Manzur había dicho que la sanidad requería otro avión

¿Hasta qué punto tienen carácter sanitarios los aviones y helicópteros de la Provincia? La pregunta surgió luego de que la fiscala Mariana Rivadeneira descartara la existencia de una afectación de la flota a una finalidad específica; considerara que el concepto “avión sanitario” resulta impertinente y lo atribuyera a “una valoración” de los medios de comunicación. Una nota de diciembre revela que aquella calidad fue citada de manera expresa por el Poder Ejecutivo al solicitar permiso para comprar sin licitación una tercera aeronave. “Cabe hacer notar que se incrementó en los últimos años la necesidad de hacer vuelos sanitarios”, había dicho el gobernador Juan Manzur (con licencia).

El ahora jefe de Gabinete de la Nación había afirmado que la situación de la sanidad no admitía dilaciones. “Resulta de imperiosa necesidad adquirir una aeronave de las características solicitadas para hacer frente a la demanda y a la solución de estos hechos de carácter humanitario”, había opinado a Manzur en la misiva que ingresó a la Legislatura el 22 de diciembre pasado y que también lleva la firma del ministro de Economía, Eduardo Garvich.

Para fortalecer la argumentación a favor de la adquisición de otro Learjet 60X usado por U$S 4,5 millones, el mandatario -hoy reemplazado por el vicegobernador Osvaldo Jaldo- había invocado incluso un mandato constitucional. “Téngase en cuenta que la Constitución de Tucumán reconoce en el artículo 146 el derecho a la salud como derecho fundamental de la persona, y establece como obligación ineludible garantizar la salud pública y gratuita a todos sus habitantes. Para cumplir con esta manda constitucional es necesario disponer de los bienes adecuados para su cumplimiento”, había advertido Manzur a los legisladores.

El texto con el acento colocado en la sanidad fue remitido a LA GACETA por José Ricardo Ascárate (UCR Hipólito Yrigoyen) tras la polémica que generaron el desplazamiento de Manzur a Nueva York (EE.UU.) en el avión de la Provincia para hacer gestiones por la Nación y la revelación de que la fiscala Rivadeneira había opinado que, según la Ley 8.350, los funcionarios no debían justificar para qué usaban los jets del Estado. Ese dictamen dio pie al cierre de una causa penal abierta en 2019 contra Manzur, y los dirigentes bonaerenses Verónica Magario y Fernando Espinoza -respectivos vicegobernadora e intendente de La Matanza- por utilizar el avión provincial para asistir a un acto de campaña del presidente Alberto Fernández.

“Las autoridades son inmorales y cínicas más allá de la dudosa legalidad de sus actos. Aducen razones de necesidad sanitaria para gastar casi U$S 5 millones, pero, cuando usan el avión, invierten el orden de vuelos oficiales que fija la Ley 8.350”, expresó Ascárate. Y añadió: “siempre los pobres y las necesidades justifican estos gastos millonarios, que en realidad están al servicio de funcionarios que los tratan como bienes propios”. El legislador añadió que la Ley 8.350 establecía un orden de prelación donde la sanidad y el trasplante de órganos ocupaban los primeros lugares de la lista. “La fiscala Rivadeneira debería saberlo”, criticó.

La idea de comprar un tercer avión no avanzó en la Legislatura. La propuesta de Manzur implicaría un desembolso de $ 860 millones según la cotización libre del dólar reportada ayer.