Maltrato animal: “El acuerdo puede ser legal, pero no terminó siendo justo”

“Los animales son sujetos de derecho y que esa protección se debe, no en su función de su capacidad de razonar, sino en su capacidad de sintiencia. En este caso la sintiencia significa que tanto los animales humanos como los animales no humanos, sentimos el dolor, la agonía, el sufrimiento de la misma manera físico emocional y psicológico”, explicó en su alegato la representante de la querella Vanessa Zanacchi.

La profesional insistió con que Ángel fue abusado sexualmente y luego asesinado. “No hay diferencia alguna entre su padecimiento, sufrimiento y agonía que el que hubiera padecido una persona humana. Parafraseando al fiscal (Carlos) Picón ‘si la víctima en este caso hubiera sido una persona, estaríamos ante un delito con una escala penal mucho más grave’”, explicó.

“Si bien tenemos una ley que protege a los animales y les da el carácter de sujetos de derecho, esta norma establece una pena que es totalmente desproporcionada a los hechos aberrantes como este. Debemos aceptar un acuerdo que sabemos que no es justo, es legal porque cumple con todos los requisitos de legalidad, pero no es justo porque el hecho es aberrante y no tiene proporcionalidad la pena con lo que ha sufrido Ángel”, agregó la querellante.

Zanacchi aclaró que la Argentina ha adherido a la declaración Universal de los Derechos de los Animales y que en uno de sus articulados se establece que el Estado tiene la obligación de tratarlos y protegerlos exactamente igual que a los seres humanos. “Si bien celebramos esta ley que nos posibilita estar acá, hay que decir que establece penas que hoy sabemos que jurídica, social y científicamente no hay una proporcionalidad entre la aberración y esta pena que estamos aceptando. Lamentablemente el condenado saldrá en libertad. Seguirá siendo un peligro, no sólo para los animales, sino también para la sociedad”, alegó.

La abogada recordó que existe la ley 27.730 que prohíbe las carreras de perros galgos. “Se la legisló cuando se comprobó que a los canes se les suministraba cocaína para que puedan correr más. Establece una pena de tres meses a cuatro años de prisión. Pero en este caso, donde hay una violación seguida de muerte, la condena es de un año. Insisto, aceptamos una condena que legal, pero no justa”, insistió.

“Por eso solicitamos que se exhorte al Congreso de la Nación para que esta ley sea tratada, sea vista y revista en cuanto a la aplicación de las penas. Esta norma fue legislada hace 70 años cuando no había conciencia de los derechos de los animales”, explicó. “Nuestro planteo, que no modifica en nada en el acuerdo arribado, simplemente pretendemos obligar al Estado a revisar todo tipo de violencia y que se lo obligue a proteger los derechos de los animales. Mientras siga vigente esta norma, seguiremos aceptando acuerdos que son totalmente desproporcionados e injustos”, concluyó.