“Es increíble lo que está ocurriendo: no hay ningún juez que quiera hacerse cargo de la causa en la que me denuncian por la sencilla razón de que ninguno quiere sobreseerme”. La afirmación pertenece al candidato a senador nacional por Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, quien acaba de realizar una presentación ante la Corte Suprema de la Provincia en el marco del proceso en el que A.M.J.S. lo denunció por presunto abuso sexual.
El abogado del titular de FR, Juan Colombres Garmendia (h), planteó ante el superior tribunal que “la carátula ingresó en un Estado de parálisis procesal, cuya anormalidad se encuentra afectando derechos fundamentales de mi defendido”.
En diálogo con LA GACETA, el letrado explicó que el expediente se encuentra “a las puertas” de pasar a las manos de un séptimo magistrado.
La causa recayó originalmente en el juez de Instrucción (ahora “Conclusional”) Raúl Armando Cardozo, quien en julio de 2020 fue excluido del expediente por el entonces camarista Enrique Pedicone, quien cuestionó el “secretismo” con que presuntamente manejaba el expediente.
Luego se hizo cargo del expediente el juez Juan Francisco Pisa, quien llevó adelante algunas medidas hasta que quedó en el centro de los cuestionamientos por el crimen de Paola Tacacho y pidió licencia, para luego tramitar infructuosamente su jubilación. Ahora enfrenta un juicio político por el caso de la profesora de inglés asesinada por Mauricio Parada Parejas, a quien ella denunció 13 veces en la Justicia. La única vez que uno de sus planteos fue elevado a juicio, Pisa lo desestimó y por ello es cuestionado.
Luego salió sorteado para hacerse cargo del caso el juez Eduardo Romero Lascano, siempre en el marco del fuero Conclusional, que se encarga de las causas abiertas antes del 1 de septiembre de 2020, cuando entró en vigencia para toda la provincia el nuevo Código Procesal Penal. Pero el magistrado se inhibió. El expediente pasó entonces a Luis Morales Lezica, quien hizo lo propio luego de objetar la decisión adoptada por su par. “La jueza Alicia Freidenberg avaló el apartamiento de Morales Lezica”, explicó Colombres Garmendia.
“El caso pasó entonces al juez Alejandro Javier Tomás, pero según información extraoficial pero confiable que nos han hecho llegar, el también planteará su inhibición. Si esto es así, y prospera, el expediente pasará a un séptimo juez. Y quien sabe a cuántos otros más, después”, cuestionó el profesional.
Precisamente, en el escrito presentado ante la Corte Suprema, el defensor de Bussi plantea que “la causa se encuentra literalmente sin trámite procesal por las inumerables inhibiciones de jueces de cámara y de primera instancia. Nadie quiere hacerse cargo de este expediente”. Por esta razón, solicitan que los jueces cimeros “se avoquen a controlar la legalidad del debido proceso”.
“Por toda esta situación, la causa se encuentra reservada, sin acceso de las partes, desde hace 15 días. Bussi, entonces, se encuentra indefenso porque ya no existe el expediente en soporte de papel: todo es digital y, ahora, inaccesible”, describe Colombres Garmendia.
“Como agravante, no hay un juez natural ante el cual Bussi pueda defenderse y que como magistrado pueda proveer las presentaciones que vienen siendo formuladas desde hace tres meses. La razón es simple: ningún magistrado quiere tomar la causa porque ineludiblemente tienen que sobreseer a Bussi y temen que, con ello, terminen corriendo la misma suerte que Pedicone, quien denunció que el vocal de la Corte Daniel Leiva le pidió que mantuviera ‘picando bajito’ esta denuncia y terminó siendo destituido. Esta es una cuestión netamente política y cada juez cuida su fuente de trabajo”, cuestionó el abogado.
En la presentación ante el máximo estrado de la Justicia tucumana, Colombres Garmendia pone por escrito esta cuestión. “Sentimos que el deseo del vocal Leiva de mantener ‘picando bajito’ a mi cliente se hizo realidad y es por ello que acudo a los demás miembros de este alto cuerpo a los fines de poner orden en este proceso”.
A.M.J.S. (se encuentra identificada de esta manera en la carátula de la causa porque su identidad se preserva de acuerdo con los protocolos de delitos sexuales) denunció que fue abusada por Bussi en su despacho de la Legislatura. El abogado de la víctima, Salvador Iovane (h), sostuvo que el presunto abuso se habría producido como un hecho de intimidación para evitar que su defendida denunciase una supuesta irregularidad bancaria.
Bussi rechazó tajantemente las acusaciones y sostuvo que se trata de una nueva “operación política” en su contra que buscaba desprestigiarlo por su desempeño como opositor.
Este año, como publicó oportunamente LA GACETA, Iovane denunció que A.M.J.S. se sentía “hostigada” y que Bussi se había presentado en el jardín de infantes al que asiste la hija de la denunciante.