En qué medida la impunidad de quienes reparten bienes a cambio de votos afecta la imagen del Poder Judicial?

-El Poder Judicial debe cumplir su rol, y en este caso actuar frente a posibles delitos o faltas. Entiendo que la investigación y sanción de los delitos electorales hace a la transparencia y fortalecimiento del Estado de derecho a partir de la libre elección de la ciudadanía de sus representantes. Las impurezas o vicios que se produzcan dañan la vida democrática, y debilitan la noción de respeto por la ley y la vigencia de la soberanía popular.

-¿Qué se puede hacer, según su criterio, para aumentar la transparencia electoral?

-Los mecanismos existen. Están los juzgados federales electorales del país y el Ministerio Público Fiscal con su política criminal en esta temática para colaborar con la transparencia del acto comicial, e investigar cada situación que pueda afectar el normal desarrollo de las elecciones o la libre elección de los votantes. El esclarecimiento de delitos electorales resulta esencial para respetar el interés de la ciudadanía en conocer sobre la existencia o no de dicha conducta.

Causas sin castigo: hechos instantáneos que exigen un gran poder logístico

La denuncia de irregularidades se ha convertido en un clásico infaltable de la campaña electoral, de la veda y de los comicios. La situación obligó al Ministerio Público Fiscal de la Nación a diversificar las ventanillas de ingreso de las acusaciones e incluso habilitó cuentas en las redes sociales. Pero estos avisos tropiezan casi siempre con el mismo escollo: se trata de hechos que suceden muy rápido y que, por el mismo motivo, las fuerzas de seguridad que asisten a las fiscalías no logran verificar. Todavía luce muy lejana la posibilidad de hacer el despliegue logístico y territorial que demanda la constatación de las anomalías electorales.