Por Gustavo Rodríguez
24 Octubre 2021
BIEN CUSTODIADOS. Los cuatro detenidos por haber secuestrado a un taxista por el que pedían rescate a un supuesto narco tucumano.
Un federal fue detenido al estar acusado de integrar una banda que se dedicaba a cometer secuestros extorsivos. El grupo, según los datos que se conocen, habría elegido a narcos como víctimas para lograr impunidad. El efectivo presta servicios en la División Antidrogas Tucumán de esa fuerza nacional. Con este arresto, ya son cuatro los miembros de una fuerza que quedaron tras las rejas.
El 20 de junio por la noche, el taxista Franco Lizárraga (31 años) circulaba junto a su pareja Tania Noelia Paredes y un bebé de nueve meses hacia su hogar, ubicado en el Barrio Oeste II. En Necochea al 800 fue abordado por personas que viajaban en una Ford EcoSport de la cual descendieron dos hombres armados. Lo amenazaron con pistolas y lo obligaron a subir a su vehículo. Como apoyo actuó otro hombre que se movilizaba en un Chevrolet Onix.
Los vecinos que presenciaron el rapto llamaron al servicio 911 aportando las características de los vehículos que habían participado de ese misterioso hecho. Inmediatamente se informó sobre la novedad y los jefes policiales montaron un operativo cerrojo en toda la provincia.
El agente Pablo Cuello descubrió la EcoSport de color dorado (un vehículo muy llamativo para cometer un delito de estas características) y al Chevrolet estacionados en Maipú y Santa Fe. Para los investigadores el lugar no es casual: está a poco más de 100 metros de la base de la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal y lo habrían trasladado hasta esa esquina para presionarlo con la amenaza de la detención.
El policía federal Gonzalo Gabriel Lagoria, los efectivos de la fuerza provincial Luciano Ramón Campos y Jonathan Gabriel Díaz y el civil Ángel Luis Medina fueron detenidos y procesados por el hecho. Cuando fueron descubiertos dijeron que estaban haciendo un procedimiento antidrogas, pero después se supo la verdad.
La víctima, cuando habló con los investigadores, dijo que los captores, mientras le pegaban, le exigían que se comunicara con Carlos Ovejero para que le entregaran dinero o dos kilos de drogas, según consta en la investigación. Además, le mostraron una foto del supuesto vendedor de estupefacientes que parecía haber sido extraída de un expediente judicial. Los secuestradores también le advertían que si no colaboraba con ellos, lo detendrían para que reciba una condena de más de 10 años de prisión.
La investigación
El fiscal Ernesto Salas López, por una cuestión de competencia, se inhibió de la causa por tratarse de un delito federal. El expediente pasó a manos del fiscal federal Pablo Camuña, que continuó con la pesquisa. Descubrió una serie de detalles que generaron polémicas durante varios días.
- El federal Lagoria, el día que cometió el hecho, se encontraba de licencia porque supuestamente tenía Covid. Él fue el único detenido que se encontraba en el cuartel de la Dirección General de Bomberos que no fue trasladado al penal de Villa Urquiza luego de la fuga de Roberto Rejas, ya que se pensó que padecía la misma enfermedad.
- El oficial Díaz trabajaba en el servicio 911 y cubría la zona de La Ciudadela y de Villa Alem. Le habría pedido a su compañero que lo cubriera para encontrarse con una mujer en un bar. Se sospecha que él tenía conocimiento de los movimientos de patrulleros que podrían acudir luego de que cometieran el secuestro.
- Campos, por su parte, debería haber estado custodiando las instalaciones del ex Predio Ferial Norte. El vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, ya firmó su exoneración de la fuerza por pedido del jefe de Policía, Manuel Bernachi.
- Medina es un empresario gastronómico que sería pariente de Andrés Faversani, el ex policía que fue condenado a cinco años de prisión por haber realizado maniobras de encubrimiento en el crimen del ex juez Héctor Agustín Aráoz. La camioneta EcoSport estaba a nombre de un pariente de ambos.
Las novedades
Camuña ordenó a los pesquisas analizar los celulares y la documentación secuestrada cuando los sospechosos fueron detenidos. Luego de semanas habrían logrado establecer que un cabo de la División Antidrogas Tucumán podría estar vinculado a la banda, por lo que solicitó su detención y procesamiento.
El efectivo, según confiaron fuentes policiales, sería pariente del civil y, por ende de Faversani. Se sospecha que él podría haber aportado la información de posibles potenciales de víctimas de secuestros extorsivos. Elegían narcos porque, justamente, sabían que sería muy poco probable que los denunciaran. Esta es la primera vez que el grupo de investigadores especializados en la lucha contra el narcotráfico de esa fuerza se ve envuelto en un hecho de corrupción en los más de cinco años de su creación.
El juez imputó a Medina de secuestro extorsivo agravado por la participación de dos o más persona. Mientras que a Lagoria, Campos y Díaz les correspondió la misma imputación, pero doblemente agravada por pertenecer a fuerzas de seguridad.
Si bien es cierto que fueron imputados por este hecho únicamente, no se descarta que hayan estado involucrados en otros casos similares que, por razones ya explicadas, no fueron denunciados. Los investigadores incautaron una carpeta con información de varios acusados de tráfico de drogas.
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